En esta entrada quiero hacer referencia a una reciente sentencia en la que Tribunal Supremo confirma una condena por blanqueo al no haber prescrito el delito. El Supremo desestima el recurso de casación formulado contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc.6) que impuso al recurrente una pena de cuatro años de prisión y multa de 778.508€. La resolución a la que me estoy refiriendo es la STS 1150/2020 de 19 de mayo.

RESUMEN DE HECHOS PROBADOS

La sentencia de instancia que es objeto de recurso de casación recoge una serie de hechos probados que podemos resumir en:

  1. Don José (acusado) obtuvo grandes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico.
  2. El acusado había sido condenado en el 2010 y 2012 por tráfico de drogas.
  3. En los hechos probados no quedó acreditada ningún tipo de actividad empresarial o laboral realizada por Don José.
  4. El acusado realizó una serie de inversiones a partir del año 1998.
  5. Don José constituyó varias sociedades y utilizó a personas interpuestas con la finalidad de ocultar el origen delictivo de los bienes.
  6. Se acreditó la existencia de una sociedad principal en la que el acusado intentó aglutinar  todo el patrimonio a partir de marzo del año 2000.

CONDENA POR BLANQUEO Y LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN

1º) Prescripción del delito de blanqueo de capitales.

El recurrente mantiene que la sentencia de la Audiencia Provincial no resuelve la pretensión formulada en juicio respecto a la prescripción del delito de blanqueo de capitales. Mientras que el Tribunal Supremo en la sentencia a la que me refiero hoy (STS 1150/2020) mantiene que ésto no es así, sino que la AP de Barcelona desestima la alegación del recurrente y por tanto resuelve sobre la prescripción alegada por el condenado.  Concretamente, el Supremo dice <<no es cierto que el Tribunal no resuelva la pretensión del recurrente. En los últimos párrafos del FJ 6º de la sentencia impugnada se razona sobre la prescripción, para desestimar la alegación del recurrente entendiendo que la última de las conductas de blanqueo tiene lugar cuando en el año 2007, como administrador y socio único de la entidad DIRECCION002 . procede a vender la totalidad de las participaciones a DIRECCION007 , de manera que la adquirente deviene en propietaria aparente del inmueble URBANIZACION000 , sita en Paje DIRECCION010 NUM001 de DIRECCION003 , por lo que, cuando se incoan las diligencias previas contra el recurrente por un posible delito de blanqueo con fecha 28 de junio de 2010, no había transcurrido el plazo necesario para la prescripción. Por lo tanto, se desestima expresamente su pretensión.>>

Y, en tanto que no había transcurrido el plazo de prescripción del delito de blanqueo de capitales (10 años), el alto tribunal desestima el motivo de casación fundamentado en la prescripción del delito.

2º) Dilaciones indebidas.

El recurrente alegó en casación la existencia de la vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución. Unas dilaciones que podrán actuar como una atenuante simple o atenuante muy cualificada.

Sin embargo, en el f.j 2º de la sentencia, el Tribunal Supremo desestima el motivo en base a varias cuestiones:

  • El recurrente no alega en sus conclusiones provisionales y definitivas la existencia de estas dilaciones.
  • Además, el recurrente tampoco señala ningún periodo de paralización injustificado del procedimiento.
  • Existe una aparente complejidad de la causa debido a las numerosas operaciones ejecutadas con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los bienes.
3º Presunción de inocencia.

Otro de los motivos expuestos en el recurso de casación era el haber vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Un motivo que es desestimado por el Tribunal Supremo en el f.j 3º de la sentencia que estamos comentando.  

El alto tribunal desestima el motivo formulado por el recurrente en base a tres puntos:

  • El recurrente discrepa de la inferencia realizada por el tribunal de la AP de Barcelona para determinar la condena, sin embargo no determina o relaciona qué aspectos han sido valorados erróneamente.
  • La sentencia objeto de recurso desarrolla de manera amplia diversos aspectos a considerar: las condenas previas por tráfico de drogas del condenado, no se le conoce actividad que justifique sus ingresos, las numerosas operaciones carentes de una explicación lógica que resultan indicativas de una trama para ocultar el origen delictivo del dinero.
  • La inferencia realizada por el tribunal es lógica, detallada y compresible para cualquiera.

Por último, quiero destacar que el TS aprovecha este f.j 3º para recordar su doctrina jurisprudencial sobre la llamada prueba indiciaria o prueba por indicios, y dice:

<<..la STS nº 220/2015, de 9 de abril, recogía el contenido de la STC 128/2011, de 18 de julio, la cual, enlazando con ideas reiteradísimas, sintetiza la doctrina sobre la aptitud de la prueba indiciaria para constituirse en la actividad probatoria de cargo que sustenta una condena: «A falta de prueba directa de cargo, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que: 1) el hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados; 2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados; 3) se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia, para lo que es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y, sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, «en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes» ( SSTC 300/2005, de 21 de noviembre, FJ 3 ; 111/2008, de 22 de septiembre, FJ 3 y 70/2010 , FJ 3). Asumiendo «la radical falta de competencia de esta jurisdicción de amparo para la valoración de la actividad probatoria practicada en un proceso penal y para la evaluación de dicha valoración conforme a criterios de calidad o de oportunidad» ( SSTC 137/2005, de 23 de mayo, FJ 2 y 111/2008, de 22 de septiembre , FJ 3), sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando «la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada» ( SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 4 ; 111/2008, de 22 de septiembre, FJ 3 ; 109/2009, de 11 de mayo, FJ 3 ; 70/2010, de 18 de octubre, FJ 3 ; 25/2011, de 14 de marzo , FJ 8)».>>

Consulta el texto íntegro de la sentencia haciendo click en el siguiente enlace:

STS 1150/2020

 

Un saludo y hasta la próxima.

Fdo.- Alejandro Seoane Pedreira.

Curso de Prevención de Blanqueo de capitales

con Alejandro Seoane Pedreira

Abogado especialista en blanqueo de capitales