Archivo por días: 18/09/2017

VALIDEZ DE LAS PRUEBAS ILEGALES

Si partimos de una lectura del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no nos queda otra interpretación posible que no sea entender que si una prueba es obtenida de manera ilegal no podemos hacer uso de ésta en un procedimiento judicial. Y es que este precepto prevé que <<En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales>>. Es decir, no todo vale. Las pruebas utilizadas en el juicio deben haber sido obtenidas de forma legal.

De Sin embargo, esta regla general puede tener diversos matices, así por ejemplo resulta diferente si es el Estado el que ha obtenido ilegalmente las pruebas que se intentan utilizar en el juicio o si por el contrario éstas han sido obtenidas por un particular. Un ejemplo de ésto, lo podemos encontrar en la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2017, también conocida como la sentencia Falciani. El Alto Tribunal entiende que se debe distinguir esas dos situaciones, denegando la validez de las pruebas obtenidas ilegalmente por parte del Estado y admitiendo las obtenidas ilegalmente por un particular ajeno a la actividad estatal.

Concretamente el fundamento jurídico 6º de la sentencia dice <<Pues bien, la Sala entiende que la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del art. 11 de la LOPJ y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito….>>

Sin embargo, el Tribunal Supremo advierte y reconoce que la mayoría de la jurisprudencia opta por excluir la prueba obtenida por un particular con vulneración de derechos fundamentales, justificando su decisión en ese caso concreto, en el hecho de que no existe elemento alguno que nos conduzca a una finalidad de preconstitución de prueba por parte del Sr. Faciani.  En este sentido el Supremo fundamenta su decisión con las siguientes palabras:

<<La jurisprudencia de esta Sala ofrece precedentes que no siempre actúan en la misma dirección. Son abrumadoramente mayoritarias, desde luego, las decisiones que optan por la exclusión de la prueba obtenida por un particular con vulneración de derechos fundamentales (cfr. por todas, SSTS 239/2014, 1 de abril ; 569/2013, 26 de junio ; 1066/2009, 4 de noviembre , entre las más recientes).

Pero no faltan supuestos en los que la ausencia de toda finalidad de preconstitución probatoria por parte del particular que proporciona las pruebas, lleva a la Sala a admitir la validez de la prueba cuestionada. Es el caso, por ejemplo, de la STS 793/2013, 28 de octubre , en la que la Sala no hizo valer la regla de exclusión porque “…no pueden solucionarse con arreglo a las mismas pautas valorativas los casos en los que esa grabación se ofrece por los agentes de policía que han asumido la investigación de un hecho delictivo y aquellos en que son los particulares quienes obtienen la grabación. Y tratándose de particulares, aconsejan un tratamiento jurídico distinto las imágenes que hayan podido grabarse mediante cámara oculta por un periodista para respaldar un programa televisivo, por una víctima para obtener pruebas con las que adverar una denuncia o por una entidad bancaria como medida disuasoria frente a robos violentos. Tampoco puede dispensarse un tratamiento unitario al caso de una grabación que se realice con simultaneidad al momento en el que se está ejecutando el delito, frente a aquellos otros en los que se busca información sobre acciones delictivas ya cometidas o planeadas para el futuro” .>>

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado