Archivo de la categoría: JUSTICIA

CAUSAS DE ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS

La justicia debe ser imparcial. De hecho, uno de los derechos de los ciudadanos es el derecho a un juez imparcial. Por eso, nuestro ordenamiento jurídico prevé dos procedimientos diferentes que persiguen salvaguardar este derecho. Estos dos procedimientos son: a) la abstención y b) la recusación.

a) LA ABSTENCIÓN es el procedimiento mediante el cual es el propio juez o magistrado el que se aparta de seguir conociendo un determinado asunto.

b) LA RECUSACIÓN es el procedimiento mediante el que un tercero solicita que ese juez se aparte de un procedimiento concreto.

Pues bien, para evitar que un juez conozca y tramite un asunto concreto, resulta necesario que concurra alguna de las causas previstas por nuestro legislador. Estas causas de abstención y recusación de jueces y magistrados, que vienen fijadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son las siguientes:

1ª) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o con el Fiscal.

2º) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el abogado o procurador de cualquiera de las partes.

3ª) Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de éstas.

4ª) Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.

5ª) Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes.

6ª) Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo.

7ª) Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.

8ª) Tener pleito pendiente con alguna de las partes.

9ª) Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.

10ª) Si el juez a magistrado puede tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.

11ª) Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia.

12ª) Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa.

13ª) Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.

14ª) En los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso en alguna de las circunstancias mencionadas en las causas 1ª a 9ª, 12ª, 13ª y 15ª.

15ª) El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso.

16ª) Haber ocupado el juez o magistrado un cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

 

¿CÓMO HACER EL IMBÉCIL?

Hace pocos días una joven gallega reconocía haber denunciado unos falsos abusos sexuales cometidos por un grupo ficticio de jóvenes, que han sido conocidos por el término “la manada gallega”. Y digo ficticio, porque en Galicia hay manadas, muchas. Pero no, resulta que la que se ha convertido en los últimos días en la más famosa, es producto de la imaginación de una joven. Pues bien, una vez de que la denunciante ha reconocido que se inventó todo, asunto terminado. La justicia no tiene que investigar más. Pero, las cosas no pueden quedar ahí. Ahora la joven se enfrenta a una pena de multa por haber simulado un delito, y no, no se trata de una denuncia falsa.

Pero, ¿qué diferencias hay entre una denuncia falsa y una simulación de delito? Para dar una respuesta a esta pregunta, debemos atender a los artículos 456 y 457 del Código Penal.

El art. 456 regula el delito de denuncia falsa en los siguientes términos <<Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación>>. Un delito que la jurisprudencia sintetiza en la concurrencia de cuatro requisitos: 1) Imputación de unos hechos a una persona concreta; 2) que se trate de hechos que de ser ciertos tengan carácter de ilícitos; 3) los hechos tienen que ser denunciados ante una autoridad con obligación de actuar de oficio; y finalmente 4) ha de existir una intención delictiva por parte del sujeto que denuncia, en la medida en que actúa de mala fe debido a que conoce la falsedad de los hechos denunciados.

Sin embargo, el art. 457 regula la llamada simulación de delito, y lo hace en los siguientes términos <<El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales>>. Esto se traduce en la necesidad del cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) que el denunciante se declare culpable o víctima de una infracción penal inexisente o ficticia, o simplemente que denuncie un hecho delictivo ficticio sin necesidad de declararse culpable o perjudicado; 2)  los hechos tienen que ser denunciados ante una autoridad con obligación de actuar de oficio para su averiguación; y finalmente 3) se tiene que poner en marcha el mecanismo de investigación, es decir, se han de iniciar las actuaciones procesales para la averiguación de los hechos denunciados.

Por tanto, la diferencia fundamental entre la denuncia falsa y la simulación de delito,  radica en que cuando se simula un delito no se imputa el hecho denunciado a ninguna persona concreta (autor desconocido o genérico), como es por ejemplo el caso de “la manada gallega”. Mientras que el caso de una denuncia falsa se acusa a una persona/s de la comisión de un hecho delictivo. Y por último, cabe decir también que existe una diferencia sustancial en relación con las penas previstas en el Código Penal, fijándose pena de prisión de hasta dos años (para el caso de la denuncia falsa) y multa de hasta doce meses (para el caso de la simulación de delito).

Recomendación para el próximo joven que quiera hacerse el gracioso. Si quieres llamar la atención, no simules ser víctima de un delito. Apúntate a Mujeres, Hombres y Viceversa, Gran Hermano o cualquier programa de televisión que pueda realzar tu afán de protagonismo hasta límites insospechados. Si te vienes arriba, te animas y quieres hacer algo más complicado, ESTUDIA, FÓRMATE EN UNA PROFESIÓN Y TRABAJA DURO.

Conclusión:

Si quieres afán de protagonismo, sé el protagonista. Ahora eso si, no hagas el imbécil.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

CONDUCIR SIN PUNTOS EN EL CARNÉ

En la entrada publicada en este blog el pasado 30 de abril de 2017, ya hablamos del delito del artículo 384 del Código Penal que establece que:

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

En aquella ocasión hicimos referencia a una sentencia en la que el sujeto había incurrido en este delito en la medida en que conducía un vehículo a motor sin haber obtenido previamente el permiso de circulación.

Sin embargo, hoy queremos hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al supuesto en el que un individuo conduce un vehículo con un permiso sin vigencia debido la pérdida total de los puntos. Pues bien, en este caso el Tribunal Supremo (sentencia de 31 de octubre de 2017) considera que el delito del art. 384 del  Código Penal, no requiere un elemento adicional de poner en riesgo la seguridad vial, por tanto una vez más, afirma nuestro Alto Tribunal que nos encontramos ante un delito de peligro en abstracto que se traduce en conducir sin las condiciones legalmente establecidas para ello. La sentencia en cuestión hace referencia a la nº612/2017 del mismo tribunal en la que éste se expresó en los siguientes términos: <Aquí, ocurre lo propio. La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día>>. 

Otra sentencia del Tribunal Supremo que puede resultar interesante para el lector, en relación con esta materia es la nº699/2017 de 25 de octubre.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN POR CLÁUSULA SUELO

Hoy quiero hacer referencia a los “pactos extrajudiciales” en los que los consumidores renunciaron a una futura reclamación por cláusula suelo. Y más concretamente, me refiero a todos esos acuerdos firmados con anterioridad a la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció el derecho a reclamar lo cobrado por el banco en aplicación de las cláusulas suelo desde la firma del préstamo hipotecario. Y es ahora cuando entidades bancarias pretenden hacer valer en juicio esos “acuerdos” firmados con los clientes.

Pues bien, cada vez son más los juzgados que deben analizar estos supuestos. De forma que quiero traer a colación, por su claridad expositiva y argumentativa, la sentencia nº 50024/2017 de 13 de septiembre, dictada por el juez GONZÁLEZ URIEL (Juzgado de Primera Instancia nº11 de Bilbao).

En la citada resolución judicial, después de declarar la nulidad de la cláusula suelo prevista en la hipoteca, GONZÁLEZ URIEL analiza la validez del acuerdo de renuncia de acciones que había sido firmado por la demandante. De manera que, tras reflexionar sobre la legislación en materia de consumidores y usuarios así como las posibles líneas jurisprudenciales existentes, su Señoría considera necesario no otorgar validez jurídica al acuerdo de renuncia de acciones, y consecuentemente declara su nulidad.

En concreto, en el fundamento jurídico 4º de la sentencia, el juez expone <<considero que la renuncia no es válida porque carece de objeto: recae sobre los efectos de una cláusula inexistente, una cláusula radicalmente nula. La nulidad de la cláusula ya ha sido declarada en el fundamento anterior por lo que si se atribuyese eficacia a la transacción estaríamos pervirtiendo el efecto disuasorio perseguido por las normas de Derecho de la Unión Europea y por la Jurisprudencia del TJUE: la cláusula nunca ha existido, por lo que sobre la misma no es posible considerar subsistente o productor de efectos acuerdo alguno. El consumidor se encuentra en una situación de desequilibrio, por lo que ha efectuado una renuncia sin ser consciente del alcance de los efectos de la declaración de nulidad y de que no era posible transigir sobre una cláusula nula. Debe restituirse la situación de hecho y de derecho en que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, y dicha situación en modo alguno puede ser la resultante de una transacción de la misma>>.

A lo que el juzgador añade que <<el efecto de cosa juzgada material no puede darse en este supuesto: el acuerdo era nulo por carencia de objeto, por lo que no ha existido, y no se puede extender lo que no existe, so riesgo de caer en un absurdo jurídico insostenible. De este modo, estimo que la transacción fue llevada a cabo en un fraude de ley, perpetuando una situación antijurídica abusiva para el consumidor, vulneradora de la normativa europea y nacional sobre protección de los consumidores. La actora llevó a cabo una renuncia sobre un objeto sobre el que no podía transigir>>.

Quizás se pueda decir más alto, pero no más claro.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado

ACOSO A LA EXPAREJA

Hace más de un año que hablamos en este blog sobre el “novedoso” delito de stalking o acoso. Una figura delictiva que se encuentra dentro de nuestro ordenamiento jurídico a raíz de la reforma de 2015 y, sobre la que existe todavía una escasa jurisprudencia.

Pues bien, hoy, quiero hacer referencia a la reciente sentencia de 12 de julio de 2017 dictada por el Tribunal Supremo. Una resolución en la que el Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado por un individuo que había sido condenado a un año de prisión en calidad de autor de un delito de acoso a su expareja sentimental.

El recurrente en casación alegó entre los motivos del recurso, la existencia de una aplicación incorrecta del delito de acoso del art. 172 ter 1º y 2º del Código Penal, en la medida en que aunque el condenado reconoció que intentó comunicarse con su antigua pareja sentimental, no se habia podido podido probar que esa actividad haya sido lo suficientemente intensa como para provocar una grave alteración en el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

Un motivo de recurso desestimado por el Tribunal Supremo, ya que teniendo en consideración que nos encontramos ante un delito de resultado -alteración de la vida cotidiana-; el hecho de haberse probado determinadas conductas se ha de considerar que ocasionó ese resultado requerido por el delito. Concretamente las conductas o hechos probados a los que se refiere el Tribunal son los siguientes:

  • La existencia de una conducta insistente y reiterada, es decir, una serie de actos continuos y repetitivos en el tiempo (secuencia de llamadas telefónicas el 22 de marzo).
  • Reiteración de llamadas telefónicas el día 23 de marzo en diferentes espacios temporales (cuando la víctima se encontraba con unos amigos en un pub, mientras la víctima se encontraba en casa de unos amigos, así como otras cuarenta llamadas telefónicas ese mismo día).

Y más concretamente, dice el Tribunal Supremo que <<De esta situación, se deriva o fluye normalmente la consecuencia de una grave alteración de la vida cotidiana que excede de la mera molestia>>.

Mientras que añade también que <<No se está ante una mera molestia o incomodidad que, por emplear los términos de la STS 324/2017 ya citada, quedaría fuera de los “linderos de la tipicidad”, por el contrario, se está ante un delito de acoso del art. 172 ter CP que se cuestiona por el recurrente, por la capacidad de generar temor condicionando la vida de la víctima como lo acredita la orden de alejamiento citada, con aplicación del tipo agravado del párrafo 2º de dicho artículo>>.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).