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RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN POR CLÁUSULA SUELO

Hoy quiero hacer referencia a los “pactos extrajudiciales” en los que los consumidores renunciaron a una futura reclamación por cláusula suelo. Y más concretamente, me refiero a todos esos acuerdos firmados con anterioridad a la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció el derecho a reclamar lo cobrado por el banco en aplicación de las cláusulas suelo desde la firma del préstamo hipotecario. Y es ahora cuando entidades bancarias pretenden hacer valer en juicio esos “acuerdos” firmados con los clientes.

Pues bien, cada vez son más los juzgados que deben analizar estos supuestos. De forma que quiero traer a colación, por su claridad expositiva y argumentativa, la sentencia nº 50024/2017 de 13 de septiembre, dictada por el juez GONZÁLEZ URIEL (Juzgado de Primera Instancia nº11 de Bilbao).

En la citada resolución judicial, después de declarar la nulidad de la cláusula suelo prevista en la hipoteca, GONZÁLEZ URIEL analiza la validez del acuerdo de renuncia de acciones que había sido firmado por la demandante. De manera que, tras reflexionar sobre la legislación en materia de consumidores y usuarios así como las posibles líneas jurisprudenciales existentes, su Señoría considera necesario no otorgar validez jurídica al acuerdo de renuncia de acciones, y consecuentemente declara su nulidad.

En concreto, en el fundamento jurídico 4º de la sentencia, el juez expone <<considero que la renuncia no es válida porque carece de objeto: recae sobre los efectos de una cláusula inexistente, una cláusula radicalmente nula. La nulidad de la cláusula ya ha sido declarada en el fundamento anterior por lo que si se atribuyese eficacia a la transacción estaríamos pervirtiendo el efecto disuasorio perseguido por las normas de Derecho de la Unión Europea y por la Jurisprudencia del TJUE: la cláusula nunca ha existido, por lo que sobre la misma no es posible considerar subsistente o productor de efectos acuerdo alguno. El consumidor se encuentra en una situación de desequilibrio, por lo que ha efectuado una renuncia sin ser consciente del alcance de los efectos de la declaración de nulidad y de que no era posible transigir sobre una cláusula nula. Debe restituirse la situación de hecho y de derecho en que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, y dicha situación en modo alguno puede ser la resultante de una transacción de la misma>>.

A lo que el juzgador añade que <<el efecto de cosa juzgada material no puede darse en este supuesto: el acuerdo era nulo por carencia de objeto, por lo que no ha existido, y no se puede extender lo que no existe, so riesgo de caer en un absurdo jurídico insostenible. De este modo, estimo que la transacción fue llevada a cabo en un fraude de ley, perpetuando una situación antijurídica abusiva para el consumidor, vulneradora de la normativa europea y nacional sobre protección de los consumidores. La actora llevó a cabo una renuncia sobre un objeto sobre el que no podía transigir>>.

Quizás se pueda decir más alto, pero no más claro.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado

LA “CLÁUSULA LESIVA” SEGÚN EL TRIBUNAL SUPREMO.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 22 de abril de 2016 (sentencia número 273/2016), en la que define lo que ha de entenderse por “cláusula lesiva” para los intereses del asegurado, contenida en el artículo 3 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro.

Según el Alto Tribunal, ha de entenderse como “cláusula lesiva” aquella que reduce considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de forma que resulta prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. Es decir, la cláusula en sí misma supondría una ineficacia de la póliza del contrato de seguro.

Además el Tribunal Supremo, recuerda en esta sentencia las diferencias existentes entre las cláusulas de delimitación de cobertura y las cláusulas limitativas, que en muchas ocasiones pueden resultar un tanto difusas.

Pinche AQUÍ para acceder al texto íntegro de la Sentencia del Tribunal Supremo 273/2016, de 22 de abril.