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SENTENCIA DE LEO MESSI.

La Sección Octava de  Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 5 de julio 2016, ha condenado a Leonil Messi a 21 meses de prisión como autor de tres delitos contra la hacienda pública, en la modalidad de defraudación, de los arts. 305 y 305 bis CP, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada del art. 21.5 CP.

El hecho de que una persona decida (Messi), beneficiándose de ello, permanecer en la ignorancia sobre la licitud de determinada actividad que le podía resultar relevante, cuando estaba en disposición de conocerla por diversos medios fiables y rápidos, revela una grave indiferencia que permite considerar que se ha actuado con dolo.

De manera que, el hecho de que el astro argentino haya encomendado a su padre y a los abogados que este contrató, la gestión de sus asuntos económicos, no le exime de responsabilidad por los ilícitos fiscales que puedan cometerse con la explotación de sus derechos de imagen.

Según los hechos declarados probados, la obtención de dichos ingresos fue ocultada a la Hacienda española mediante una estrategia consistente en crear la apariencia de cesión de los derechos de imagen del jugador a sociedades radicadas en paraísos fiscales, sin someterse por tanto al control por parte de la Administración tributaria española.

Pinche AQUÍ para acceder al texto íntegro de la sentencia de Leonil Messi.

EL IBI REPERCUTIDO SOBRE EL COMPRADOR DEL INMUEBLE.

La Sala Civil del Tribunal Supremo, en sentencia nº409/2016 de 15 de junio,  ha establecido como doctrina jurisprudencial que “el art. 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea“.

Así lo expone el Alto tribunal en una sentencia en la que da la razón a dos sociedades que vendieron a otra compañía 155 plazas de garaje en Madrid. Condenando a la compradora a pagar a los vendedores 8.562 euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al periodo que va desde que se efectúa la compra, en marzo de 2009 hasta diciembre de ese mismo año.

Sin prejuicio de ello, el Tribunal Supremo aclara que las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión, aunque la regla general, en caso de ausencia de pacto contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador.

Pinche AQUÍ para acceder al texto íntegro de la sentencia 409/2016 de 15 de junio del Tribunal Supremo.

DIFERENCIA ENTRE JUEZ Y MAGISTRADO.

El artículo 117.1 de la Constitución de 1978 establece que <<la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley>>. Mientras que el artículo 122.1 del mismo texto legal prevé que <<La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia>>.

Una Ley Orgánica del Poder Judicial que desarrolló el mandato constitucional, estableciendo que << Las funciones jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de todo orden regulados en esta ley se ejercerán únicamente por jueces y magistrados profesionales, que forman la Carrera Judicial>> (art. 298.1 LOPJ). Una Carrera Judicial que estará compuesta por tres categorías: 1ª) Magistrado del Tribunal Supremo, 2ª) Magistrado y 3ª) Juez.

Entonces, ¿qué diferencia existe entre un juez y un magistrado?

La diferencia consiste en una cuestión de categoría. De manera que un juez podrá acceder a la categoría de Magistrado (art. 311.2 LOPJ) cuando haya prestado tres años de servicios efectivo como juez.

Para el acceso a la categoría de Juez, y de conformidad con 301.3 de la LOPJ  <<…se producirá mediante la superación de una oposición libre y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial>>. Sin embargo, se podrá acceder a la categoría de Magistrado <<…mediante concurso entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional que superen el curso de formación en la Escuela Judicial>> (arts. 301.5 y 311.1 LOPJ).

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

EL ESTADO DE WHATSAPP CARECE DE VALOR PROBATORIO.

El Tribunal Supremo en sentencia de 10 mayo de 2016 (nº54/2016), anula la sanción impuesta de cuatro días de suspensión de sus funciones a un guardia civil, por una falta leve de desconsideración o incorrección con un superior en el ejercicio de las mismas. El Alto Tribunal ha considerado que no se ha acreditado que las expresiones e imágenes que aparecían en el “estado” de su whatsapp se referían a su superior. 

Los hechos sancionados ocurrieron cuando el Sargento, Comandante de un puesto de la Guardia Civil, después de recibir un whatsapp del citado agente sobre un servicio, le abrió un parte disciplinario al tener la certeza de que las palabras que figuraban en su “estado” de whatsapp “20 de 100?? 3,5 en psicología? Inútil…”, con varios emoticonos de caras sonrientes, iban dirigidas “abiertamente” contra él, que obtuvo una nota semejante, un 3,167, en la prueba de psicología que había realizado recientemente. El expediente disciplinario concluyó con la imposición de la mencionada sanción al guardia civil por una falta leve de desconsideración o incorrección con el superior en el ejercicio de sus funciones; sanción que fue confirmada por el Tribunal Militar que ahora es anulada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

El Supremo considera que el Tribunal Militar ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia del recurrente al efectuar una valoración no razonable del conjunto de la prueba, extrayendo conclusiones no concordes con las reglas de la lógica, la racionalidad y la sana crítica.

Pinche AQUÍ para consultar el texto íntegro de la sentencia de la Sala Quinta (Militar) del Tribunal Supremo.

EL DELITO DE ESTAFA.

El delito de estafa, regulado en el artículo 248 del Código Penal, aparece por primera vez dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el Código de 1822.

Un delito de estafa que según nuestro Código Penal, se define como aquellas actuaciones en las que una persona con ánimo de lucro, utiliza un engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Mientras que nuestro Tribunal Supremo en sentencias 5 de mayo de 2008 y 14 de julio de 2011, citando la sentencia de 47/2005, de 28 de enero, define la estafa como “un artificio creado por alguien con objeto de hacer pasar por cierta una situación que no lo es, como forma de inducir a error a otro que, en virtud de la aceptación de tal apariencia como real, dispone de algún bien a favor del primero, que se enriquece ilícitamente, con el consiguiente perjuicio patrimonial para el segundo”.

De forma que los elementos del tipo penal (estafa), y en lectura de la sentencia del Tribunal Supremo 465/2012, de 1 de junio, son los siguientes:

1º) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico. De manera que esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto (objetivo-subjetivo), en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio así como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad del sujeto pasivo en el caso concreto.

Un engaño que podemos definir como “la acción y el efecto de hacer creer a alguien, algo que no es verdad” (STS 161/2002, de 4 de febrero). Y un engaño que tal y como ya ha establecido de forma reiterada nuestra jurisprudencia, ha se ser precedente, es decir. anterior al desplazamiento patrimonial.

Por otro lado, el tipo penal habla de un engaño bastante, entendiendo nuestra jurisprudencia que éste se produce cuando “….aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto” (SSTS 162/2012, de 15 de marzo y 590/2012, de 5 de julio).

2º) El engaño debe desencadenar el error del sujeto pasivo (víctima de la estafa) de la acción.

Y en relación con este error,  debemos destacar lo expuesto por nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 29 de octubre de 1998, “en la medida en que el error que sufre el sujeto pasivo, en atención a las circunstancias del caso particular, las relaciones entre autor y víctima y las circunstancias subjetivas de esta última, resulta evitable con una mínima diligencia y sea exigible su evitación, no puede hablarse de engaño bastante y en consecuencia no puede ser imputado el error a la previa conducta engañosa quebrándose la correspondiente relación de riesgo pues “bastante” no es el engaño que puede ser fácilmente evitable, sino aquel que sea idóneo para vencer los mecanismos de defensa puestos por el titular del patrimonio perjudicado. En estos casos el error es producto del comportamiento negligente de la víctima …”

3º) Debe existir un acto de disposición de disposición patrimonial del sujeto pasivo, a causa de la existencia o concurrencia del error, en beneficio del autor o sujeto activo del delito o de un tercero.

El elemento esencial de la estafa está constituido por un acto de disposición que realiza el engañado –sujeto pasivo de la acción- bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad.

El acto de disposición puede consistir tanto en una acción positiva: entregar una cosa, gravar un bien, prestar un servicio por el que no se obtiene contraprestación (STS 137/2007, de 16 de febrero), como en una omisión que produzca el perjuicio señalado en la Ley (por ejemplo, dejar prescribir la acción para reclamación).

4º) La conducta engañosa ha de ser ejecutada de manera dolosa y con ánimo de lucro.

El componente del dolo, sobre el que nuestro Tribunal Supremo, en sentencia 274/2012 de 4 de abril señala que “no cabe equiparar necesariamente la falta de verdad con lo mendaz. Si engañar es decir mentira con “apariencia de verdad” y la mentira exige disociación entre lo dicho y lo que se “sabe, cree o piensa”; es claro que el engaño exige, más que la falta a la verdad, la conciencia de dicha falta y la voluntad de que no sea percibida por el interlocutor. Por ello no bastará constatar la falta de verdad, exigiéndose la conciencia de la misma y la voluntad de disimularla”.

El dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa de las consecuencias de su conducta (STS 507/2003, de 9 de abril). No hay dolo si el autor no es consciente del engaño, así quien vende una finca creyendo ser de su propiedad no comete delito de estafa (STS de 26 de marzo de 1951).

Mientras que el componente del ánimo de lucro, según la jurisprudencia y la doctrina “aparece integrado por el elemento «intelectivo» de «conocer que se está engañando y perjudicando a otro» y el «volitivo» de obtener una ventaja o provecho, es decir, la propia norma al definir el tipo delictivo exige expresamente el «ánimo de lucro» u obtención de un provecho económico como contrapartida al perjuicio. Este elemento subjetivo del dolo, como en cualquier otro supuesto, ha de inferirse de los hechos realizados y de los beneficios obtenidos como resultado de la acción…” (STS 1232/2002, de 2 de julio).

5º) Debe existir un perjuicio para la víctima, que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (es decir, debe concurrir un nexo causal entre ambas). Materializándose este perjuicio en el mismo riesgo ilícito que supone la acción engañosa del sujeto activo para el patrimonio de la víctima. En palabras del Tribunal Supremo, “en el delito de estafa, no basta para realizar el tipo objetivo con la concurrencia de un engaño que causalmente produzca un perjuicio patrimonial al titular del patrimonio perjudicado, sino que es necesario todavía, en un plano normativo y no meramente ontológico, que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción engañosa, de acuerdo con el fin de protección de la norma, requiriéndose, a tal efecto, en el artículo 248 CP que ello tenga lugar mediante un engaño bastante” (SSTS 243/2012, de 30 de marzo, 182/2005, de 15 de febrero, 368/2007, de 9 de mayo y 452/2011, de 31 de mayo).

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol)