Archivo de la categoría: SENTENCIA

CONDUCIR SIN CARNÉ ES UN DELITO

El artículo 384 de nuestro Código Penal establece que:

“El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

La duda que se ha planteado en relación con este delito, entre otras, es si ha de ser aplicado en los casos en que el sujeto investigado ha ocasionado un peligro real para la seguridad vial o si por el contrario sólo fuere necesario que el sujeto haya realizado la conducta (conducir sin carné). En otras palabras, la duda es si nos encontramos ante un delito de peligro concreto o ante un delito de peligro abstracto.

Pues bien en relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 2017, establece que en el caso del artículo 384 (cuando el sujeto conduce sin haber obtenido el carné) nos encontramos ante un delito de peligro abstracto. En concreto dice el Supremo que <<De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor>>.

Esta sentencia en cuestión, revoca el fallo absolutorio fijado por la Audiencia Provincial de Toledo y, condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros.

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA INDEMNIZACIÓN A ROBERTO HERAS.

El Tribunal Supremo ratifica la indemnización de 724.904€ concedida por la Audiencia Nacional al exciclista Roberto Heras. Una cantidad que deriva de la anulación judicial de la sanción que se le impuso al deportista a raíz de dar positivo en un control antidopaje en el año 2005.

La indemnización tiene su fundamento en que la sanción ha ocasionado un importante perjuicio al exciclista. En palabras del Supremo: <<Es la sanción impuesta la causa directa, inmediata y exclusiva de que se rescindieran los contratos laborales y de patrocinio y de que el Sr. Heras se viera privado de ejercer como ciclista profesional durante el tiempo de la sanción, con independencia de que en la rescisión de aquellos contratos intervinieran terceros>>.

Pincha AQUÍ para leer la sentencia.

LA OBLIGACIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA

El Tribunal Supremo permite a las empresas no cumplir con el famoso “registro de jornada diaria” de la plantilla. Sin embargo, si mantiene la obligación de los empresarios de llevar un control mensual de las horas extras realizadas por los diferentes trabajadores.

Los magistrados de nuestro Tribunal Supremo advierten de que las empresas no están obligadas “por ahora” a llevar un registro horario, razón por la que los tribunales no pueden “suplir al legislador imponiendo el establecimiento de un complicado sistema, mediante una condena genérica”.

El Alto Tribunal considera que la decisión adoptaba, basada en la interpretación del Estatuto de los Trabajadores, no deja indefenso al empleado a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, puesto que la empresa le notificará el número de extras acumuladas a final de mes.

Referencia: Sentencia nº246/2017, de 23 de marzo, Ponente: Excmo. Sr. D. José Manuel López García de la Serrana

EL CANJE DE SUBORDINADAS POR ACCIONES DE BANKIA

El Tribunal Supremo determina que el canje de las obligaciones subordinadas por acciones de la entidad Bankia no convalida la nulidad del consentimiento existente en la contratación de este producto financiero.

Concretamente el Supremo expone que <<Tampoco cabe considerar que la nulidad del consentimiento quedara posteriormente sanada o convalidada por el canje de las obligaciones subordinadas por acciones de Bankia, puesto que el error ya se había producido y los clientes, ante el riesgo cierto que suponía que la entidad emisora no tenía la solvencia que manifestaba, aceptaron dicho canje a fin de intentar incurrir en las menores pérdidas posibles>>.

Y añade que <<…en dicho canje la entidad financiera incumplió nuevamente las obligaciones legales, como puso de manifiesto el Informe de la Comisión Nacional de Valores de 11 de febrero de 2013, al incidir en el conflicto de intereses entre la entidad y sus clientes a la hora de determinación del precio del canje>>.

El Tribunal recuerda en el fundamento jurídico tercero que se ha de entender por el término “obligaciones subordinadas”, exponiendo que:

<<Como dijimos en la sentencia núm. 102/2016, de 25 de febrero , en términos generales, se conoce como deuda subordinada a unos títulos valores de renta fija con rendimiento explícito, emitidos normalmente por entidades de crédito, que ofrecen una rentabilidad mayor que otros activos de deuda. Sin embargo, esta mayor rentabilidad se logra a cambio de perder capacidad de cobro en caso de insolvencia o de extinción y posterior liquidación de la sociedad, ya que está subordinado el pago en el orden de prelación en relación con los acreedores ordinarios (en caso de concurso, art. 92.2 Ley Concursal ). A diferencia de las participaciones preferentes, que suelen ser perpetuas, la deuda subordinada suele tener fecha de vencimiento. El capital en ningún caso está garantizado y estos bonos no están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos>>.

Consulte AQUÍ el texto íntegro de la sentencia núm. 584/2016, de 30 de septiembre, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN vs DERECHO A LA PROPIA IMAGEN.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de septiembre de 2016, expone su postura en relación con la ponderación que ha de hacerse cuando el derecho a la propia imagen y el derecho a la libertad de información entran en conflicto. Y recuerda que la intromisión en la esfera íntima de un personaje público sólo es legítima cuando haya un consentimiento o se realice durante un acto público o en lugares abiertos al público.

El caso analizado en la sentencia trata de determinar si una revista del corazón se había extralimitado al publicar unas fotografías de un personaje público en la terraza de un restaurante. La demandada y recurrente alegó que tal intromisión en la intimidad del personaje no se había producido ya que se trataba de un lugar y una persona de carácter público, por lo que no se requiere ningún consentimiento previo para la publicación de las fotografías.

Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que la terraza de un restaurante no es un lugar público sino privado, por lo que no se cumplen los requisitos para legitimar la intromisión en el derecho a la propia imagen.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia.