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VALIDEZ DE LAS PRUEBAS ILEGALES

Si partimos de una lectura del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no nos queda otra interpretación posible que no sea entender que si una prueba es obtenida de manera ilegal no podemos hacer uso de ésta en un procedimiento judicial. Y es que este precepto prevé que <<En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales>>. Es decir, no todo vale. Las pruebas utilizadas en el juicio deben haber sido obtenidas de forma legal.

De Sin embargo, esta regla general puede tener diversos matices, así por ejemplo resulta diferente si es el Estado el que ha obtenido ilegalmente las pruebas que se intentan utilizar en el juicio o si por el contrario éstas han sido obtenidas por un particular. Un ejemplo de ésto, lo podemos encontrar en la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2017, también conocida como la sentencia Falciani. El Alto Tribunal entiende que se debe distinguir esas dos situaciones, denegando la validez de las pruebas obtenidas ilegalmente por parte del Estado y admitiendo las obtenidas ilegalmente por un particular ajeno a la actividad estatal.

Concretamente el fundamento jurídico 6º de la sentencia dice <<Pues bien, la Sala entiende que la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del art. 11 de la LOPJ y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito….>>

Sin embargo, el Tribunal Supremo advierte y reconoce que la mayoría de la jurisprudencia opta por excluir la prueba obtenida por un particular con vulneración de derechos fundamentales, justificando su decisión en ese caso concreto, en el hecho de que no existe elemento alguno que nos conduzca a una finalidad de preconstitución de prueba por parte del Sr. Faciani.  En este sentido el Supremo fundamenta su decisión con las siguientes palabras:

<<La jurisprudencia de esta Sala ofrece precedentes que no siempre actúan en la misma dirección. Son abrumadoramente mayoritarias, desde luego, las decisiones que optan por la exclusión de la prueba obtenida por un particular con vulneración de derechos fundamentales (cfr. por todas, SSTS 239/2014, 1 de abril ; 569/2013, 26 de junio ; 1066/2009, 4 de noviembre , entre las más recientes).

Pero no faltan supuestos en los que la ausencia de toda finalidad de preconstitución probatoria por parte del particular que proporciona las pruebas, lleva a la Sala a admitir la validez de la prueba cuestionada. Es el caso, por ejemplo, de la STS 793/2013, 28 de octubre , en la que la Sala no hizo valer la regla de exclusión porque “…no pueden solucionarse con arreglo a las mismas pautas valorativas los casos en los que esa grabación se ofrece por los agentes de policía que han asumido la investigación de un hecho delictivo y aquellos en que son los particulares quienes obtienen la grabación. Y tratándose de particulares, aconsejan un tratamiento jurídico distinto las imágenes que hayan podido grabarse mediante cámara oculta por un periodista para respaldar un programa televisivo, por una víctima para obtener pruebas con las que adverar una denuncia o por una entidad bancaria como medida disuasoria frente a robos violentos. Tampoco puede dispensarse un tratamiento unitario al caso de una grabación que se realice con simultaneidad al momento en el que se está ejecutando el delito, frente a aquellos otros en los que se busca información sobre acciones delictivas ya cometidas o planeadas para el futuro” .>>

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

 

 

ABSUELTOS DE UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Resulta obvia la dificultad con la que se encuentran los tribunales para justificar una condena cuando la acusación se fundamenta en determinados delitos. Uno de éstos, es el delito de blanqueo de capitales, que en ocasiones supone un quebradero de cabeza para los tribunales ya que una y otra vez tienen que acudir a la prueba indiciaria o prueba por indicios, con la finalidad de motivar las condenas.

Pues bien, hoy quiero hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2017, por la que se absuelve a un individuo y a su suegra de un delito de blanqueo de capitales por el que habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid.

En concreto y para analizar el supuesto de hecho, exponemos los hechos probados en el juicio, que son:

Don Lorenzo , residente legal, nacido en Pereira (Colombia,1973), anteriormente condenado a tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas, el día 8 de octubre de 2012 cuando circulaba con el vehículo Seat Ibiza, fue parado en un control de alcoholemia por la Policía Local. Aunque dió negativo en la prueba realizada, los agentes decidieron registrar el vehículo, al causar sospechas en éstos, el estado de nerviosismo en el que se encontraba el acusado. Un registro en el que encontraron escondidos en la moldura lateral de la parte trasera del vehículo un bolsa con la cantidad de 599.845 € en efectivo.

Unos días más tarde, el 24 de octubre de 2012 a las 10:30, los agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, detectaron dos maletas con doble fondo en el que se encontraron 700.130€. El destino de ese equipaje era Bogotá, y su dueña era doña Claudia, nacida en Liborina (Colombia, 1967), que mantenía una relación con don Lorenzo, ya que éste era su yerno.

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, tal y como ya hemos adelantado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los acusados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, absuelve a ambos acusados del delito de blanqueo, ya que a pesar de la cuantía importante del dinero, no existe ninguna prueba o indicio que permita <<vincular a don Lorenzo con el tráfico de drogas a gran escala; y la condición de colombianos de él y de la acusada, sin más, es un dato que carece de fuerza argumental>>Y por tanto, el Alto Tribunal añade que <<la condena por el delito de que se trata carece de sustento probatorio>>.

Una decisión judicial que no es compartida por todos los Magistrados del Tribunal Supremo,  en este sentido se manifiestan y discrepan con la decisión de la Sala, los Excmos. Srs Magistrados don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA y don JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR.

El primero aboga por confirmar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, y por tanto, se decanta por una condena por blanqueo de capitales para ambos acusados, en atención a determinados elementos objetivos así como a la relación familiar (yerno/suegra) existente entre don Lorenzo y doña Claudia.

Sin embargo, el segundo de los votos particulares expuestos en la sentencia, opinión del magistrado SÁNCHEZ MELGAR, se inclina por una condena en relación con don Lorenzo, fundamentándose en los elementos objetivos e indicios a los que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid así como su compañero don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA. Mientras que opta por la absolución de doña Claudia ya que a pesar de ser la suegra de don Lorenzo, en sus propias palabras <<llevar dinero a Colombia no supone necesariamente la comisión de un delito de blanqueo, aun cuando existan sospechas. Es necesario algo más que conforme la prueba del conocimiento de que el dinero que transporta necesariamente tiene origen delictivo, y que este origen es además correspondiente de una actividad de narcotráfico a gran escala (dada la suma transportada). Tanto puede tener origen de otro delito (no lo sabemos), como en la venta (lícita) de activos patrimoniales que desconocemos, como en alguna otra actividad ilegal pero no delictiva>>. 

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

CONTRATO DE FRANQUICIA vs CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN.

El contrato de franquicia es un contrato celebrado entre dos partes (franquiciador y franquiciado), que tiene carácter atípico (no cuenta con una regulación específica en el ordenamiento jurídico). Un contrato según el cual, el franquiciador (empresario principal) otorga a la otra parte contratante (franquiciado), el derecho a utilizar bajo determinadas condiciones de control, durante un periodo de tiempo y para una determinada zona, una técnica en la actividad industrial/comercial o de prestación de servicios (know-how), a cambio de una determinada contraprestación económica.

La naturaleza del contrato de franquicia ha sido definida por el TJCE en sentencia de 28 de enero de 1986 en el <<caso Pronuptia>>. Una sentencia en la que además el Tribunal, marca las diferencias entre el contrato de franquicia y los contratos de distribución. Unas  diferencias que radican en que:

  • En el contrato de franquicia el franquiciador transmite su know how, o asistencia o metodología del trabajo, aplicando su sistema de comercialización que ya ha sido probado.
  • El franquiciador quedará obligado a dirigir, diseñar y en ocasiones sufragar determinadas campañas publicitarias para dar a conocer la marca franquiciada.

Mientras que en los contratos de distribución hablamos de dos empresarios totalmente independientes, entre los que se se establecen relaciones puntuales y limitadas. En el contrato de franquicia se transmite por parte de un empresario el saber hacer de un negocio concreto (know how), formándose y convirtiéndose en empresario. Ligando su actuación empresarial a este sistema de negocio cuya eficacia ya ha sido probada de forma experimental por el franquiciador.

Por su parte,  artículo 2.1 del RD 201/2010 de 26 de febrero por el que se desarrolla el artículo 62 de la Ley 7/1.996 de Ordenación del Comercio Minorista define la actividad comercial en régimen de franquicia como aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa – el franquiciador- cede a otro – el franquiciado-, en un mercado determinado y a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta o ambas, el derecho a la explotación de una franquicia sobre un negocio o actividad mercantil que el primero venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito, para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende, por lo menos:

    1) El uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato.
    2) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, substancial y singular.
    3) La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo.

Y, expresamente en su apartado 3, el artículo 2 dispone que no tendrá la consideración de franquicia el contrato de concesión mercantil o de distribución en exclusiva por el cual un empresario se compromete a adquirir, en determinadas condiciones, productos normalmente de marca a otro que le otorga una cierta exclusividad en una zona, y a revenderlos también bajo ciertas condiciones, así como a prestar a los compradores de estos productos asistencia una vez realizada la venta, pues obviamente, no hay transmisión ni cesión de know how alguno, pilar sobre el que se asienta todo contrato de franquicia.

Entonces, ¿por qué contrato debemos optar? Contrato de franquicia o contrato de distribución? Puede parecer que todo son ventajas en una franquicia, sin embargo no todo es oro lo que reluce. Por eso os recomendamos la lectura del post publicado en septiembre de 2015 sobre el concepto, las ventajas y los inconvenientes del contrato de franquicia.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

LA “CLÁUSULA LESIVA” SEGÚN EL TRIBUNAL SUPREMO.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 22 de abril de 2016 (sentencia número 273/2016), en la que define lo que ha de entenderse por “cláusula lesiva” para los intereses del asegurado, contenida en el artículo 3 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro.

Según el Alto Tribunal, ha de entenderse como “cláusula lesiva” aquella que reduce considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de forma que resulta prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. Es decir, la cláusula en sí misma supondría una ineficacia de la póliza del contrato de seguro.

Además el Tribunal Supremo, recuerda en esta sentencia las diferencias existentes entre las cláusulas de delimitación de cobertura y las cláusulas limitativas, que en muchas ocasiones pueden resultar un tanto difusas.

Pinche AQUÍ para acceder al texto íntegro de la Sentencia del Tribunal Supremo 273/2016, de 22 de abril.

DELITO DE ALTERACIÓN DE LINDES, HITOS Y MOJONES.

El delito previsto en el artículo 246 del Código penal, castiga el hecho de alterar la delimitación de propiedades contiguas. Una conducta típica dentro de la “picaresca gallega” , resultando numerosos los casos existentes en Galicia en donde un individuo modifica los elementos identificativos de los límites de su terreno con la finalidad de ganarle unos metros a la finca del vecino.

Conductas que en nuestro Código Penal están castigadas en el artículo 246, en virtud del cual <<El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses>>. Mientras que en su párrafo segundo el mismo artículo reza lo siguiente <<Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses>>.

De forma que en aquellos casos en los que el beneficio que se obtiene mediante la comisión de la conducta no excede de la cuantía de 400€ o la misma no puede ser valorada, se tratará de un delito leve (antiguamente tipificado como falta). En este caso, estamos por tanto ante una modificación operada a través de la última reforma de nuestro Código Penal, en la que se ha incrementado la pena respecto a las antiguas faltas cuya pena era de 10 a 30 días de multa.

De manera que la acción tipificada como delito consiste en cambiar de lugar los hitos o mojones, o cualquier clase de señal destinada a fijar los límites de las propiedades. Una acción que debe ir acompañada del dolo o intencionalidad de obtener un beneficio económico, es decir, para que se cometa el delito por parte del sujeto activo se tienen que cambiar los lindes ampliando su patrimonio y  en perjuicio de un tercero.

Por lo que nuestro Código Penal, exige además del elemento objetivo consistente en la alteración de los hitos o mojones que delimitan las propiedades, un elemento subjetivo consistente en la intención de lucrarse mediante la apropiación de parte de un terreno ajeno.

Un supuesto clásico en el que se comete delito de alteración de lindes es cuando existiendo una previa sentencia de deslinde, se mueven los hitos con el deseo de aumentar la superficie de quien lleva a cabo dicha alteración.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).