Archivo del Autor: Alejandro Seoane Pedreira

ABSUELTOS DE UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Resulta obvia la dificultad con la que se encuentran los tribunales para justificar una condena cuando la acusación se fundamenta en determinados delitos. Uno de éstos, es el delito de blanqueo de capitales, que en ocasiones supone un quebradero de cabeza para los tribunales ya que una y otra vez tienen que acudir a la prueba indiciaria o prueba por indicios, con la finalidad de motivar las condenas.

Pues bien, hoy quiero hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2017, por la que se absuelve a un individuo y a su suegra de un delito de blanqueo de capitales por el que habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid.

En concreto y para analizar el supuesto de hecho, exponemos los hechos probados en el juicio, que son:

Don Lorenzo , residente legal, nacido en Pereira (Colombia,1973), anteriormente condenado a tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas, el día 8 de octubre de 2012 cuando circulaba con el vehículo Seat Ibiza, fue parado en un control de alcoholemia por la Policía Local. Aunque dió negativo en la prueba realizada, los agentes decidieron registrar el vehículo, al causar sospechas en éstos, el estado de nerviosismo en el que se encontraba el acusado. Un registro en el que encontraron escondidos en la moldura lateral de la parte trasera del vehículo un bolsa con la cantidad de 599.845 € en efectivo.

Unos días más tarde, el 24 de octubre de 2012 a las 10:30, los agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, detectaron dos maletas con doble fondo en el que se encontraron 700.130€. El destino de ese equipaje era Bogotá, y su dueña era doña Claudia, nacida en Liborina (Colombia, 1967), que mantenía una relación con don Lorenzo, ya que éste era su yerno.

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, tal y como ya hemos adelantado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los acusados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, absuelve a ambos acusados del delito de blanqueo, ya que a pesar de la cuantía importante del dinero, no existe ninguna prueba o indicio que permita <<vincular a don Lorenzo con el tráfico de drogas a gran escala; y la condición de colombianos de él y de la acusada, sin más, es un dato que carece de fuerza argumental>>Y por tanto, el Alto Tribunal añade que <<la condena por el delito de que se trata carece de sustento probatorio>>.

Una decisión judicial que no es compartida por todos los Magistrados del Tribunal Supremo,  en este sentido se manifiestan y discrepan con la decisión de la Sala, los Excmos. Srs Magistrados don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA y don JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR.

El primero aboga por confirmar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, y por tanto, se decanta por una condena por blanqueo de capitales para ambos acusados, en atención a determinados elementos objetivos así como a la relación familiar (yerno/suegra) existente entre don Lorenzo y doña Claudia.

Sin embargo, el segundo de los votos particulares expuestos en la sentencia, opinión del magistrado SÁNCHEZ MELGAR, se inclina por una condena en relación con don Lorenzo, fundamentándose en los elementos objetivos e indicios a los que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid así como su compañero don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA. Mientras que opta por la absolución de doña Claudia ya que a pesar de ser la suegra de don Lorenzo, en sus propias palabras <<llevar dinero a Colombia no supone necesariamente la comisión de un delito de blanqueo, aun cuando existan sospechas. Es necesario algo más que conforme la prueba del conocimiento de que el dinero que transporta necesariamente tiene origen delictivo, y que este origen es además correspondiente de una actividad de narcotráfico a gran escala (dada la suma transportada). Tanto puede tener origen de otro delito (no lo sabemos), como en la venta (lícita) de activos patrimoniales que desconocemos, como en alguna otra actividad ilegal pero no delictiva>>. 

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

ACOSO A LA EXPAREJA

Hace más de un año que hablamos en este blog sobre el “novedoso” delito de stalking o acoso. Una figura delictiva que se encuentra dentro de nuestro ordenamiento jurídico a raíz de la reforma de 2015 y, sobre la que existe todavía una escasa jurisprudencia.

Pues bien, hoy, quiero hacer referencia a la reciente sentencia de 12 de julio de 2017 dictada por el Tribunal Supremo. Una resolución en la que el Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado por un individuo que había sido condenado a un año de prisión en calidad de autor de un delito de acoso a su expareja sentimental.

El recurrente en casación alegó entre los motivos del recurso, la existencia de una aplicación incorrecta del delito de acoso del art. 172 ter 1º y 2º del Código Penal, en la medida en que aunque el condenado reconoció que intentó comunicarse con su antigua pareja sentimental, no se habia podido podido probar que esa actividad haya sido lo suficientemente intensa como para provocar una grave alteración en el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

Un motivo de recurso desestimado por el Tribunal Supremo, ya que teniendo en consideración que nos encontramos ante un delito de resultado -alteración de la vida cotidiana-; el hecho de haberse probado determinadas conductas se ha de considerar que ocasionó ese resultado requerido por el delito. Concretamente las conductas o hechos probados a los que se refiere el Tribunal son los siguientes:

  • La existencia de una conducta insistente y reiterada, es decir, una serie de actos continuos y repetitivos en el tiempo (secuencia de llamadas telefónicas el 22 de marzo).
  • Reiteración de llamadas telefónicas el día 23 de marzo en diferentes espacios temporales (cuando la víctima se encontraba con unos amigos en un pub, mientras la víctima se encontraba en casa de unos amigos, así como otras cuarenta llamadas telefónicas ese mismo día).

Y más concretamente, dice el Tribunal Supremo que <<De esta situación, se deriva o fluye normalmente la consecuencia de una grave alteración de la vida cotidiana que excede de la mera molestia>>.

Mientras que añade también que <<No se está ante una mera molestia o incomodidad que, por emplear los términos de la STS 324/2017 ya citada, quedaría fuera de los “linderos de la tipicidad”, por el contrario, se está ante un delito de acoso del art. 172 ter CP que se cuestiona por el recurrente, por la capacidad de generar temor condicionando la vida de la víctima como lo acredita la orden de alejamiento citada, con aplicación del tipo agravado del párrafo 2º de dicho artículo>>.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

¿DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO?

El Código Penal prevé en el art. 74 que el sujeto que “…realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado”.

Pregunta: ¿Es posible la aplicación de esta regla (art.74CP) a todas las infracciones penales? y más concretamente, ¿es posible hablar de un delito de blanqueo de capitales como delito continuado?

Pues bien, el delito de blanqueo de capitales o blanqueo de dinero, encajaría en un principio (salvo casos excepcionales) dentro de lo que la jurisprudencia conoce como “tipos penales que incluyen conceptos globales”, es decir, figuras delictivas que describen diferentes conductas o hechos plurales que han de ser incluidos dentro de un mismo delito. De manera que una variedad de acciones punibles que poseen un contenido semejante constituyen una sola infracción penal y no un delito continuado en el tiempo.

Y en este sentido, se expresa el Tribunal Supremo en su sentencia nº 928/2016 (f.j 6º), cuando expone:

Pues bien, la jurisprudencia de este Tribunal ha venido entendiendo, tal como se anticipó supra, que en el delito de blanqueo de capitales estamos ante lo que un sector doctrinal denomina “tipos que incluyen conceptos globales”, es decir, hechos plurales incluidos en una única figura delictiva, lo que obliga a considerar que una variedad de acciones punibles de contenido semejante no constituyen un delito continuado sino una sola infracción penal; de modo que las actividades plurales tenemos que considerarlas integradas en el tipo penal del blanqueo como un delito único, equiparándolas así a los casos de los delitos contra la salud pública de tráfico de drogas ( SSTS 974/2012, de 5-12 , y 257/2014, de 1-4 , que a su vez se remiten a las sentencias 519/2002, de 22-3 ; 986/2004, de 13-9 ; 595/2005, de 9-5 ; y 413/2008, de 20-6 ). El hecho de que el art. 301 del C. Penal no contenga una redacción en plural de los actos que integran la conducta delictiva, como sí sucede en cambio con el tipo penal del art. 368 (tráfico de sustancias estupefacientes), no excluye que nos hallemos ante un tipo penal que incluye conceptos globales. 

