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RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN POR CLÁUSULA SUELO

Hoy quiero hacer referencia a los “pactos extrajudiciales” en los que los consumidores renunciaron a una futura reclamación por cláusula suelo. Y más concretamente, me refiero a todos esos acuerdos firmados con anterioridad a la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció el derecho a reclamar lo cobrado por el banco en aplicación de las cláusulas suelo desde la firma del préstamo hipotecario. Y es ahora cuando entidades bancarias pretenden hacer valer en juicio esos “acuerdos” firmados con los clientes.

Pues bien, cada vez son más los juzgados que deben analizar estos supuestos. De forma que quiero traer a colación, por su claridad expositiva y argumentativa, la sentencia nº 50024/2017 de 13 de septiembre, dictada por el juez GONZÁLEZ URIEL (Juzgado de Primera Instancia nº11 de Bilbao).

En la citada resolución judicial, después de declarar la nulidad de la cláusula suelo prevista en la hipoteca, GONZÁLEZ URIEL analiza la validez del acuerdo de renuncia de acciones que había sido firmado por la demandante. De manera que, tras reflexionar sobre la legislación en materia de consumidores y usuarios así como las posibles líneas jurisprudenciales existentes, su Señoría considera necesario no otorgar validez jurídica al acuerdo de renuncia de acciones, y consecuentemente declara su nulidad.

En concreto, en el fundamento jurídico 4º de la sentencia, el juez expone <<considero que la renuncia no es válida porque carece de objeto: recae sobre los efectos de una cláusula inexistente, una cláusula radicalmente nula. La nulidad de la cláusula ya ha sido declarada en el fundamento anterior por lo que si se atribuyese eficacia a la transacción estaríamos pervirtiendo el efecto disuasorio perseguido por las normas de Derecho de la Unión Europea y por la Jurisprudencia del TJUE: la cláusula nunca ha existido, por lo que sobre la misma no es posible considerar subsistente o productor de efectos acuerdo alguno. El consumidor se encuentra en una situación de desequilibrio, por lo que ha efectuado una renuncia sin ser consciente del alcance de los efectos de la declaración de nulidad y de que no era posible transigir sobre una cláusula nula. Debe restituirse la situación de hecho y de derecho en que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, y dicha situación en modo alguno puede ser la resultante de una transacción de la misma>>.

A lo que el juzgador añade que <<el efecto de cosa juzgada material no puede darse en este supuesto: el acuerdo era nulo por carencia de objeto, por lo que no ha existido, y no se puede extender lo que no existe, so riesgo de caer en un absurdo jurídico insostenible. De este modo, estimo que la transacción fue llevada a cabo en un fraude de ley, perpetuando una situación antijurídica abusiva para el consumidor, vulneradora de la normativa europea y nacional sobre protección de los consumidores. La actora llevó a cabo una renuncia sobre un objeto sobre el que no podía transigir>>.

Quizás se pueda decir más alto, pero no más claro.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado

ACOSO A LA EXPAREJA

Hace más de un año que hablamos en este blog sobre el “novedoso” delito de stalking o acoso. Una figura delictiva que se encuentra dentro de nuestro ordenamiento jurídico a raíz de la reforma de 2015 y, sobre la que existe todavía una escasa jurisprudencia.

Pues bien, hoy, quiero hacer referencia a la reciente sentencia de 12 de julio de 2017 dictada por el Tribunal Supremo. Una resolución en la que el Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado por un individuo que había sido condenado a un año de prisión en calidad de autor de un delito de acoso a su expareja sentimental.

El recurrente en casación alegó entre los motivos del recurso, la existencia de una aplicación incorrecta del delito de acoso del art. 172 ter 1º y 2º del Código Penal, en la medida en que aunque el condenado reconoció que intentó comunicarse con su antigua pareja sentimental, no se habia podido podido probar que esa actividad haya sido lo suficientemente intensa como para provocar una grave alteración en el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

Un motivo de recurso desestimado por el Tribunal Supremo, ya que teniendo en consideración que nos encontramos ante un delito de resultado -alteración de la vida cotidiana-; el hecho de haberse probado determinadas conductas se ha de considerar que ocasionó ese resultado requerido por el delito. Concretamente las conductas o hechos probados a los que se refiere el Tribunal son los siguientes:

  • La existencia de una conducta insistente y reiterada, es decir, una serie de actos continuos y repetitivos en el tiempo (secuencia de llamadas telefónicas el 22 de marzo).
  • Reiteración de llamadas telefónicas el día 23 de marzo en diferentes espacios temporales (cuando la víctima se encontraba con unos amigos en un pub, mientras la víctima se encontraba en casa de unos amigos, así como otras cuarenta llamadas telefónicas ese mismo día).

