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LA “CLÁUSULA LESIVA” SEGÚN EL TRIBUNAL SUPREMO.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 22 de abril de 2016 (sentencia número 273/2016), en la que define lo que ha de entenderse por “cláusula lesiva” para los intereses del asegurado, contenida en el artículo 3 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro.

Según el Alto Tribunal, ha de entenderse como “cláusula lesiva” aquella que reduce considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de forma que resulta prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. Es decir, la cláusula en sí misma supondría una ineficacia de la póliza del contrato de seguro.

Además el Tribunal Supremo, recuerda en esta sentencia las diferencias existentes entre las cláusulas de delimitación de cobertura y las cláusulas limitativas, que en muchas ocasiones pueden resultar un tanto difusas.

Pinche AQUÍ para acceder al texto íntegro de la Sentencia del Tribunal Supremo 273/2016, de 22 de abril.

DELITO DE ALTERACIÓN DE LINDES, HITOS Y MOJONES.

El delito previsto en el artículo 246 del Código penal, castiga el hecho de alterar la delimitación de propiedades contiguas. Una conducta típica dentro de la “picaresca gallega” , resultando numerosos los casos existentes en Galicia en donde un individuo modifica los elementos identificativos de los límites de su terreno con la finalidad de ganarle unos metros a la finca del vecino.

Conductas que en nuestro Código Penal están castigadas en el artículo 246, en virtud del cual <<El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses>>. Mientras que en su párrafo segundo el mismo artículo reza lo siguiente <<Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses>>.

De forma que en aquellos casos en los que el beneficio que se obtiene mediante la comisión de la conducta no excede de la cuantía de 400€ o la misma no puede ser valorada, se tratará de un delito leve (antiguamente tipificado como falta). En este caso, estamos por tanto ante una modificación operada a través de la última reforma de nuestro Código Penal, en la que se ha incrementado la pena respecto a las antiguas faltas cuya pena era de 10 a 30 días de multa.

De manera que la acción tipificada como delito consiste en cambiar de lugar los hitos o mojones, o cualquier clase de señal destinada a fijar los límites de las propiedades. Una acción que debe ir acompañada del dolo o intencionalidad de obtener un beneficio económico, es decir, para que se cometa el delito por parte del sujeto activo se tienen que cambiar los lindes ampliando su patrimonio y  en perjuicio de un tercero.

Por lo que nuestro Código Penal, exige además del elemento objetivo consistente en la alteración de los hitos o mojones que delimitan las propiedades, un elemento subjetivo consistente en la intención de lucrarse mediante la apropiación de parte de un terreno ajeno.

Un supuesto clásico en el que se comete delito de alteración de lindes es cuando existiendo una previa sentencia de deslinde, se mueven los hitos con el deseo de aumentar la superficie de quien lleva a cabo dicha alteración.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

EL DELITO DE ESTAFA.

El delito de estafa, regulado en el artículo 248 del Código Penal, aparece por primera vez dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el Código de 1822.

Un delito de estafa que según nuestro Código Penal, se define como aquellas actuaciones en las que una persona con ánimo de lucro, utiliza un engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Mientras que nuestro Tribunal Supremo en sentencias 5 de mayo de 2008 y 14 de julio de 2011, citando la sentencia de 47/2005, de 28 de enero, define la estafa como “un artificio creado por alguien con objeto de hacer pasar por cierta una situación que no lo es, como forma de inducir a error a otro que, en virtud de la aceptación de tal apariencia como real, dispone de algún bien a favor del primero, que se enriquece ilícitamente, con el consiguiente perjuicio patrimonial para el segundo”.

De forma que los elementos del tipo penal (estafa), y en lectura de la sentencia del Tribunal Supremo 465/2012, de 1 de junio, son los siguientes:

1º) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico. De manera que esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto (objetivo-subjetivo), en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio así como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad del sujeto pasivo en el caso concreto.

Un engaño que podemos definir como “la acción y el efecto de hacer creer a alguien, algo que no es verdad” (STS 161/2002, de 4 de febrero). Y un engaño que tal y como ya ha establecido de forma reiterada nuestra jurisprudencia, ha se ser precedente, es decir. anterior al desplazamiento patrimonial.

Por otro lado, el tipo penal habla de un engaño bastante, entendiendo nuestra jurisprudencia que éste se produce cuando “….aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto” (SSTS 162/2012, de 15 de marzo y 590/2012, de 5 de julio).

2º) El engaño debe desencadenar el error del sujeto pasivo (víctima de la estafa) de la acción.

Y en relación con este error,  debemos destacar lo expuesto por nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 29 de octubre de 1998, “en la medida en que el error que sufre el sujeto pasivo, en atención a las circunstancias del caso particular, las relaciones entre autor y víctima y las circunstancias subjetivas de esta última, resulta evitable con una mínima diligencia y sea exigible su evitación, no puede hablarse de engaño bastante y en consecuencia no puede ser imputado el error a la previa conducta engañosa quebrándose la correspondiente relación de riesgo pues “bastante” no es el engaño que puede ser fácilmente evitable, sino aquel que sea idóneo para vencer los mecanismos de defensa puestos por el titular del patrimonio perjudicado. En estos casos el error es producto del comportamiento negligente de la víctima …”

3º) Debe existir un acto de disposición de disposición patrimonial del sujeto pasivo, a causa de la existencia o concurrencia del error, en beneficio del autor o sujeto activo del delito o de un tercero.

El elemento esencial de la estafa está constituido por un acto de disposición que realiza el engañado –sujeto pasivo de la acción- bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad.

El acto de disposición puede consistir tanto en una acción positiva: entregar una cosa, gravar un bien, prestar un servicio por el que no se obtiene contraprestación (STS 137/2007, de 16 de febrero), como en una omisión que produzca el perjuicio señalado en la Ley (por ejemplo, dejar prescribir la acción para reclamación).

4º) La conducta engañosa ha de ser ejecutada de manera dolosa y con ánimo de lucro.

El componente del dolo, sobre el que nuestro Tribunal Supremo, en sentencia 274/2012 de 4 de abril señala que “no cabe equiparar necesariamente la falta de verdad con lo mendaz. Si engañar es decir mentira con “apariencia de verdad” y la mentira exige disociación entre lo dicho y lo que se “sabe, cree o piensa”; es claro que el engaño exige, más que la falta a la verdad, la conciencia de dicha falta y la voluntad de que no sea percibida por el interlocutor. Por ello no bastará constatar la falta de verdad, exigiéndose la conciencia de la misma y la voluntad de disimularla”.

El dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa de las consecuencias de su conducta (STS 507/2003, de 9 de abril). No hay dolo si el autor no es consciente del engaño, así quien vende una finca creyendo ser de su propiedad no comete delito de estafa (STS de 26 de marzo de 1951).

Mientras que el componente del ánimo de lucro, según la jurisprudencia y la doctrina “aparece integrado por el elemento «intelectivo» de «conocer que se está engañando y perjudicando a otro» y el «volitivo» de obtener una ventaja o provecho, es decir, la propia norma al definir el tipo delictivo exige expresamente el «ánimo de lucro» u obtención de un provecho económico como contrapartida al perjuicio. Este elemento subjetivo del dolo, como en cualquier otro supuesto, ha de inferirse de los hechos realizados y de los beneficios obtenidos como resultado de la acción…” (STS 1232/2002, de 2 de julio).

5º) Debe existir un perjuicio para la víctima, que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (es decir, debe concurrir un nexo causal entre ambas). Materializándose este perjuicio en el mismo riesgo ilícito que supone la acción engañosa del sujeto activo para el patrimonio de la víctima. En palabras del Tribunal Supremo, “en el delito de estafa, no basta para realizar el tipo objetivo con la concurrencia de un engaño que causalmente produzca un perjuicio patrimonial al titular del patrimonio perjudicado, sino que es necesario todavía, en un plano normativo y no meramente ontológico, que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción engañosa, de acuerdo con el fin de protección de la norma, requiriéndose, a tal efecto, en el artículo 248 CP que ello tenga lugar mediante un engaño bastante” (SSTS 243/2012, de 30 de marzo, 182/2005, de 15 de febrero, 368/2007, de 9 de mayo y 452/2011, de 31 de mayo).

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol)

EXHUMACIÓN DE DOS CUERPOS EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS.

La primera exhumación de dos fusilados durante la Guerra Civil, acaba de ser autorizada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo del Escorial. De manera que los restos mortales serán entregados a la nieta de los fusilados, con objeto de darles una “digna sepultura”. La resolución que autoriza  la exhumación (Auto), considera que la “digna sepultura” es un derecho personal e inviolable a todo ser humano, independientemente de la forma en se haya producido su fallecimiento.

El juez admite que la única forma de encontrar y determinar los restos mortales de don Manuel y don Antonio Ramiro Lapeña Altabás, se debe realizar mediante análisis de prueba de ADN, entre todos los cadáveres que se encuentran en los columbarios comprendidos entre el 2.061 y 2.069. Siendo éstos los que mayor probabilidad tienen de contener los restos de don Manuel y don Antonio.

Unos restos mortales que tan sólo serán entregados a sus familiares una vez puedan ser identificados mediante identificadores de ADN.

Pinche AQUÍ para consultar el texto íntegro del Auto judicial por el que se autoriza la exhumación de los dos cuerpos enterrados en el Valle de los Caídos.

LAS SILLAS ELÉCTRICAS EN LA UNIÓN EUROPEA.

En el ejercicio de la profesión de abogado, no todo son juicios, ya que en numerosas ocasiones nuestros servicios consisten en asesorar a empresarios (clientes) que tienen todo tipo de negocios. De forma que nos vemos obligados a conocer y estudiar diferentes normativas para poder dar un buen servicio profesional. Un estudio que en muchas ocasiones no deja de ser un tanto curioso.

En uno de esos momentos de estudio sobre la legislación comunitaria, resulta que te encuentras con el Reglamento CE 1236/2005 de 27 de junio, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

silla electrica

Resulta que en virtud de este Reglamento comunitario, una empresa ubicada en un Estado miembro, no podrá comercializar sillas eléctricas. El artículo 3 de la norma en cuestión, prohíbe que los 27 Estados miembros de la Unión Europea exporten aquellos productos cuyo único uso práctico sea aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de cual sea su origen.

Además de prohibir la comercialización de las sillas eléctricas, se prohíbe también la comercialización de los siguientes productos:

  • Horcas y guillotinas.
  • Cámaras herméticas, por ejemplo de acero y vidrio, diseñadas con el fin de ejecutar a seres humanos mediante la administración de un gas o sustancia química letal.
  • Sistemas automáticos de inyección de droga diseñados con el fin de ejecutar a seres humanos mediante la administración de una sustancia química letal.
  • Productos diseñados para la inmovilización de seres humanos, como los cinturones de electrochoque que administren descargas eléctricas de una tensión en circuito abierto superior a 10.000 voltios.
  • Dispositivos portátiles supuestamente diseñados para su uso práctico como material antidisturbios, como por ejemplo las porras o porras cortas hechas de metal u otro material compuesto por un eje con púas metálicas.

Visto lo visto, la explotación de este “nicho de mercado” resulta bastante difícil dentro de la Unión Europea.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).