Archivo de la categoría: DERECHO CIVIL

RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN POR CLÁUSULA SUELO

Hoy quiero hacer referencia a los “pactos extrajudiciales” en los que los consumidores renunciaron a una futura reclamación por cláusula suelo. Y más concretamente, me refiero a todos esos acuerdos firmados con anterioridad a la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció el derecho a reclamar lo cobrado por el banco en aplicación de las cláusulas suelo desde la firma del préstamo hipotecario. Y es ahora cuando entidades bancarias pretenden hacer valer en juicio esos “acuerdos” firmados con los clientes.

Pues bien, cada vez son más los juzgados que deben analizar estos supuestos. De forma que quiero traer a colación, por su claridad expositiva y argumentativa, la sentencia nº 50024/2017 de 13 de septiembre, dictada por el juez GONZÁLEZ URIEL (Juzgado de Primera Instancia nº11 de Bilbao).

En la citada resolución judicial, después de declarar la nulidad de la cláusula suelo prevista en la hipoteca, GONZÁLEZ URIEL analiza la validez del acuerdo de renuncia de acciones que había sido firmado por la demandante. De manera que, tras reflexionar sobre la legislación en materia de consumidores y usuarios así como las posibles líneas jurisprudenciales existentes, su Señoría considera necesario no otorgar validez jurídica al acuerdo de renuncia de acciones, y consecuentemente declara su nulidad.

En concreto, en el fundamento jurídico 4º de la sentencia, el juez expone <<considero que la renuncia no es válida porque carece de objeto: recae sobre los efectos de una cláusula inexistente, una cláusula radicalmente nula. La nulidad de la cláusula ya ha sido declarada en el fundamento anterior por lo que si se atribuyese eficacia a la transacción estaríamos pervirtiendo el efecto disuasorio perseguido por las normas de Derecho de la Unión Europea y por la Jurisprudencia del TJUE: la cláusula nunca ha existido, por lo que sobre la misma no es posible considerar subsistente o productor de efectos acuerdo alguno. El consumidor se encuentra en una situación de desequilibrio, por lo que ha efectuado una renuncia sin ser consciente del alcance de los efectos de la declaración de nulidad y de que no era posible transigir sobre una cláusula nula. Debe restituirse la situación de hecho y de derecho en que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, y dicha situación en modo alguno puede ser la resultante de una transacción de la misma>>.

A lo que el juzgador añade que <<el efecto de cosa juzgada material no puede darse en este supuesto: el acuerdo era nulo por carencia de objeto, por lo que no ha existido, y no se puede extender lo que no existe, so riesgo de caer en un absurdo jurídico insostenible. De este modo, estimo que la transacción fue llevada a cabo en un fraude de ley, perpetuando una situación antijurídica abusiva para el consumidor, vulneradora de la normativa europea y nacional sobre protección de los consumidores. La actora llevó a cabo una renuncia sobre un objeto sobre el que no podía transigir>>.

Quizás se pueda decir más alto, pero no más claro.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado

EL CANJE DE SUBORDINADAS POR ACCIONES DE BANKIA

El Tribunal Supremo determina que el canje de las obligaciones subordinadas por acciones de la entidad Bankia no convalida la nulidad del consentimiento existente en la contratación de este producto financiero.

Concretamente el Supremo expone que <<Tampoco cabe considerar que la nulidad del consentimiento quedara posteriormente sanada o convalidada por el canje de las obligaciones subordinadas por acciones de Bankia, puesto que el error ya se había producido y los clientes, ante el riesgo cierto que suponía que la entidad emisora no tenía la solvencia que manifestaba, aceptaron dicho canje a fin de intentar incurrir en las menores pérdidas posibles>>.

Y añade que <<…en dicho canje la entidad financiera incumplió nuevamente las obligaciones legales, como puso de manifiesto el Informe de la Comisión Nacional de Valores de 11 de febrero de 2013, al incidir en el conflicto de intereses entre la entidad y sus clientes a la hora de determinación del precio del canje>>.

