Archivo de la categoría: LEYES Y NORMAS

LA OBLIGACIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA

El Tribunal Supremo permite a las empresas no cumplir con el famoso “registro de jornada diaria” de la plantilla. Sin embargo, si mantiene la obligación de los empresarios de llevar un control mensual de las horas extras realizadas por los diferentes trabajadores.

Los magistrados de nuestro Tribunal Supremo advierten de que las empresas no están obligadas “por ahora” a llevar un registro horario, razón por la que los tribunales no pueden “suplir al legislador imponiendo el establecimiento de un complicado sistema, mediante una condena genérica”.

El Alto Tribunal considera que la decisión adoptaba, basada en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores, no deja indefenso al empleado a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, puesto que la empresa le notificará el número de extras acumuladas a final de mes.

Referencia: Sentencia nº246/2017, de 23 de marzo, Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel López García de la Serrana

LAS CONDUCTAS TÍPICAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El delito de blanqueo de capitales será cometido por un sujeto mediante una acción u omisión  por la que lleve a cabo alguna de las conductas previstas en los artículos 301.1 y 301.2 del Código Penal, cuyo contenido es el que sigue:

Artículo 301.1 : <<El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad  del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años>>.

Artículo 301.2 : <<Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos>>.

Es decir, nuestro legislador incluye en estos dos artículos un gran elenco de actividades que abarcan todo el proceso y fases del delito blanqueo de dinero. Una situación que puede provocar algunos problemas técnicos ya que utilizan términos superfluos o redundantes que puede llevarnos a situaciones absurdas. En todo caso, lo que no cabe duda es que el legislador quiere evitar  cualquier tipo de vacío legal que pudiese surgir al respecto.

Con la finalidad de aclarar y esquematizar las conductas de blanqueo podemos decir que son punibles, de conformidad con el tipo básico, dos grupos o tipos de conductas:

1) Conductas que se refieren a la adquisición, conversión, posesión, utilización o transmisión de bienes a sabiendas de su origen delictivo.

2) Cualquier otro acto (conducta) sobre bienes cuya finalidad sea lograr ocultar o encubrir el origen delictivo.

En el supuesto del primer grupo de conductas debemos hacer una breve referencia a los términos utilizados por nuestro legislador para la describir las diferentes actividades ejecutadas sobre los bienes. Y en este sentido:

La conducta de “adquirir” hace referencia al ingreso en el patrimonio del sujeto activo de los derechos sobre los bienes de origen delictivo.

La conducta de “convertir”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, se hace referencia a la «acción y efecto de convertir o convertirse», así como a la «mutación de una cosa en otra».

La conducta de “poseer” (introducida por nuestro legislador en el tipo penal de blanqueo a través de la LO 5/2010) hace referencia a la disponibilidad que tiene el sujeto sobre estos.

La conducta de “utilizar” hace referencia a la conducta específica de aprovecharse del objeto material del delito.

Y por último, debemos indicar que la conducta de “transmitir” hace referencia a la salida de bienes del patrimonio de un sujeto en beneficio e incremento del patrimonio de otro individuo.

Realizar cualquier tipo de acto orientado a ocultar el origen ilícito de los bienes, o a ayudar a quienes hayan intervenido en la comisión del delito previo a eludir las consecuencias legales de sus acciones.

Es lo que podemos llamar una cláusula “cajón desastre” y que por tanto necesitará ser interpretada de forma cautelosa por los tribunales, en la medida en que puede existir una excesiva generalización y extensión de su contenido que podrá ocasionar una vulneración del principio de legalidad, dada la falta de determinación de la conducta típica.

Por otro lado debemos hacer referencia a las conductas descritas en el art. 301.2 del Código Penal, que prevé aquellas que tratan de:

  • Ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de su delictiva procedencia.

Por lo que en este caso se trata de que el acusado ha realizado actos que han tenido como resultado la ocultación de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos de los bienes de procedencia está un delito de blanqueo previo.

Conclusión:

Con independencia del amplio abanico de conductas que prevé nuestro Código Penal, lo que realmente trata de criminalizar el legislador, son todas aquellas conductas que persiguen ocultar el origen ilícito de los bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva previa, así como criminalizar todas aquellas que tengan la finalidad de ayudar al autor de la conducta delictiva previa a eludir la sanción penal que le pueda corresponder.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)

 

EL FALSO MITO DE LAS CONDENAS INFERIORES A DOS AÑOS DE PRISIÓN.

En los últimos días y como consecuencia de la famosa sentencia condenatoria a Leo Messi, se ha recuperado en las redes sociales el falso mito sobre las condenas inferiores a los dos años de prisión. Un mito muy extendido por lo que he podido apreciar y que básicamente consiste en que si eres condenado a una pena de prisión inferior a dos años y no tienes antecedentes penales, nunca vas a entrar en un centro penitenciario para cumplir con la condena. Pues bien, no existe ninguna norma que establezca  “no cárcel = condena  inferior a dos años de prisión + no antecedentes”.

Si bien es cierto, que nuestro Código Penal deja la posibilidad de que un juez o tribunal pueda dejar el cumplimiento de la condena de prisión en suspenso cuando ésta sea inferior a dos años de duración. Se trata en todo caso, de una facultad para el juez y no una obligación. El ejercicio de dicha facultad deberá ser motivado y fundamentado, para  lo cual valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, el esfuerzo llevado a cabo por el condenado para reparar el daño causado, las circunstancias familiares y sociales del individuo, y los posibles efectos que pueda tener la suspensión de la pena y de las medidas que le puedan ser impuestas.

Además el artículo 80.2 del Código Penal establece una serie de circunstancias necesarias que deben concurrir para dejar en suspenso la ejecución de la pena, y por tanto para no entrar en prisión para cumplir la pena inferior a dos años impuesta en sentencia. Estas circunstancias son:

1.ª) Que el condenado haya delinquido por primera vez.

En este caso hablamos de un requisito indispensable, de manera que el condenado no debe tener antecedentes penales. Sin embargo, debemos dejar claro y en relación con este requisito que el Código Penal establece que:

No se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros”.

2.ª) Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa

3.ª) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.

Con carácter excepcional, será posible la suspensión de la pena, en el caso de delincuentes habituales, cuando a pesar de no cumplirse las dos primeros requisitos (no antecedentes y condena inferior a dos años), y en atención a las circunstancias personales del individuo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado. Condicionando en estos casos la suspensión de la pena, a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo alcanzado entre las partes. Una suspensión de carácter excepcional que conllevará la imposición de una multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Conclusión: No existe la ley que establezca : Pena inferior a dos años + sin antecedentes = No cárcel.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol)

LA LEY DEL CROWDFUNDING.

El 28 abril de 2015, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2015, denominada Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Un texto normativo con diversos objetivos entre los que se encuentra la regulación dentro de nuestro ordenamiento jurídico de las llamadas plataformas de financiación participativa, que ejecutan actividades de “crowdfunding o financiación en masa”.

Pero, ¿qué son estas plataformas y para qué sirven?

Las plataformas de financiación participativa conectan a los promotores un proyecto empresarial, que necesitan financiación para ejecutarlo y hacerlo realidad, con inversores que buscan una buena inversión con posibilidades de alcanzar un alto rendimiento.  Por lo que permite a los promotores del proyecto, conseguir fondos para hacer realidad su empresa, sin necesidad de recurrir a sistemas de financiación más habituales o tradicionales, como por ejemplo la financiación bancaria.

La actividad de crowdfunding se caracteriza por la existencia de numerosos inversores que aportan cantidades pequeñas en proyectos de alto potencial, con un riesgo medio-alto en la inversión, al no garantizar la plataforma en ningún momento la viabilidad o solvencia del promotor. Sin embargo, y a pesar de que los pequeños inversores están muy presentes en las plataformas de financiación participativa, cada vez aparecen más inversiones profesionales dentro de éstas, depositando fondos en diversos proyectos. Estos inversores profesionales es lo que la ley denomina, inversores acreditados.

Una ley que establece el régimen jurídico que han de cumplir las plataformas con el fin de asegurar la transparencia de éstas frente a los diferentes inversores. Requisitos que podemos concretar en:

  • Imposición de registro de las Plataformas de Financiación Participativas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), asegurando las debidas garantías sobre la legalidad del desarrollo de las compañías.
  • Obligación a socios, administradores y altos directivos de la plataforma de registrarse ante la CNMV, garantizando sus capacidades para la actividad profesional.
  • Las plataformas deben contar con un respaldo financiero que les permita hacer frente a las posibles responsabilidades que se puedan derivar de su actividad.
  • Proporcionar el grado máximo de transparencia por parte de la plataforma.

Una forma de financiación que tiene unos mayores riesgos para el inversor y que la Ley trata de mitigar mediante determinadas medidas consistentes en:

  • Limitar el volumen de cada proyecto. De forma que la plataforma sólo podrá financiar 2.000.000€ por cada proyecto, a excepción de que se trate de un proyecto destinado únicamente a inversores acreditados, en cuyo caso el límite se fija en 5.000.000€.
  • Un inversor no acreditado tendrá un límite máximo de 3.000€ por cada proyecto en el que quiera invertir.
  • Un inversor no acreditado solamente podrá invertir 10.000€ como máximo en una misma plataforma en un periodo de 12 meses.

Existen diversas plataformas de financiación participativa a las que se puede acceder a través de la red, que cada vez son más utilizadas para financiar proyectos de sectores muy dispares.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)

DELITO DE ESTAFA PROCESAL.

La estafa procesal, es un subtipo agravado del delito de estafa, lo que supone una pena superior a la del tipo básico. Una estafa procesal regulada en el artículo 250.1.7º del Código Penal, que castiga al sujeto activo con la pena de prisión de uno a  seis años y multa de seis a doce meses.

En palabras del Tribunal Supremo, ” la estafa procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, que se utiliza como instrumento defraudatorio.”

Un delito consistente en manipular pruebas o utilizar cualquier otro fraude procesal análogo, dentro de un procedimiento judicial, favoreciendo la posición jurídica mantenida por el sujeto activo del delito. Ocasionando esta manipulación un error en el Juez o Tribunal ,llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte procesal o de un tercero.

Por lo que estamos ante una figura delictiva, cuya particularidad es, que el sujeto pasivo del delito es el Juez o Magistrado, a quién a través de una determinada maniobra procesal, se le induce a seguir un procedimiento o a dictar una resolución viciada por la conducta típica.

La jurisprudencia establece una serie de requisitos que han de cumplirse para la aplicación del tipo penal. Requisitos que resumimos en:

a) Existencia de un engaño bastante, requisito esencial (que caracteriza a toda clase de estafa) que ha de reproducirse dentro de un procedimiento judicial.

b) El engaño tiene como finalidad producir un error en el Juez o Tribunal que conoce de la causa.

c) El autor debe tener la intención de que el Juzgado o Tribunal, dicte una resolución favorable a sus intereses.

d) La intención del autor tiene que conllevar la producción de un perjuicio a un tercero, perjuicio que tiene que ser naturalmente ilícito puesto que hay ánimo de lucro, y también es ilícito, pues es el motor de toda esta conducta delictiva.

Además nuestra jurisprudencia también diferencia entre la llamada estafa procesal propia y la estafa procesal impropia. Se utiliza la denominación de estafa procesal propia cuando el sujeto engañado es el juez. Los ardides, inexactitudes y falsedades, incorporados a los documentos en que se formula la demanda o denuncia están destinados, como es lógico, a defraudar a la parte afectada o lo que es lo mismo, a tratar de conseguir una sentencia injusta a sabiendas de la falsedad de sus pretensiones. Si se dicta la resolución, el engañado realmente o el inducido a error, es el juez, ya que la parte perjudicada conoce la verdadera realidad y es consciente de la falsedad, pero no consigue desmontarla procesalmente, a pesar de sus alegaciones y protestas. Mientras que se habla de estafa procesal impropia cuando se induce a error a la contraparte, llevándola a una vía procesal, en la que el juez se limita a examinar las alegaciones. El que resulta finalmente condenado es el que, en virtud de estas ocultaciones o engaños, se ve perjudicado en su patrimonio de manera efectiva.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado I.C.A Ferrol.