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LA OBLIGACIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA

El Tribunal Supremo permite a las empresas no cumplir con el famoso “registro de jornada diaria” de la plantilla. Sin embargo, si mantiene la obligación de los empresarios de llevar un control mensual de las horas extras realizadas por los diferentes trabajadores.

Los magistrados de nuestro Tribunal Supremo advierten de que las empresas no están obligadas “por ahora” a llevar un registro horario, razón por la que los tribunales no pueden “suplir al legislador imponiendo el establecimiento de un complicado sistema, mediante una condena genérica”.

El Alto Tribunal considera que la decisión adoptaba, basada en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores, no deja indefenso al empleado a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, puesto que la empresa le notificará el número de extras acumuladas a final de mes.

Referencia: Sentencia nº246/2017, de 23 de marzo, Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel López García de la Serrana

LIBERTAD DE INFORMACIÓN vs DERECHO A LA PROPIA IMAGEN.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de septiembre de 2016, expone su postura en relación con la ponderación que ha de hacerse cuando el derecho a la propia imagen y el derecho a la libertad de información entran en conflicto. Y recuerda que la intromisión en la esfera íntima de un personaje público sólo es legítima cuando haya un consentimiento o se realice durante un acto público o en lugares abiertos al público.

El caso analizado en la sentencia trata de determinar si una revista del corazón se había extralimitado al publicar unas fotografías de un personaje público en la terraza de un restaurante. La demandada y recurrente alegó que tal intromisión en la intimidad del personaje no se había producido ya que se trataba de un lugar y una persona de carácter público, por lo que no se requiere ningún consentimiento previo para la publicación de las fotografías.

Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que la terraza de un restaurante no es un lugar público sino privado, por lo que no se cumplen los requisitos para legitimar la intromisión en el derecho a la propia imagen.

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DELITO ELECTORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.

El juez encargado de la instrucción del caso Imelsa en relación con una pieza separada en dónde se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales, ha acordado ampliar a la investigación a un delito electoral en el Ayuntamiento de Valencia.

En la resolución judicial (AUTO), el juez ha acordado citar a declarar en calidad de investigadas a la exsecretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello.

El magistrado considera que existen indicios de que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, en “ejecución de un plan preconcebido”, cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada básicamente por García Fuster, “carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP”. Concluyendo en la resolución que el delito electoral se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo; por eso acuerda investigarlos conjuntamente, ampliando el objeto de esta pieza separada en la que hay 47 personas investigadas más el PP, investigado como persona jurídica.

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SENTENCIA DE LEO MESSI.

La Sección Octava de  Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 5 de julio 2016, ha condenado a Leonil Messi a 21 meses de prisión como autor de tres delitos contra la hacienda pública, en la modalidad de defraudación, de los arts. 305 y 305 bis CP, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada del art. 21.5 CP.

El hecho de que una persona decida (Messi), beneficiándose de ello, permanecer en la ignorancia sobre la licitud de determinada actividad que le podía resultar relevante, cuando estaba en disposición de conocerla por diversos medios fiables y rápidos, revela una grave indiferencia que permite considerar que se ha actuado con dolo.

De manera que, el hecho de que el astro argentino haya encomendado a su padre y a los abogados que este contrató, la gestión de sus asuntos económicos, no le exime de responsabilidad por los ilícitos fiscales que puedan cometerse con la explotación de sus derechos de imagen.

Según los hechos declarados probados, la obtención de dichos ingresos fue ocultada a la Hacienda española mediante una estrategia consistente en crear la apariencia de cesión de los derechos de imagen del jugador a sociedades radicadas en paraísos fiscales, sin someterse por tanto al control por parte de la Administración tributaria española.

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INCAPACIDAD PERMANENTE PARA UN ABOGADO QUE PERDIÓ LA VISIÓN DE UN OJO.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de mayo de 2016, ha resuelto que la pérdida total de visión en un ojo como consecuencia de una accidente no laboral, puede ser considerado de una incapacidad permanente para el ejercicio de la abogacía.

Declarando el Alto Tribunal que la pérdida de un ojo equivale a una incapacidad parcial de entre un 24 y 36%.

Además de dicho reconocimiento, el Tribunal Supremo, estima el recurso interpuesto por el demandante, concediendo un derecho a una indemnización a tanto alzado de veinticuatro mensualidades de la base reguladora correspondiente.

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