El Tribunal recuerda en el fundamento jurídico tercero que se ha de entender por el término “obligaciones subordinadas”, exponiendo que:

<<Como dijimos en la sentencia núm. 102/2016, de 25 de febrero , en términos generales, se conoce como deuda subordinada a unos títulos valores de renta fija con rendimiento explícito, emitidos normalmente por entidades de crédito, que ofrecen una rentabilidad mayor que otros activos de deuda. Sin embargo, esta mayor rentabilidad se logra a cambio de perder capacidad de cobro en caso de insolvencia o de extinción y posterior liquidación de la sociedad, ya que está subordinado el pago en el orden de prelación en relación con los acreedores ordinarios (en caso de concurso, art. 92.2 Ley Concursal ). A diferencia de las participaciones preferentes, que suelen ser perpetuas, la deuda subordinada suele tener fecha de vencimiento. El capital en ningún caso está garantizado y estos bonos no están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos>>.

Consulte AQUÍ el texto íntegro de la sentencia núm. 584/2016, de 30 de septiembre, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN vs DERECHO A LA PROPIA IMAGEN.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de septiembre de 2016, expone su postura en relación con la ponderación que ha de hacerse cuando el derecho a la propia imagen y el derecho a la libertad de información entran en conflicto. Y recuerda que la intromisión en la esfera íntima de un personaje público sólo es legítima cuando haya un consentimiento o se realice durante un acto público o en lugares abiertos al público.

El caso analizado en la sentencia trata de determinar si una revista del corazón se había extralimitado al publicar unas fotografías de un personaje público en la terraza de un restaurante. La demandada y recurrente alegó que tal intromisión en la intimidad del personaje no se había producido ya que se trataba de un lugar y una persona de carácter público, por lo que no se requiere ningún consentimiento previo para la publicación de las fotografías.

Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que la terraza de un restaurante no es un lugar público sino privado, por lo que no se cumplen los requisitos para legitimar la intromisión en el derecho a la propia imagen.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia.

RESPONSABILIDAD DE LA BANCA POR LAS CANTIDADES ENTREGADAS AL PROMOTOR INSOLVENTE PARA VIVIENDA FUTURA.

La Ley 57/1969 (derogada) junto con la Ley de Ordenación de la Edificación, obligan a los promotores de vivienda sobre plano a depositar las cantidad recibidas a cuenta en una cuenta especial abierta de una entidad financiera.

Cuando todo va bien, nadie tiene que reponder. Pero, ¿qué pasa si el promotor es insolvente? ¿Puede ser responsable la entidad bancaria de las cantidades depositadas por los compradores en la cuenta especial abierta a nombre del promotor? Una responsabilidad sobre la que nuestros tribunales se han venido manifestado de forma contradictoria a lo largo de los años, y que parece haberse aclarado a raíz de la sentencia de 21 de diciembre de 2015 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo. La resolución en cuestión resuelve esta dispersión jurisprudencial en Fundamento de Derecho sexto en los siguientes términos:

<<Conforme al art. 487.3 LEC procede casar la sentencia recurrida, para en su lugar confirmar la de primera instancia, y fijar como doctrina jurisprudencial la siguiente: « En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad>>.

Por lo que nuestro Tribunal Supremo considera que las entidades bancarias responden por las cantidades ingresadas por los compradores en las cuentas abiertas por el promotor. Es decir, el Alto Tribunal considera como regla general que las entidades de crédito deben fiscalizar los ingresos efectuados en las cuentas de los promotores.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia nº733 de 21 de diciembre de 2015.

EL IBI REPERCUTIDO SOBRE EL COMPRADOR DEL INMUEBLE.

La Sala Civil del Tribunal Supremo, en sentencia nº409/2016 de 15 de junio,  ha establecido como doctrina jurisprudencial que “el art. 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea“.

Así lo expone el Alto tribunal en una sentencia en la que da la razón a dos sociedades que vendieron a otra compañía 155 plazas de garaje en Madrid. Condenando a la compradora a pagar a los vendedores 8.562 euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al periodo que va desde que se efectúa la compra, en marzo de 2009 hasta diciembre de ese mismo año.

Sin prejuicio de ello, el Tribunal Supremo aclara que las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador.

Pinche AQUÍ para acceder al texto íntegro de la sentencia 409/2016 de 15 de junio del Tribunal Supremo.