Y más concretamente, dice el Tribunal Supremo que <<De esta situación, se deriva o fluye normalmente la consecuencia de una grave alteración de la vida cotidiana que excede de la mera molestia>>.

Mientras que añade también que <<No se está ante una mera molestia o incomodidad que, por emplear los términos de la STS 324/2017 ya citada, quedaría fuera de los “linderos de la tipicidad”, por el contrario, se está ante un delito de acoso del art. 172 ter CP que se cuestiona por el recurrente, por la capacidad de generar temor condicionando la vida de la víctima como lo acredita la orden de alejamiento citada, con aplicación del tipo agravado del párrafo 2º de dicho artículo>>.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

¿DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO?

El Código Penal prevé en el art. 74 que el sujeto que “…realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado”.

Pregunta: ¿Es posible la aplicación de esta regla (art.74CP) a todas las infracciones penales? y más concretamente, ¿es posible hablar de un delito de blanqueo de capitales como delito continuado?

Pues bien, el delito de blanqueo de capitales o blanqueo de dinero, encajaría en un principio (salvo casos excepcionales) dentro de lo que la jurisprudencia conoce como “tipos penales que incluyen conceptos globales”, es decir, figuras delictivas que describen diferentes conductas o hechos plurales que han de ser incluidos dentro de un mismo delito. De manera que una variedad de acciones punibles que poseen un contenido semejante constituyen una sola infracción penal y no un delito continuado en el tiempo.

Y en este sentido, se expresa el Tribunal Supremo en su sentencia nº 928/2016 (f.j 6º), cuando expone:

Pues bien, la jurisprudencia de este Tribunal ha venido entendiendo, tal como se anticipó supra, que en el delito de blanqueo de capitales estamos ante lo que un sector doctrinal denomina “tipos que incluyen conceptos globales”, es decir, hechos plurales incluidos en una única figura delictiva, lo que obliga a considerar que una variedad de acciones punibles de contenido semejante no constituyen un delito continuado sino una sola infracción penal; de modo que las actividades plurales tenemos que considerarlas integradas en el tipo penal del blanqueo como un delito único, equiparándolas así a los casos de los delitos contra la salud pública de tráfico de drogas ( SSTS 974/2012, de 5-12 , y 257/2014, de 1-4 , que a su vez se remiten a las sentencias 519/2002, de 22-3 ; 986/2004, de 13-9 ; 595/2005, de 9-5 ; y 413/2008, de 20-6 ). El hecho de que el art. 301 del C. Penal no contenga una redacción en plural de los actos que integran la conducta delictiva, como sí sucede en cambio con el tipo penal del art. 368 (tráfico de sustancias estupefacientes), no excluye que nos hallemos ante un tipo penal que incluye conceptos globales. 

De forma que el Alto Tribunal, en la sentencia a la hemos hecho referencia, rechaza la tesis mantenida por la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. 5ª), en sentencia de 27 de noviembre de 2015, en la que justificó la aplicación de la regla del artículo 74 al delito de blanqueo.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

LAS CONDUCTAS TÍPICAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El delito de blanqueo de capitales será cometido por un sujeto mediante una acción u omisión  por la que lleve a cabo alguna de las conductas previstas en los artículos 301.1 y 301.2 del Código Penal, cuyo contenido es el que sigue:

Artículo 301.1 : <<El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad  del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años>>.

Artículo 301.2 : <<Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos>>.

Es decir, nuestro legislador incluye en estos dos artículos un gran elenco de actividades que abarcan todo el proceso y fases del delito blanqueo de dinero. Una situación que puede provocar algunos problemas técnicos ya que utilizan términos superfluos o redundantes que puede llevarnos a situaciones absurdas. En todo caso, lo que no cabe duda es que el legislador quiere evitar  cualquier tipo de vacío legal que pudiese surgir al respecto.

Con la finalidad de aclarar y esquematizar las conductas de blanqueo podemos decir que son punibles, de conformidad con el tipo básico, dos grupos o tipos de conductas:

1) Conductas que se refieren a la adquisición, conversión, posesión, utilización o transmisión de bienes a sabiendas de su origen delictivo.

2) Cualquier otro acto (conducta) sobre bienes cuya finalidad sea lograr ocultar o encubrir el origen delictivo.

En el supuesto del primer grupo de conductas debemos hacer una breve referencia a los términos utilizados por nuestro legislador para la describir las diferentes actividades ejecutadas sobre los bienes. Y en este sentido:

La conducta de “adquirir” hace referencia al ingreso en el patrimonio del sujeto activo de los derechos sobre los bienes de origen delictivo.

La conducta de “convertir”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, se hace referencia a la «acción y efecto de convertir o convertirse», así como a la «mutación de una cosa en otra».

La conducta de “poseer” (introducida por nuestro legislador en el tipo penal de blanqueo a través de la LO 5/2010) hace referencia a la disponibilidad que tiene el sujeto sobre estos.

La conducta de “utilizar” hace referencia a la conducta específica de aprovecharse del objeto material del delito.

Y por último, debemos indicar que la conducta de “transmitir” hace referencia a la salida de bienes del patrimonio de un sujeto en beneficio e incremento del patrimonio de otro individuo.

Realizar cualquier tipo de acto orientado a ocultar el origen ilícito de los bienes, o a ayudar a quienes hayan intervenido en la comisión del delito previo a eludir las consecuencias legales de sus acciones.

Es lo que podemos llamar una cláusula “cajón desastre” y que por tanto necesitará ser interpretada de forma cautelosa por los tribunales, en la medida en que puede existir una excesiva generalización y extensión de su contenido que podrá ocasionar una vulneración del principio de legalidad, dada la falta de determinación de la conducta típica.

Por otro lado debemos hacer referencia a las conductas descritas en el art. 301.2 del Código Penal, que prevé aquellas que tratan de:

  • Ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de su delictiva procedencia.

Por lo que en este caso se trata de que el acusado ha realizado actos que han tenido como resultado la ocultación de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos de los bienes de procedencia está un delito de blanqueo previo.

Conclusión:

Con independencia del amplio abanico de conductas que prevé nuestro Código Penal, lo que realmente trata de criminalizar el legislador, son todas aquellas conductas que persiguen ocultar el origen ilícito de los bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva previa, así como criminalizar todas aquellas que tengan la finalidad de ayudar al autor de la conducta delictiva previa a eludir la sanción penal que le pueda corresponder.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)

 

RESPONSABILIDAD DE LA BANCA POR LAS CANTIDADES ENTREGADAS AL PROMOTOR INSOLVENTE PARA VIVIENDA FUTURA.

La Ley 57/1969 (derogada) junto con la Ley de Ordenación de la Edificación, obligan a los promotores de vivienda sobre plano a depositar las cantidad recibidas a cuenta en una cuenta especial abierta de una entidad financiera.

Cuando todo va bien, nadie tiene que reponder. Pero, ¿qué pasa si el promotor es insolvente? ¿Puede ser responsable la entidad bancaria de las cantidades depositadas por los compradores en la cuenta especial abierta a nombre del promotor? Una responsabilidad sobre la que nuestros tribunales se han venido manifestado de forma contradictoria a lo largo de los años, y que parece haberse aclarado a raíz de la sentencia de 21 de diciembre de 2015 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo. La resolución en cuestión resuelve esta dispersión jurisprudencial en Fundamento de Derecho sexto en los siguientes términos:

<<Conforme al art. 487.3 LEC procede casar la sentencia recurrida, para en su lugar confirmar la de primera instancia, y fijar como doctrina jurisprudencial la siguiente: « En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad>>.

Por lo que nuestro Tribunal Supremo considera que las entidades bancarias responden por las cantidades ingresadas por los compradores en las cuentas abiertas por el promotor. Es decir, el Alto Tribunal considera como regla general que las entidades de crédito deben fiscalizar los ingresos efectuados en las cuentas de los promotores.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia nº733 de 21 de diciembre de 2015.