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DELITO DE FALSEDAD DE CUENTAS SOCIETARIAS

El delito de falsedad de cuentas, se trata de un delito económico, societario y de carácter doloso. Una figura delictiva prevista en nuestro Código Penal, concretamente en el artículo 290, que establece que:

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

Si llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

Por tanto, como ya hemos adelantado y como ha declarado de forma reiterada nuestra jurisprudencia, nos encontramos ante un delito de carácter doloso. Un dolo que ha de ser directo, es decir, la acción u omisión del administrador ha de tener la finalidad “falsear las cuentas para causar un perjuicio económico” y ésta debe ser querida por aquel. Es por ello por lo que no bastaría con que el sujeto activo acepte como consecuencia de su conducta el hecho de que se ocasione un perjuicio económico (dolo eventual).

El Tribunal Supremo en sentencia de 17 de marzo de 2016 (f.j 3º), expone lo siguiente:

Y en cuanto al núcleo de la conducta típica, dice la sentencia 655/2010 , “falsear” en el sentido del art. 290, es mentir, es alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos que suscriba el administrador de hecho o de derecho, porque así es como se frustra, además, el derecho de los destinatarios de la información social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la sociedad. Hay que tener en cuenta que ocultar o suprimir datos es una forma de faltar a la verdad en la narración de los hechos, y por otra, que el administrador tiene el deber jurídico de cumplir con su cometido con la diligencia de un ordinario empresario y de su representante leal ( art. 127.1 LSA y 61 LSRL ), lo que, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la información que suministra sobre la sociedad.

En definitiva, hay que probar la “finalidad de perjudicar” no sólo desde un punto de vista formal (idóneo) sino también desde un punto de vista material. Y prueba de ello, por ejemplo, puede ser el hecho de haber presentado esas cuentas “irreales” ante el Registro Mercantil, ya que es en ese momento en donde éstas afectan al tráfico jurídico mercantil, así como a los intereses de las sociedades, socios o terceros.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

CONDUCIR SIN CARNÉ ES UN DELITO

El artículo 384 de nuestro Código Penal establece que:

“El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

La duda que se ha planteado en relación con este delito, entre otras, es si ha de ser aplicado en los casos en que el sujeto investigado ha ocasionado un peligro real para la seguridad vial o si por el contrario sólo fuere necesario que el sujeto haya realizado la conducta (conducir sin carné). En otras palabras, la duda es si nos encontramos ante un delito de peligro concreto o ante un delito de peligro abstracto.

Pues bien en relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 2017, establece que en el caso del artículo 384 (cuando el sujeto conduce sin haber obtenido el carné) nos encontramos ante un delito de peligro abstracto. En concreto dice el Supremo que <<De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor>>.

Esta sentencia en cuestión, revoca el fallo absolutorio fijado por la Audiencia Provincial de Toledo y, condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros.

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA INDEMNIZACIÓN A ROBERTO HERAS.

El Tribunal Supremo ratifica la indemnización de 724.904€ concedida por la Audiencia Nacional al exciclista Roberto Heras. Una cantidad que deriva de la anulación judicial de la sanción que se le impuso al deportista a raíz de dar positivo en un control antidopaje en el año 2005.

La indemnización tiene su fundamento en que la sanción ha ocasionado un importante perjuicio al exciclista. En palabras del Supremo: <<Es la sanción impuesta la causa directa, inmediata y exclusiva de que se rescindieran los contratos laborales y de patrocinio y de que el Sr. Heras se viera privado de ejercer como ciclista profesional durante el tiempo de la sanción, con independencia de que en la rescisión de aquellos contratos intervinieran terceros>>.

Pincha AQUÍ para leer la sentencia.

LA OBLIGACIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA

El Tribunal Supremo permite a las empresas no cumplir con el famoso “registro de jornada diaria” de la plantilla. Sin embargo, si mantiene la obligación de los empresarios de llevar un control mensual de las horas extras realizadas por los diferentes trabajadores.

Los magistrados de nuestro Tribunal Supremo advierten de que las empresas no están obligadas “por ahora” a llevar un registro horario, razón por la que los tribunales no pueden “suplir al legislador imponiendo el establecimiento de un complicado sistema, mediante una condena genérica”.

El Alto Tribunal considera que la decisión adoptaba, basada en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores, no deja indefenso al empleado a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, puesto que la empresa le notificará el número de extras acumuladas a final de mes.

Referencia: Sentencia nº246/2017, de 23 de marzo, Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel López García de la Serrana

EL CANJE DE SUBORDINADAS POR ACCIONES DE BANKIA

El Tribunal Supremo determina que el canje de las obligaciones subordinadas por acciones de la entidad Bankia no convalida la nulidad del consentimiento existente en la contratación de este producto financiero.

Concretamente el Supremo expone que <<Tampoco cabe considerar que la nulidad del consentimiento quedara posteriormente sanada o convalidada por el canje de las obligaciones subordinadas por acciones de Bankia, puesto que el error ya se había producido y los clientes, ante el riesgo cierto que suponía que la entidad emisora no tenía la solvencia que manifestaba, aceptaron dicho canje a fin de intentar incurrir en las menores pérdidas posibles>>.

Y añade que <<…en dicho canje la entidad financiera incumplió nuevamente las obligaciones legales, como puso de manifiesto el Informe de la Comisión Nacional de Valores de 11 de febrero de 2013, al incidir en el conflicto de intereses entre la entidad y sus clientes a la hora de determinación del precio del canje>>.

El Tribunal recuerda en el fundamento jurídico tercero que se ha de entender por el término “obligaciones subordinadas”, exponiendo que:

<<Como dijimos en la sentencia núm. 102/2016, de 25 de febrero , en términos generales, se conoce como deuda subordinada a unos títulos valores de renta fija con rendimiento explícito, emitidos normalmente por entidades de crédito, que ofrecen una rentabilidad mayor que otros activos de deuda. Sin embargo, esta mayor rentabilidad se logra a cambio de perder capacidad de cobro en caso de insolvencia o de extinción y posterior liquidación de la sociedad, ya que está subordinado el pago en el orden de prelación en relación con los acreedores ordinarios (en caso de concurso, art. 92.2 Ley Concursal ). A diferencia de las participaciones preferentes, que suelen ser perpetuas, la deuda subordinada suele tener fecha de vencimiento. El capital en ningún caso está garantizado y estos bonos no están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos>>.

Consulte AQUÍ el texto íntegro de la sentencia núm. 584/2016, de 30 de septiembre, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.