De forma que el Alto Tribunal, en la sentencia a la hemos hecho referencia, rechaza la tesis mantenida por la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. 5ª), en sentencia de 27 de noviembre de 2015, en la que justificó la aplicación de la regla del artículo 74 al delito de blanqueo.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

DELITO DE FALSEDAD DE CUENTAS SOCIETARIAS

El delito de falsedad de cuentas, se trata de un delito económico, societario y de carácter doloso. Una figura delictiva prevista en nuestro Código Penal, concretamente en el artículo 290, que establece que:

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

Si llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

Por tanto, como ya hemos adelantado y como ha declarado de forma reiterada nuestra jurisprudencia, nos encontramos ante un delito de carácter doloso. Un dolo que ha de ser directo, es decir, la acción u omisión del administrador ha de tener la finalidad “falsear las cuentas para causar un perjuicio económico” y ésta debe ser querida por aquel. Es por ello por lo que no bastaría con que el sujeto activo acepte como consecuencia de su conducta el hecho de que se ocasione un perjuicio económico (dolo eventual).

El Tribunal Supremo en sentencia de 17 de marzo de 2016 (f.j 3º), expone lo siguiente:

Y en cuanto al núcleo de la conducta típica, dice la sentencia 655/2010 , “falsear” en el sentido del art. 290, es mentir, es alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos que suscriba el administrador de hecho o de derecho, porque así es como se frustra, además, el derecho de los destinatarios de la información social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la sociedad. Hay que tener en cuenta que ocultar o suprimir datos es una forma de faltar a la verdad en la narración de los hechos, y por otra, que el administrador tiene el deber jurídico de cumplir con su cometido con la diligencia de un ordinario empresario y de su representante leal ( art. 127.1 LSA y 61 LSRL ), lo que, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la información que suministra sobre la sociedad.

En definitiva, hay que probar la “finalidad de perjudicar” no sólo desde un punto de vista formal (idóneo) sino también desde un punto de vista material. Y prueba de ello, por ejemplo, puede ser el hecho de haber presentado esas cuentas “irreales” ante el Registro Mercantil, ya que es en ese momento en donde éstas afectan al tráfico jurídico mercantil, así como a los intereses de las sociedades, socios o terceros.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

LAS ASOCIACIONES DE CANNABIS

Una vez más, Cataluña a la cabeza. Los catalanes se mueven con la sociedad. Cualquiera que tenga relación con el mundo jurídico, es conocedor de que en esto de las leyes y doctrinas jurisprudenciales, la Comunidad Autónoma de Cataluña es novedosa e innovadora.

Y tal es así, que hoy, 14 de julio de 2017, entra en vigor la Ley 13/2017, de 6 de julio, que lleva por título “de las asociaciones de consumidores de cannabis”. Una ley que considera el consumo de cannabis por personas mayores de edad como una opción que forma parte del ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

La ley catalana regula los requisitos que deben cumplir las asociaciones de consumidores, que no tendrán ánimo de lucro y deben estar inscritas en un Registro de Asociaciones.  Y entre otras cuestiones, la ley también regula un aspecto muy importante, como es el establecimiento por parte de las asociaciones de implantar unas medidas de control de la distribución de cabannis, así como de las condiciones higiénicas y sanitarias de la sustancia, obligándose a colaborar con organismos y entidades de salud pública.

Por último, comentar que también se establecen una serie de requisitos que deben cumplir los que quieran adquirir la condición de asociado: mayor de edad, consumidor, aval de otro asociado -a excepción de los que consuman por motivos terapéuticos- y firmar un documento en el que se manifiesta conocer el objeto, la finalidad de la asociación así como los derechos y deberes de los asociados.

Mi opinión: No siendo consumidor de la sustancia en cuestión, considero que no resulta de más el hecho de regular determinadas cuestiones en relación al consumo del cannabis.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.