RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Atrás quedaron esos “maravillosos” años en los que se hablaba del famoso aforismo latino <<societas delinquere nec punire potest>>, es decir, la imposibilidad de que una persona jurídica pudiese ser responsable desde un punto de vista penal. Como sabéis, la LO 5/2010 ha introducido dentro de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de una responsabilidad penal de la persona jurídica.

El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas  viene fijado por una  serie de normas concretas, que son:

  1. Del art. 31 bis al 31 quienquies del Código Penal; determinan qué reglas se ha de seguir para investigar y acusar penalmente a las empresas o entidades.
  2. El art. 33.7 del Código Penal; hace referencia al catálogo de penas propias de las personas jurídicas.
  3. Y el art. 66 bis del Código Penal; recoge una serie de normas a seguir en la determinación de las sanciones penales, que han sido especialmente creadas en atención a las particularidades de las personas jurídicas frente a las personas físicas.

Pues bien, para que una persona jurídica pueda ser responsable penalmente de alguno de los delitos respecto a los que se prevé esa posibilidad, deben concurrir una serie de requisitos:

1º) Los delitos de los que se le quiere hacer responsable penalmente tienen que haber sido cometidos por una persona física que tenga la representación u ostente la capacidad decisoria de la entidad (administradores, directivos…), o bien por toda persona que estuviese sometida a la autoridad de aquella/s (empleados o autónomos que prestan servicios puntuales a la empresa, etc).

2º) Los delitos deben haber sido cometidos mediante una conducta que produzca un beneficio directo o indirecto a la persona jurídica, además de por su cuenta o en su nombre (en el caso de superiores), o en el ejercicio de su actividad económica (en el caso de los subordinados).

Sin embargo no se trata de una responsabilidad penal de la empresa de carácter automático, de manera que la responsabilidad penal de alguno de los sujetos que hemos mencionado anteriormente permita concluir que la persona jurídica también resulta responsable. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en sentencia 29 de febrero de 2016, estableciendo el criterio de que las personas jurídicas son responsables penalmente de su propia actuación y por su propia culpabilidad. En otras palabras, podemos decir que la comisión del hecho delictivo por parte de una persona física es un requisito necesario para la atribución de una responsabilidad penal de la persona jurídica, sin embargo en modo alguno ha de resultar suficiente ni puede ser fundamento último y único de esta responsabilidad.

De manera que el fundamento para la atribución de la responsabilidad penal de una entidad ha de ser su propia culpabilidad que se concreta en una falta de vigilancia y control sobre la actividad de las personas que actuan en su nombre o representación. El problema entonces queda en manos de los empresarios, de forma que si quieren proteger a su empresa frente a una responsabilidad penal deben realizar un control que cumpla con los requisitos de los apartados 2 a 5 del art. 31 bis del Código Penal.

El control que debe realizar la entidad respecto de los sujetos contemplados en el apartado a) del art. 31 bis del CP (los superiores), se fundamentará en un primer lugar en la implantación de un modelo de organización idóneo para prevenir delitos con anterioridad a su ejecución. Es decir, lo que trata de implantar son los famosos programas de cumplimiento o Compliance Programs, que deben cumplir en todo caso los requisitos del art. 31. bis. 5 del CP. Y por otro lado, la persona jurídica tendría que haber confiado la supervisión del cumplimiento de este modelo a un órgano autónomo a la dirección de la entidad (compliance officer), aunque si bien es cierto que el art. 31 bis apartado 3 del CP, permite que esta función –de supervisión del cumplimiento- pueda ser encomendada al propio órgano de administración siempre y cuando se trate de entidades de pequeñas dimensiones.

Por otro lado, y en relación al control que debe realizar la entidad respecto de los sujetos contemplados en el apartado b) del art. 31 bis del CP (los subordinados); cabe decir que la persona jurídica no ha de responder por las actuaciones delictivas efectuadas por estos individuos cuando hubiese adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización adecuado para reducir el riesgo de la comisión de delitos, y no se determine que los subordinados -art. 31 bis apartado b)- han cometido el delito porque los superiores -art. 31 bis apartado a)- han incumplido gravemente los deberes de vigilancia y control -art. 31 bis. 1 b) in fine CP-. De manera que nuestro legislador ha previsto un diferente nivel de riesgo permitido dentro de las entidades en relación a las actividades delictivas ejecutadas por los subordinados. En otras palabras, en el caso de la responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos delictivos cometidos por los superiores sería suficiente –para quedar exenta de aquella- que el control cometido por el compliance officer hubiese sido insuficiente; mientras que si los actos delictivos son cometidos por los sujetos subordinados sería necesaria la prueba de que sus superiores infringieron gravemente el deber de diligencia que les correspondía, lo que implica que nos encontremos ante un nivel de infracción mucho mayor.

En conclusión, podemos decir que el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido para quedarse, fundamentándose en una cuestión que no resulta baladí, y que no es más que la propia culpabilidad de la entidad. Una culpabilidad que se traduce en una falta de control de los posibles riesgos delictivos existentes en su actividad social, bien porque no los previeron, o bien porque, previéndolos, no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que éstos se conviertan en un delito cometido por parte de su personal.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

 

RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN POR CLÁUSULA SUELO

Hoy quiero hacer referencia a los “pactos extrajudiciales” en los que los consumidores renunciaron a una futura reclamación por cláusula suelo. Y más concretamente, me refiero a todos esos acuerdos firmados con anterioridad a la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció el derecho a reclamar lo cobrado por el banco en aplicación de las cláusulas suelo desde la firma del préstamo hipotecario. Y es ahora cuando entidades bancarias pretenden hacer valer en juicio esos “acuerdos” firmados con los clientes.

Pues bien, cada vez son más los juzgados que deben analizar estos supuestos. De forma que quiero traer a colación, por su claridad expositiva y argumentativa, la sentencia nº 50024/2017 de 13 de septiembre, dictada por el juez GONZÁLEZ URIEL (Juzgado de Primera Instancia nº11 de Bilbao).

En la citada resolución judicial, después de declarar la nulidad de la cláusula suelo prevista en la hipoteca, GONZÁLEZ URIEL analiza la validez del acuerdo de renuncia de acciones que había sido firmado por la demandante. De manera que, tras reflexionar sobre la legislación en materia de consumidores y usuarios así como las posibles líneas jurisprudenciales existentes, su Señoría considera necesario no otorgar validez jurídica al acuerdo de renuncia de acciones, y consecuentemente declara su nulidad.

En concreto, en el fundamento jurídico 4º de la sentencia, el juez expone <<considero que la renuncia no es válida porque carece de objeto: recae sobre los efectos de una cláusula inexistente, una cláusula radicalmente nula. La nulidad de la cláusula ya ha sido declarada en el fundamento anterior por lo que si se atribuyese eficacia a la transacción estaríamos pervirtiendo el efecto disuasorio perseguido por las normas de Derecho de la Unión Europea y por la Jurisprudencia del TJUE: la cláusula nunca ha existido, por lo que sobre la misma no es posible considerar subsistente o productor de efectos acuerdo alguno. El consumidor se encuentra en una situación de desequilibrio, por lo que ha efectuado una renuncia sin ser consciente del alcance de los efectos de la declaración de nulidad y de que no era posible transigir sobre una cláusula nula. Debe restituirse la situación de hecho y de derecho en que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, y dicha situación en modo alguno puede ser la resultante de una transacción de la misma>>.

A lo que el juzgador añade que <<el efecto de cosa juzgada material no puede darse en este supuesto: el acuerdo era nulo por carencia de objeto, por lo que no ha existido, y no se puede extender lo que no existe, so riesgo de caer en un absurdo jurídico insostenible. De este modo, estimo que la transacción fue llevada a cabo en un fraude de ley, perpetuando una situación antijurídica abusiva para el consumidor, vulneradora de la normativa europea y nacional sobre protección de los consumidores. La actora llevó a cabo una renuncia sobre un objeto sobre el que no podía transigir>>.

Quizás se pueda decir más alto, pero no más claro.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado

CARTA A UN JOVEN ABOGADO

Jóvenes recién licenciados en Derecho, jóvenes que se lanzan al “vacío”, que se lanzan a experimentar una nueva aventura dentro de una profesión, LA ABOGACÍA.

Para todos los que hemos vivido esa etapa. Para los que en estos momentos la están viviendo. Y para los que decidan vivirla en un futuro. Para todos vosotros, aquí os dejo la “Carta a un joven abogado”, de la mano de la compañera Miriam Guardiola, que dice así:

Querido joven abogado:

Cuando leas esta carta quizá yo ya me haya ido. Quizá haya partido a otra galaxia o quizá esté volviendo a casa en un bucle en el tiempo. Quizá me haya convertido en parte del espacio ya que cada átomo de nuestro cuerpo formó parte alguna vez de una estrella. Quizá sea yo mismo quien reciba esta carta. Te envió estas palabras desde un futuro muy lejano. He librado batallas que jamás imaginarías y he visto cosas que tu mente y tu entendimiento ni tan siquiera sospecha.

Sé que eres joven y estás lleno de vida. Sé que estás asustado y a veces te sientes perdido. No es fácil ser abogado. No es fácil.

Recuerdo que cuando tenía tus años me preguntaba cómo sería ser un abogado del futuro. Cuáles serían los retos y los nuevos desafíos jurídicos que la vida me pondría por delante. Hoy ya en el ocaso de mi vida he aprendido que, a pesar de todo, nosotros los humanos, somos seres llenos de vida y que nos seguimos y seguiremos haciendo siempre las misma preguntas.

Por eso te escribo esta carta, arrojada a los océanos del tiempo, con el único fin de que en algún momento, en algún lugar, alguien (quizá algún abogado como tú, perdido como yo lo estaba entonces) pueda leerla.

He visto como las normas han revolucionado el mundo. Lo que en tu época se llama robótica no es más que una semilla de lo que las máquinas serán en un futuro. Las jurisdicciones cambiarán, también las normas que hasta ahora creías inmutables. Se legalizarán los viajes en el tiempo, viajaremos a galaxias lejanas más allá de los límites del espacio y del tiempo y alguna catarsis planetaria alterará tu manera de concebir el mundo.

Se descubrirán nuevos inventos que jamás soñaste, se alargará la vida y se erradicarán enfermedades. Pero surgirán nuevos peligros para los que no estaremos preparados. La tecnología avanzará hasta cotas insospechadas, se instaurarán nuevos sistemas de detección de delitos y con ella toda la configuración clásica del derecho. La clonación abrirá nuevos campos jurídicos antes insospechados y la selección genética marcará un antes y un después en la sociedad, los ciudadanos y el derecho. Habrá guerras por inteligencias artificiales y la nanotecnología dejará de ser un desideratum. Se explorarán nuevos mundos y nuevas realidades, te ahorraré las problemáticas jurídicas de la teletransportación, mutación y viajes en el tiempo. Los androides serán juzgados como humanos pero las máquinas no conseguirán extinguirnos.

Sé que te gustaría que siguiera relatándote estos hechos extraordinarios. Pero quiero que emprendas tu propio viaje. Quiero que vivas con la mente y el corazón abierto y que aprendas a juzgar con tus propios ojos. Deseo también que sean las experiencias las que marquen tu viaje vital y profesional a tierras muy lejanas. Sé que te levantarás cuando caigas y que juntarás tus pedazos y aprenderás. Recuerda que eres abogado y eso imprime carácter. Nosotros nos regeneramos, adaptamos y seguimos hacia adelante.

Pero sin embargo, y a pesar de todos estos sucesos increíbles, me he convencido de que todos los retos del abogado del futuro son y serán siempre los mismos. Esta noble profesión que tanto amas defiende a personas y busca la justicia. Por eso quisiera que grabaras a fuego en tu mente las siguientes palabras que son y serán siempre las mismas. Reglas inmutables en el tiempo por los siglos de los siglos entre esta especie de humanos que amamos y ejercemos esta profesión desde el origen de los tiempos y que toda una revolución histórica no ha extinguido.

1. Sé honesto

No sólo con el cliente, sino contigo mismo. Sé fiel a ti mismo y a tus valores y principios. Recuerda que has elegido esta profesión por ser la más noble entre los oficios, ya que busca la justicia y lucha por ella. Recuerda que defiende el más superior de todos los valores. Defiende con fuerza las causas nobles y lucha por el mayor tesoro que ostenta toda persona: sus derechos. No persigas casos, sino causas por las que merezca la pena luchar e invertir tu tiempo.

2. Actúa con Pasión

Busca aquello en lo que crees y amas. Pues, como dijo Cicerón, entrega tu corazón al oficio que has aprendido y hallarás sosiego en él. Aliméntate de las satisfacción que nos regala esta profesión. Entrega tu alma a la justicia y enamórate cada día de ese fiel compañero que es el derecho.

3. Trabaja duro

Nada cosecharás si no siembras en el fértil campo del trabajo duro. Trabaja con rigor y con ahínco. Exígete a ti mismo las mismas cualidades y aptitudes que te gustaría encontrar detrás de la mesa del despacho. Sé un espejo en el que mirarte y un ejemplo de tu propia vida a la que puedas mirar sin rubor cuando pasen los años y vuelvas la vista atrás.

4. Sé empático

Ponte en los zapatos del cliente. El cliente no es un número más en la carpeta de un expediente. Es una persona que acude a ti para entregarte su confianza y ponerte en sus manos. Recuerda que no hay casos pequeños, porque detrás de cada persona hay una historia. Trata de escucharlos y entenderlos.

5. Estudia todos los días

El derecho es una de las pocas ciencias que se encuentran en continúo cambio. Fórmate, escucha, lee. Permanece en continúa actualización y formación y recuerda que el mayor valor del abogado es el conocimiento. La mejor arma con la que atacar y defenderse es conocer la ley. Sólo así garantizarás un trabajo eficaz, eficiente, profesional. Sólo así serás digno de la profesión en la que crees. No dejes que el tiempo y la desidia te desanimen. Estudia con la misma ilusión que el primer día.

6. Enfócate

Busca metas y objetivos. Cree en ti mismo y persevera en lograr tu propio éxito. Cuanto más remes hacia la orilla más te darás cuenta que lo importante es disfrutar del camino y no la meta. Pero también aprenderás a que tus coraje y valor para lograrlas tendrán su recompensa. No te rindas ni cedas.

7. No generalices

El mayor error del abogado es generalizar. Escucha a cada persona y lee cada caso con detenimiento y como si fuera la primera vez. No hay dos personas ni dos casos iguales. Estudia con detenimiento cada caso de forma personal. No automatices, no somos máquinas. El ser humano es complejo y único. Haz un seguimiento personalizado y actualizado.

8. Sé paciente y persevera

Recuerda que la paciencia es una planta de raíces amargas pero de frutos dulcísimos. Ten siempre en mente que la profesión a la que has consagrado tu vida es un noble oficio que amas y el sustento de tu vida. No busques más que la gloria y el éxito que te proporciona un nuevo reto.

9. Comprométete

Sé humano, cercano y cálido. Reconócete en los ojos del otro, intenta entender su situación y postura. Ten en cuenta las emociones y sentimientos de las personas. En el compromiso con tu profesión hallarás la clave del éxito.

10. Involúcrate e innova

El mundo cambia por momentos y cada vez más veloz. Adáptate rápido y con ilusión. Crea, evoluciona, crece.

Así que te deseo el mejor de los viajes. Que la Odisea te lleve a maravillosos lugares y te sorprenda con increíbles aventuras. Pero ten siempre en tu mente llegar a Ítaca: tu destino y origen. Sé valiente para enfrentarte a la vida, comprometido ante la injusticia, sensible ante el que necesita ayuda, firme en tus convicciones y valores. Sé un hombre de honor que dignifique la profesión. Para que si alguna persona, en algún momento, en algún lugar reconoce estos valores, pueda decir de manera firme:

“Mira, por allí camina un abogado”

Atentamente, un abogado del futuro.

Fdo.- Miriam Guardiola Salmeron

CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

La responsabilidad penal se extingue por las causas tasadas en el artículo 130 del Código Penal. Una responsabilidad que existirá, como es obvio, cuando se haya cometido un delito y que desaparecerá por alguno de los siguientes motivos o causas.

1ª) MUERTE DEL REO.

Como es lógico dentro del Derecho Penal la muerte de toda persona que haya cometido un delito, provoca que la justicia no pueda acometer ningún reproche penal contra ésta. Una circunstancia que deriva del principio de personalidad de las penas. No basta la declaración civil de fallecimiento sino que es necesaria la muerte efectiva del reo, sin perjuicio de que se produzca el sobreseimiento del proceso penal ya iniciado.

Se trata de una causa que provoca la extinción por completo de todo tipo de pena que se pueda imponer al reo, así como de todas las medidas de seguridad que se hayan decretado frente éste. Empero no extingue la responsabilidad civil que se derive del delito, que será transmitida por vía sucesoria a los herederos del penado, cuya extinción se someterá a las normas de carácter civil.

2ª) CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA.

En este caso, la previsión de esta causa dentro del Código Penal, se puede considerar un tanto superflua debido a que la extinción de la responsabilidad se produce en el momento en que la ley determina que deja de existir. En este supuesto no sucede lo mismo que en el resto de las causas cuya extinción de responsabilidad penal, se produce en un momento anterior al que la ley de manera abstracta lo haya previsto.

Sin embargo, el cumplimiento de la condena no produce la extinción de todos los efectos derivados de ésta, debido a que se mantienen los antecedentes penales, que se extinguirán una vez que hayan transcurrido los plazos previstos en la legislación penal.

3ª) REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA.

Se trata de una causa de extinción de la responsabilidad penal que se encuentra vinculada a la figura de la ejecución de suspensión de la pena privativa de libertad. Y en particular a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87 del Código Penal.

El precepto en cuestión prevé la remisión de la pena si ha terminado el plazo de suspensión fijado en sentencia sin que el sujeto haya cometido un hecho delictivo, y siempre que haya cumplido las normas de conducta que su Señoría le haya impuesto mediante resolución judicial.

Además, en el apartado segundo (art. 87), se prevé la posibilidad de que el juez pueda acordar la remisión de la pena para aquellos condenados a los que ésta se les haya suspendido por haber cometido el delito a causa de su adicción a las drogas o sustancias similares. En este caso, para que pueda decretarse la remisión se debe acreditar ante su Señoría, que el condenado está bajo tratamiento de deshabituación o que éste ya ha sido cumplido con éxito.

Al igual que en el caso anterior, tampoco estamos ante una causa de extinción de la responsabilidad que suponga la desaparición de todos los efectos penales, ya que se mantiene la anotación de los antecedentes penales hasta que transcurra el tiempo necesario para su cancelación.

4ª) EL INDULTO.

El famoso indulto, es junto con la amnistía, una institución del Derecho de gracia, consistente en la renuncia al ius puniendi (derecho a penar) que viene acordado con carácter general por el Gobierno.

Se trata de una institución que provoca la remisión total o parcial de la pena impuesta en sentencia judicial, sin embargo tal y como se produce en otras causas de exclusión de la responsabilidad penal, se mantienen los antecedentes penales que no se cancelarán hasta que haya pasado el plazo legalmente establecido.

Una institución que tiene grandes detractores que fundamentan su oposición a la misma, en tanto que en su opinión el indulto otorgado por el ejecutivo puede suponer la vulneración del principio de separación de poderes, siendo una institución más propia de épocas pasadas en donde todo el poder estaba bajo la figura del monarca. A pesar de que los más críticos consideran que se trata de una medida arbitraria, el indulto “debería” ser concedido de manera justificada por razones de justicia, equidad o utilidad pública.

5ª) PERDÓN DEL OFENDIDO.

Se trata de una causa de exoneración de responsabilidad que tan sólo es posible aplicar cuando la ley penal así lo determine o se trate de delitos leves perseguibles a instancia de la víctima.

Como parece lógico, el perdón del ofendido deberá de cumplir los siguientes requisitos:

Que se otorgue de manera expresa y libre.
Que se otorgue antes de que se dicte sentencia.
Puede ser otorgado por el ofendido, así como por un menor o incapaz a través de su representante legal, aunque en estos dos últimos casos, el juez podrá no admitir dicho perdón del perjudicado, una vez oído al Ministerio Fiscal.
El perdón otorgado por el ofendido es irrevocable y sólo tiene efectos frente al delito del que ha sido víctima así como tan solo frente al sujeto penalmente responsable.

6ª) PRESCRIPCIÓN DEL DELITO.

Los delitos prescriben por el paso del tiempo de manera ininterrumpida. Sin embargo el legislador prevé distintos plazos para que pueda existir causa de exclusión de la responsabilidad.

Los delitos prescriben:

A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años.
A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años.
A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10.
A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves, los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.

Como excepción a la norma general de prescripción, existen una serie de delitos para los que la ley no prevé ningún plazo de prescripción debido a su gravedad como son: Delitos de lesa humanidad (art. 607 bis CP) y genocidio (art. 607 CP); delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (arts. 608 a 613 y 614 bis del CP), y delito de terrorismo cuando se hubiere causado la muerte de una persona.

7ª) PRESCRIPCIÓN DE LA PENA.

A pesar de que se trata de una causa poco frecuente, es posible la prescripción de una pena impuesta en una sentencia judicial. Se apartan de la norma las penas impuestas por haber cometido alguno de los delitos imprescriptibles.

Para el resto de delitos los plazos de prescripción de las penas son:

A los 30 años las penas de prisión de más de 20 años.
A los 25 años las penas de prisión de 15 o más años y que no excedan de 20.
A los 20 las inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15 años.
A los 15 las de inhabilitación por más de 6 años y que no excedan de 10 y las de prisión por más de 5 y que no excedan de 10.
A los 10 años las restantes penas graves.
A los 5 las penas menos graves.
Al año las penas leves.

El cómputo del plazo se inicia en la fecha en la que se dicta la sentencia firme si la pena no ha comenzado a cumplirse, o en el momento del quebrantamiento de la condena. SIn embargo este plazo quedará en paralizado durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena, así  como también en los casos en que el condenado se encuentre cumpliendo otras condenas.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

VALIDEZ DE LAS PRUEBAS ILEGALES

Si partimos de una lectura del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no nos queda otra interpretación posible que no sea entender que si una prueba es obtenida de manera ilegal no podemos hacer uso de ésta en un procedimiento judicial. Y es que este precepto prevé que <<En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales>>. Es decir, no todo vale. Las pruebas utilizadas en el juicio deben haber sido obtenidas de forma legal.

De Sin embargo, esta regla general puede tener diversos matices, así por ejemplo resulta diferente si es el Estado el que ha obtenido ilegalmente las pruebas que se intentan utilizar en el juicio o si por el contrario éstas han sido obtenidas por un particular. Un ejemplo de ésto, lo podemos encontrar en la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2017, también conocida como la sentencia Falciani. El Alto Tribunal entiende que se debe distinguir esas dos situaciones, denegando la validez de las pruebas obtenidas ilegalmente por parte del Estado y admitiendo las obtenidas ilegalmente por un particular ajeno a la actividad estatal.

Concretamente el fundamento jurídico 6º de la sentencia dice <<Pues bien, la Sala entiende que la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del art. 11 de la LOPJ y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito….>>

Sin embargo, el Tribunal Supremo advierte y reconoce que la mayoría de la jurisprudencia opta por excluir la prueba obtenida por un particular con vulneración de derechos fundamentales, justificando su decisión en ese caso concreto, en el hecho de que no existe elemento alguno que nos conduzca a una finalidad de preconstitución de prueba por parte del Sr. Faciani.  En este sentido el Supremo fundamenta su decisión con las siguientes palabras:

<<La jurisprudencia de esta Sala ofrece precedentes que no siempre actúan en la misma dirección. Son abrumadoramente mayoritarias, desde luego, las decisiones que optan por la exclusión de la prueba obtenida por un particular con vulneración de derechos fundamentales (cfr. por todas, SSTS 239/2014, 1 de abril ; 569/2013, 26 de junio ; 1066/2009, 4 de noviembre , entre las más recientes).

Pero no faltan supuestos en los que la ausencia de toda finalidad de preconstitución probatoria por parte del particular que proporciona las pruebas, lleva a la Sala a admitir la validez de la prueba cuestionada. Es el caso, por ejemplo, de la STS 793/2013, 28 de octubre , en la que la Sala no hizo valer la regla de exclusión porque “…no pueden solucionarse con arreglo a las mismas pautas valorativas los casos en los que esa grabación se ofrece por los agentes de policía que han asumido la investigación de un hecho delictivo y aquellos en que son los particulares quienes obtienen la grabación. Y tratándose de particulares, aconsejan un tratamiento jurídico distinto las imágenes que hayan podido grabarse mediante cámara oculta por un periodista para respaldar un programa televisivo, por una víctima para obtener pruebas con las que adverar una denuncia o por una entidad bancaria como medida disuasoria frente a robos violentos. Tampoco puede dispensarse un tratamiento unitario al caso de una grabación que se realice con simultaneidad al momento en el que se está ejecutando el delito, frente a aquellos otros en los que se busca información sobre acciones delictivas ya cometidas o planeadas para el futuro” .>>

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado