Archivo del Autor: Alejandro Seoane Pedreira

LAS ASOCIACIONES DE CANNABIS

Una vez más, Cataluña a la cabeza. Los catalanes se mueven con la sociedad. Cualquiera que tenga relación con el mundo jurídico, es conocedor de que en esto de las leyes y doctrinas jurisprudenciales, la Comunidad Autónoma de Cataluña es novedosa e innovadora.

Y tal es así, que hoy, 14 de julio de 2017, entra en vigor la Ley 13/2017, de 6 de julio, que lleva por título “de las asociaciones de consumidores de cannabis”. Una ley que considera el consumo de cannabis por personas mayores de edad como una opción que forma parte del ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

La ley catalana regula los requisitos que deben cumplir las asociaciones de consumidores, que no tendrán ánimo de lucro y deben estar inscritas en un Registro de Asociaciones.  Y entre otras cuestiones, la ley también regula un aspecto muy importante, como es el establecimiento por parte de las asociaciones de implantar unas medidas de control de la distribución de cabannis, así como de las condiciones higiénicas y sanitarias de la sustancia, obligándose a colaborar con organismos y entidades de salud pública.

Por último, comentar que también se establecen una serie de requisitos que deben cumplir los que quieran adquirir la condición de asociado: mayor de edad, consumidor, aval de otro asociado -a excepción de los que consuman por motivos terapéuticos- y firmar un documento en el que se manifiesta conocer el objeto, la finalidad de la asociación así como los derechos y deberes de los asociados.

Mi opinión: No siendo consumidor de la sustancia en cuestión, considero que no resulta de más el hecho de regular determinadas cuestiones en relación al consumo del cannabis.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

EL TRAMO DE LA MUERTE: GANAR ENTRE 11.250€ y 14.450€.

El famoso “tramo de la muerte” no es uno de los puntos negros de las carreteras de nuestro país o una zona en la que puedas encontrarte con la famosa “chica de la curva”. Se trata de una “zona fiscal” en la que se encuentran todas las personas físicas que ganan entre 11.250€ y 14.450€ brutos cada año. 

Es decir, se trata del punto en el que se encuentran estos individuos cuyo tipo marginal que pagarán en el IRPF asciende en estos casos a un 44,5%, por lo que tienen un tipo marginal igual que todas aquellas personas que ganan más de 65.000€ anuales.

 Pero, ¿qué explicación tiene ésto?

Aquí os dejamos un enlace a El Blog Salmón en donde se explica este famoso “tramo de la muerte”.

 

CONDUCIR SIN CARNÉ ES UN DELITO

El artículo 384 de nuestro Código Penal establece que:

“El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

La duda que se ha planteado en relación con este delito, entre otras, es si ha de ser aplicado en los casos en que el sujeto investigado ha ocasionado un peligro real para la seguridad vial o si por el contrario sólo fuere necesario que el sujeto haya realizado la conducta (conducir sin carné). En otras palabras, la duda es si nos encontramos ante un delito de peligro concreto o ante un delito de peligro abstracto.

Pues bien en relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 2017, establece que en el caso del artículo 384 (cuando el sujeto conduce sin haber obtenido el carné) nos encontramos ante un delito de peligro abstracto. En concreto dice el Supremo que <<De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor>>.

Esta sentencia en cuestión, revoca el fallo absolutorio fijado por la Audiencia Provincial de Toledo y, condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

En los últimos años, hemos estado hablando de una responsabilidad penal no sólo de las personas físicas sino también de las personas jurídicas. Y es aquí, en este post, en relación con esta responsabilidad donde quiero hacer referencia a un artículo publicado por la abogada Laura Casal Fernández.

El artículo en cuestión, trata de analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando sus dirigentes y subordinados cometen los delitos en su modalidad imprudente. El análisis realizado por la autora, es el siguiente:

En la actualidad, el debate sobre la inaplicación del aforismo latino “societas delinquere non potest” está superado y disponemos ya de numerosas monografías, artículos, estudios y reflexiones que nos orientan en la correcta interpretación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, en algunas cuestiones se plantean dudas razonables derivadas de la vertiente subjetiva del tipo penal referida en el artículo 5 del Código Penal (CP en adelante):“no hay pena sin dolo o imprudencia”. La persona jurídica responderá de manera dolosa o imprudente según el conocimiento -dolo- o la falta de diligencia debida –imprudencia- imputable al autor material del tipo delictivo, debiéndose analizar, por tanto, en términos de ilícito, y no de culpabilidad, el hecho cometido por la persona física en cuestión.

Para examinar si cabe la modalidad de imprudencia en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es preciso acudir a la Parte Especial del CP, atendiendo al sistema de numerus clausus de delitos circunscritos a su responsabilidad penal, dado que en el artículo 31 bis no se contempla la conducta concreta de la persona física. La inmensa mayoría de los tipos delictivos para los que está prevista tal responsabilidad son eminentemente dolosos, sin perjuicio de que un número reducido de ellos sí pueden cometerse de manera imprudente.

La Fiscalía General del Estado en la tan recurrida Circular 1/2016 concluye que son “cuatro (las) conductas imprudentes cometidas por personas físicas en las circunstancias del art. 31 bis susceptibles de generar un reproche penal a la persona jurídica”. A saber: las insolvencias punibles, los recursos naturales y el medio ambiente, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Resulta cuanto menos llamativo que la Fiscalía olvide o decida conscientemente no incluir en esa escueta lista otros tres delitos susceptibles de ser cometidos en su modalidad imprudente por las personas físicas con resultado de responsabilidad penal para las personas jurídicas:

  • El primero de ellos es el siempre olvidado delito de contrabando, para el que en el artículo 2.5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, se prevé expresamente dicha posibilidad: “las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave”.
  • En segundo término, es criterio de la Fiscalía rechazar la punición imprudente de las personas jurídicas por el delito contra la salud pública, en su interpretación de la mens legislatoris, al entender ésta que el legislador no tuvo la voluntad de hacerla extensiva a tales personas, y ello a pesar de contemplarse la imprudencia grave por el delito contra la salud pública en el artículo inmediatamente siguiente al que atribuye a las personas jurídicas responsabilidad penal por esos hechos. La redacción dada por el legislador al artículo 367 del CP: “si los hechos previstos en todos los artículos anteriores fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán, respectivamente, las penas inferiores en grado”, se refiere claramente a los hechos contemplados también en el artículo 366 del CP: “cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los artículos anteriores de este Capítulo […]”. En consecuencia, no puedo más que discrepar en la interpretación de la Fiscalía, pues si bien a pesar de que en este caso el legislador no emplee la expresión “hechos previstos en este capítulo”, utilizada para los delitos medioambientales, ello se debe a que dentro del Capítulo III del Título XVII del CP también se encuentran regulados los delitos de tráfico de drogas y éstos no admiten su comisión imprudente. En este mismo sentido se manifestó el Fiscal del Grupo de Delitos Económicos de la F.P. de La Coruña, D. Juan Antonio Frago Amada al indicar que “estamos ante la utilización de expresiones absolutamente análogas pero sin divergencia de contenido real”.
  • En último lugar, derivado de un más que probable lapsus del legislador, cabe defender la posibilidad de generar un reproche penal a las personas jurídicas por el delito de daños informáticos cometido de forma imprudente por las personas físicas de las cuales tenga el deber legal de responder. Este delito se sitúa dentro del Capítulo IX de los daños (Título XI del CP) y habida cuenta de que la modalidad imprudente del delito de daños se regula de manera genérica para todos los hechos típicos contemplados en ese capítulo en el artículo 367 del CP: “los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos”, debemos considerar que no hay óbice alguno que impida hacer extensible dicha imprudencia a los delitos de daños informáticos de los que tenga que responder una persona jurídica en virtud del artículo 31 bis del CP.

Se desprende por tanto que cualquier persona jurídica será susceptible de responder, en la praxis, por hasta siete delitos (en virtud de conductas atribuibles a sus altos directivos, administradores, empleados y demás personas vinculadas) cometidos en su modalidad de imprudencia grave: insolvencias punibles (artículo 259.3 del CP), daños informáticos (artículo 267 del CP), blanqueo de capitales (artículo 301.3 del CP), recursos naturales y medio ambiente (artículo 331 del CP), salud pública (artículo 367 del CP), financiación del terrorismo (artículo 576.4 del CP) y contrabando (artículo 2.5 de la LO 12/1995). Contemplar esta posibilidad a la hora de analizar las empresas y confeccionar su mapa de riesgos, resulta imprescindible al ser éste un componente que incide directamente en la probabilidad e impacto de los mismos en cualquier organización. Sólo así podrán implementarse planes de prevención de delitos eficaces e idóneos para eximir a la persona jurídica de futuras responsabilidades penales.

Laura Casal Fernández

Comparto con vosotros este análisis, ya que me resulta muy interesante para todos aquellos profesionales que nos dedicamos al Derecho Penal y así como el mundo del Compliance.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA INDEMNIZACIÓN A ROBERTO HERAS.

El Tribunal Supremo ratifica la indemnización de 724.904€ concedida por la Audiencia Nacional al exciclista Roberto Heras. Una cantidad que deriva de la anulación judicial de la sanción que se le impuso al deportista a raíz de dar positivo en un control antidopaje en el año 2005.

La indemnización tiene su fundamento en que la sanción ha ocasionado un importante perjuicio al exciclista. En palabras del Supremo: <<Es la sanción impuesta la causa directa, inmediata y exclusiva de que se rescindieran los contratos laborales y de patrocinio y de que el Sr. Heras se viera privado de ejercer como ciclista profesional durante el tiempo de la sanción, con independencia de que en la rescisión de aquellos contratos intervinieran terceros>>.

Pincha AQUÍ para leer la sentencia.