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CONDUCIR SIN PUNTOS EN EL CARNÉ

En la entrada publicada en este blog el pasado 30 de abril de 2017, ya hablamos del delito del artículo 384 del Código Penal que establece que:

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

En aquella ocasión hicimos referencia a una sentencia en la que el sujeto había incurrido en este delito en la medida en que conducía un vehículo a motor sin haber obtenido previamente el permiso de circulación.

Sin embargo, hoy queremos hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al supuesto en el que un individuo conduce un vehículo con un permiso sin vigencia debido la pérdida total de los puntos. Pues bien, en este caso el Tribunal Supremo (sentencia de 31 de octubre de 2017) considera que el delito del art. 384 del  Código Penal, no requiere un elemento adicional de poner en riesgo la seguridad vial, por tanto una vez más, afirma nuestro Alto Tribunal que nos encontramos ante un delito de peligro en abstracto que se traduce en conducir sin las condiciones legalmente establecidas para ello. La sentencia en cuestión hace referencia a la nº612/2017 del mismo tribunal en la que éste se expresó en los siguientes términos: <Aquí, ocurre lo propio. La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día>>. 

Otra sentencia del Tribunal Supremo que puede resultar interesante para el lector, en relación con esta materia es la nº699/2017 de 25 de octubre.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Atrás quedaron esos “maravillosos” años en los que se hablaba del famoso aforismo latino <<societas delinquere nec punire potest>>, es decir, la imposibilidad de que una persona jurídica pudiese ser responsable desde un punto de vista penal. Como sabéis, la LO 5/2010 ha introducido dentro de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de una responsabilidad penal de la persona jurídica.

El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas  viene fijado por una  serie de normas concretas, que son:

  1. Del art. 31 bis al 31 quienquies del Código Penal; determinan qué reglas se ha de seguir para investigar y acusar penalmente a las empresas o entidades.
  2. El art. 33.7 del Código Penal; hace referencia al catálogo de penas propias de las personas jurídicas.
  3. Y el art. 66 bis del Código Penal; recoge una serie de normas a seguir en la determinación de las sanciones penales, que han sido especialmente creadas en atención a las particularidades de las personas jurídicas frente a las personas físicas.

Pues bien, para que una persona jurídica pueda ser responsable penalmente de alguno de los delitos respecto a los que se prevé esa posibilidad, deben concurrir una serie de requisitos:

1º) Los delitos de los que se le quiere hacer responsable penalmente tienen que haber sido cometidos por una persona física que tenga la representación u ostente la capacidad decisoria de la entidad (administradores, directivos…), o bien por toda persona que estuviese sometida a la autoridad de aquella/s (empleados o autónomos que prestan servicios puntuales a la empresa, etc).

2º) Los delitos deben haber sido cometidos mediante una conducta que produzca un beneficio directo o indirecto a la persona jurídica, además de por su cuenta o en su nombre (en el caso de superiores), o en el ejercicio de su actividad económica (en el caso de los subordinados).

Sin embargo no se trata de una responsabilidad penal de la empresa de carácter automático, de manera que la responsabilidad penal de alguno de los sujetos que hemos mencionado anteriormente permita concluir que la persona jurídica también resulta responsable. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en sentencia 29 de febrero de 2016, estableciendo el criterio de que las personas jurídicas son responsables penalmente de su propia actuación y por su propia culpabilidad. En otras palabras, podemos decir que la comisión del hecho delictivo por parte de una persona física es un requisito necesario para la atribución de una responsabilidad penal de la persona jurídica, sin embargo en modo alguno ha de resultar suficiente ni puede ser fundamento último y único de esta responsabilidad.

De manera que el fundamento para la atribución de la responsabilidad penal de una entidad ha de ser su propia culpabilidad que se concreta en una falta de vigilancia y control sobre la actividad de las personas que actuan en su nombre o representación. El problema entonces queda en manos de los empresarios, de forma que si quieren proteger a su empresa frente a una responsabilidad penal deben realizar un control que cumpla con los requisitos de los apartados 2 a 5 del art. 31 bis del Código Penal.

El control que debe realizar la entidad respecto de los sujetos contemplados en el apartado a) del art. 31 bis del CP (los superiores), se fundamentará en un primer lugar en la implantación de un modelo de organización idóneo para prevenir delitos con anterioridad a su ejecución. Es decir, lo que trata de implantar son los famosos programas de cumplimiento o Compliance Programs, que deben cumplir en todo caso los requisitos del art. 31. bis. 5 del CP. Y por otro lado, la persona jurídica tendría que haber confiado la supervisión del cumplimiento de este modelo a un órgano autónomo a la dirección de la entidad (compliance officer), aunque si bien es cierto que el art. 31 bis apartado 3 del CP, permite que esta función –de supervisión del cumplimiento- pueda ser encomendada al propio órgano de administración siempre y cuando se trate de entidades de pequeñas dimensiones.

Por otro lado, y en relación al control que debe realizar la entidad respecto de los sujetos contemplados en el apartado b) del art. 31 bis del CP (los subordinados); cabe decir que la persona jurídica no ha de responder por las actuaciones delictivas efectuadas por estos individuos cuando hubiese adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización adecuado para reducir el riesgo de la comisión de delitos, y no se determine que los subordinados -art. 31 bis apartado b)- han cometido el delito porque los superiores -art. 31 bis apartado a)- han incumplido gravemente los deberes de vigilancia y control -art. 31 bis. 1 b) in fine CP-. De manera que nuestro legislador ha previsto un diferente nivel de riesgo permitido dentro de las entidades en relación a las actividades delictivas ejecutadas por los subordinados. En otras palabras, en el caso de la responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos delictivos cometidos por los superiores sería suficiente –para quedar exenta de aquella- que el control cometido por el compliance officer hubiese sido insuficiente; mientras que si los actos delictivos son cometidos por los sujetos subordinados sería necesaria la prueba de que sus superiores infringieron gravemente el deber de diligencia que les correspondía, lo que implica que nos encontremos ante un nivel de infracción mucho mayor.

En conclusión, podemos decir que el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido para quedarse, fundamentándose en una cuestión que no resulta baladí, y que no es más que la propia culpabilidad de la entidad. Una culpabilidad que se traduce en una falta de control de los posibles riesgos delictivos existentes en su actividad social, bien porque no los previeron, o bien porque, previéndolos, no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que éstos se conviertan en un delito cometido por parte de su personal.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado