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¿CÓMO HACER EL IMBÉCIL?

Hace pocos días una joven gallega reconocía haber denunciado unos falsos abusos sexuales cometidos por un grupo ficticio de jóvenes, que han sido conocidos por el término “la manada gallega”. Y digo ficticio, porque en Galicia hay manadas, muchas. Pero no, resulta que la que se ha convertido en los últimos días en la más famosa, es producto de la imaginación de una joven. Pues bien, una vez de que la denunciante ha reconocido que se inventó todo, asunto terminado. La justicia no tiene que investigar más. Pero, las cosas no pueden quedar ahí. Ahora la joven se enfrenta a una pena de multa por haber simulado un delito, y no, no se trata de una denuncia falsa.

Pero, ¿qué diferencias hay entre una denuncia falsa y una simulación de delito? Para dar una respuesta a esta pregunta, debemos atender a los artículos 456 y 457 del Código Penal.

El art. 456 regula el delito de denuncia falsa en los siguientes términos <<Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación>>. Un delito que la jurisprudencia sintetiza en la concurrencia de cuatro requisitos: 1) Imputación de unos hechos a una persona concreta; 2) que se trate de hechos que de ser ciertos tengan carácter de ilícitos; 3) los hechos tienen que ser denunciados ante una autoridad con obligación de actuar de oficio; y finalmente 4) ha de existir una intención delictiva por parte del sujeto que denuncia, en la medida en que actúa de mala fe debido a que conoce la falsedad de los hechos denunciados.

Sin embargo, el art. 457 regula la llamada simulación de delito, y lo hace en los siguientes términos <<El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales>>. Esto se traduce en la necesidad del cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) que el denunciante se declare culpable o víctima de una infracción penal inexisente o ficticia, o simplemente que denuncie un hecho delictivo ficticio sin necesidad de declararse culpable o perjudicado; 2)  los hechos tienen que ser denunciados ante una autoridad con obligación de actuar de oficio para su averiguación; y finalmente 3) se tiene que poner en marcha el mecanismo de investigación, es decir, se han de iniciar las actuaciones procesales para la averiguación de los hechos denunciados.

Por tanto, la diferencia fundamental entre la denuncia falsa y la simulación de delito,  radica en que cuando se simula un delito no se imputa el hecho denunciado a ninguna persona concreta (autor desconocido o genérico), como es por ejemplo el caso de “la manada gallega”. Mientras que el caso de una denuncia falsa se acusa a una persona/s de la comisión de un hecho delictivo. Y por último, cabe decir también que existe una diferencia sustancial en relación con las penas previstas en el Código Penal, fijándose pena de prisión de hasta dos años (para el caso de la denuncia falsa) y multa de hasta doce meses (para el caso de la simulación de delito).

Recomendación para el próximo joven que quiera hacerse el gracioso. Si quieres llamar la atención, no simules ser víctima de un delito. Apúntate a Mujeres, Hombres y Viceversa, Gran Hermano o cualquier programa de televisión que pueda realzar tu afán de protagonismo hasta límites insospechados. Si te vienes arriba, te animas y quieres hacer algo más complicado, ESTUDIA, FÓRMATE EN UNA PROFESIÓN Y TRABAJA DURO.

Conclusión:

Si quieres afán de protagonismo, sé el protagonista. Ahora eso si, no hagas el imbécil.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

LAS ASOCIACIONES DE CANNABIS

Una vez más, Cataluña a la cabeza. Los catalanes se mueven con la sociedad. Cualquiera que tenga relación con el mundo jurídico, es conocedor de que en esto de las leyes y doctrinas jurisprudenciales, la Comunidad Autónoma de Cataluña es novedosa e innovadora.

Y tal es así, que hoy, 14 de julio de 2017, entra en vigor la Ley 13/2017, de 6 de julio, que lleva por título “de las asociaciones de consumidores de cannabis”. Una ley que considera el consumo de cannabis por personas mayores de edad como una opción que forma parte del ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

La ley catalana regula los requisitos que deben cumplir las asociaciones de consumidores, que no tendrán ánimo de lucro y deben estar inscritas en un Registro de Asociaciones.  Y entre otras cuestiones, la ley también regula un aspecto muy importante, como es el establecimiento por parte de las asociaciones de implantar unas medidas de control de la distribución de cabannis, así como de las condiciones higiénicas y sanitarias de la sustancia, obligándose a colaborar con organismos y entidades de salud pública.

Por último, comentar que también se establecen una serie de requisitos que deben cumplir los que quieran adquirir la condición de asociado: mayor de edad, consumidor, aval de otro asociado -a excepción de los que consuman por motivos terapéuticos- y firmar un documento en el que se manifiesta conocer el objeto, la finalidad de la asociación así como los derechos y deberes de los asociados.

Mi opinión: No siendo consumidor de la sustancia en cuestión, considero que no resulta de más el hecho de regular determinadas cuestiones en relación al consumo del cannabis.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

EL TRAMO DE LA MUERTE: GANAR ENTRE 11.250€ y 14.450€.

El famoso “tramo de la muerte” no es uno de los puntos negros de las carreteras de nuestro país o una zona en la que puedas encontrarte con la famosa “chica de la curva”. Se trata de una “zona fiscal” en la que se encuentran todas las personas físicas que ganan entre 11.250€ y 14.450€ brutos cada año. 

Es decir, se trata del punto en el que se encuentran estos individuos cuyo tipo marginal que pagarán en el IRPF asciende en estos casos a un 44,5%, por lo que tienen un tipo marginal igual que todas aquellas personas que ganan más de 65.000€ anuales.

 Pero, ¿qué explicación tiene ésto?

Aquí os dejamos un enlace a El Blog Salmón en donde se explica este famoso “tramo de la muerte”.

 

CONDUCIR SIN CARNÉ ES UN DELITO

El artículo 384 de nuestro Código Penal establece que:

“El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

La duda que se ha planteado en relación con este delito, entre otras, es si ha de ser aplicado en los casos en que el sujeto investigado ha ocasionado un peligro real para la seguridad vial o si por el contrario sólo fuere necesario que el sujeto haya realizado la conducta (conducir sin carné). En otras palabras, la duda es si nos encontramos ante un delito de peligro concreto o ante un delito de peligro abstracto.

Pues bien en relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 2017, establece que en el caso del artículo 384 (cuando el sujeto conduce sin haber obtenido el carné) nos encontramos ante un delito de peligro abstracto. En concreto dice el Supremo que <<De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor>>.

Esta sentencia en cuestión, revoca el fallo absolutorio fijado por la Audiencia Provincial de Toledo y, condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros.

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA INDEMNIZACIÓN A ROBERTO HERAS.

El Tribunal Supremo ratifica la indemnización de 724.904€ concedida por la Audiencia Nacional al exciclista Roberto Heras. Una cantidad que deriva de la anulación judicial de la sanción que se le impuso al deportista a raíz de dar positivo en un control antidopaje en el año 2005.

La indemnización tiene su fundamento en que la sanción ha ocasionado un importante perjuicio al exciclista. En palabras del Supremo: <<Es la sanción impuesta la causa directa, inmediata y exclusiva de que se rescindieran los contratos laborales y de patrocinio y de que el Sr. Heras se viera privado de ejercer como ciclista profesional durante el tiempo de la sanción, con independencia de que en la rescisión de aquellos contratos intervinieran terceros>>.

Pincha AQUÍ para leer la sentencia.