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¿CÓMO HACER EL IMBÉCIL?

Hace pocos días una joven gallega reconocía haber denunciado unos falsos abusos sexuales cometidos por un grupo ficticio de jóvenes, que han sido conocidos por el término “la manada gallega”. Y digo ficticio, porque en Galicia hay manadas, muchas. Pero no, resulta que la que se ha convertido en los últimos días en la más famosa, es producto de la imaginación de una joven. Pues bien, una vez de que la denunciante ha reconocido que se inventó todo, asunto terminado. La justicia no tiene que investigar más. Pero, las cosas no pueden quedar ahí. Ahora la joven se enfrenta a una pena de multa por haber simulado un delito, y no, no se trata de una denuncia falsa.

Pero, ¿qué diferencias hay entre una denuncia falsa y una simulación de delito? Para dar una respuesta a esta pregunta, debemos atender a los artículos 456 y 457 del Código Penal.

El art. 456 regula el delito de denuncia falsa en los siguientes términos <<Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación>>. Un delito que la jurisprudencia sintetiza en la concurrencia de cuatro requisitos: 1) Imputación de unos hechos a una persona concreta; 2) que se trate de hechos que de ser ciertos tengan carácter de ilícitos; 3) los hechos tienen que ser denunciados ante una autoridad con obligación de actuar de oficio; y finalmente 4) ha de existir una intención delictiva por parte del sujeto que denuncia, en la medida en que actúa de mala fe debido a que conoce la falsedad de los hechos denunciados.

Sin embargo, el art. 457 regula la llamada simulación de delito, y lo hace en los siguientes términos <<El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales>>. Esto se traduce en la necesidad del cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) que el denunciante se declare culpable o víctima de una infracción penal inexisente o ficticia, o simplemente que denuncie un hecho delictivo ficticio sin necesidad de declararse culpable o perjudicado; 2)  los hechos tienen que ser denunciados ante una autoridad con obligación de actuar de oficio para su averiguación; y finalmente 3) se tiene que poner en marcha el mecanismo de investigación, es decir, se han de iniciar las actuaciones procesales para la averiguación de los hechos denunciados.

Por tanto, la diferencia fundamental entre la denuncia falsa y la simulación de delito,  radica en que cuando se simula un delito no se imputa el hecho denunciado a ninguna persona concreta (autor desconocido o genérico), como es por ejemplo el caso de “la manada gallega”. Mientras que el caso de una denuncia falsa se acusa a una persona/s de la comisión de un hecho delictivo. Y por último, cabe decir también que existe una diferencia sustancial en relación con las penas previstas en el Código Penal, fijándose pena de prisión de hasta dos años (para el caso de la denuncia falsa) y multa de hasta doce meses (para el caso de la simulación de delito).

Recomendación para el próximo joven que quiera hacerse el gracioso. Si quieres llamar la atención, no simules ser víctima de un delito. Apúntate a Mujeres, Hombres y Viceversa, Gran Hermano o cualquier programa de televisión que pueda realzar tu afán de protagonismo hasta límites insospechados. Si te vienes arriba, te animas y quieres hacer algo más complicado, ESTUDIA, FÓRMATE EN UNA PROFESIÓN Y TRABAJA DURO.

Conclusión:

Si quieres afán de protagonismo, sé el protagonista. Ahora eso si, no hagas el imbécil.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

DELITO DE TRÁFICO DE ÓRGANOS

El delito de tráfico de órganos, en nuestro país, no es una figura delictiva sobre la que exista numerosa casuística. De hecho, muy recientemente (27/10/2017) el Tribunal Supremo ha dictado su primera sentencia en relación con éste.

Una figura delictiva regulada en el art.156 bis del Código Penal, que prevé:

1. Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal.

2. Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante conociendo su origen ilícito será castigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que podrán ser rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable.

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Y en relación con esta casuística, debemos haber referencia a la interesante sentencia que hemos citado en el primer párrafo de esta publicación, concretamente nos referimos a la sentencia nº710/2017 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de octubre. Una resolución que resulta interesante ya no solo por los fundamentos jurídicos expuestos respecto de este delito de tráfico de órganos, sino por el curioso plan elaborado por los acusados para conseguir un trasplante de riñón saltándose todos los trámites legales.

Concretamente los procesados (tres hermanos y un amigo) ofrecieron la cantidad de 6.000€ a un ciudadano marroquí, que se encontraba en situación irregular en España y en condiciones de mendicidad, a cambio del trasplante de uno de sus riñones a uno de los individuos condenados.

En cuanto al delito de tráfico de órganos y en atención a las palabras del propio Tribunal Supremo así como a las condenas impuestas, queremos destacar lo siguiente:

1º) El Tribunal Supremo rechaza la aplicación del exención incompleta de ESTADO DE NECESIDAD alegado por el condenado (enfermo). De forma que tal y como reza la sentencia (f.j 5º) <<En el caso denuncia que existía una situación de necesidad derivada de la enfermedad y la necesidad de poner remedio. No le falta razón al recurrente en la identificación de su mal, pero es el propio ordenamiento y el sistema de salud pública el que plantea el remedio a la situación que da solución a la situación que el recurrente expone: la enfermedad y la necesidad de trasplante. Ese remedio es la alternativa dispuesta para subvenir a la situación que describe, no siendo admisible una actuación por vía de hecho dirigida a procurarse un órgano a espaldas del ordenamiento y de los principios que lo informan y que dan razón de ser al sistema público de trasplantes diseñado según los principios básicos de actuación de altruismo, gratuidad, solidaridad y objetividad en la asignación de los órganos para el trasplante>>.

2º) En relación a si se trata de un delito de mera actividad o de resultado, el Tribunal Supremo establece que el delito de tráfico ilegal de órganos es un delito de mera actividad y por tanto no cabría este delito en grado de tentativa. Concretamente, el Alto Tribunal (f.j 6º) dice que <<el tipo penal introducido en el año 2010 no trata solamente de proteger la salud o la integridad física de las personas, sino que el objeto de protección va más allá destinado a proteger la integridad física, desde luego, pero también las condiciones de dignidad de las personas, evitando que las mismas por sus condicionamientos económicos puedan ser cosificadas, tratadas como un objeto detentador de órganos que, por su bilateralidad o por su no principalidad, pueden ser objeto de tráfico. Y también el propio sistema nacional de trasplantes (ley 30/1979, y RRDD 2070/1999 y 1301/2006), que establece un sistema, nacional, altruista y solidario para la obtención y distribución de órganos para su trasplante a enfermos que lo necesiten>>.  Y añade, <<la tipicidad se asienta sobre cuatro verbos nucleares: favorecer, promover, y facilitar, los mismos que en el delito contra la salud pública por tráfico de drogas, y publicitar, actuaciones sobre el trasplante y tráfico de órganos, describiendo con esas conductas actuaciones que suponen la punición de conductas iniciales del trasplante como la desarrollada por los acusados que habían concertado un trasplante de un órgano de un ser vivo a cambio de precio, aprovechando su situación de necesidad expresada en el relato fáctico con la expresión de vivir de la limosna de terceras personas. El ejemplo sobre la admisibilidad excepcional de formas imperfectas de ejecución en el delito de tráfico de drogas, no es predicable para este delito en el que la acción de favorecer la realización de un tráfico o de un trasplante de órganos, de manera ilegal, se realiza con la conducta que se expresa en el hecho probado>>.

3º) Por otro lado, el Supremo inadmite el motivo de recurso alegado en casación por uno de los procesados, en relación con la indebida aplicación del subtipo atenuado del delito de tráfico de órganos por ser éste el receptor (art.156 bis 2 CP). Y en concreto, el tribunal considera (f.j 7º) que la Audiencia Provincial de Barcelona actuó correctamente al aplicar este subtipo con una reducción de la pena en un grado y no en dos. Más concretamente el Tribunal Supremo dice <<Ningún error cabe declarar cuando el tribunal se ajusta a la previsión de penalidad dispuesta en el tipo penal, la posibilidad de reducir en uno o dos grados la pena señalada al autor que promueve o facilita u tráfico de órganos. La previsión es la de imponer la misma pena que a los terceros, o la de reducir en uno o dos grados. El tribunal ha decidido reducir la pena en un grado y para ello atiende al grado de implicación en el hecho de este recurrente, que participa en la entrega de cantidades periciales y en la culpabilidad expresada derivada del aprovechamiento de la situación de necesidad que se describe>>.

Por último cabe decir que, tal y como ya ha podido observar el lector en el apartado 3º del art. 156 bis, el delito de tráfico de órganos es una figura delictiva que entra en el catálogo de delitos ubicados dentro de una posible responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

CONDUCIR SIN PUNTOS EN EL CARNÉ

En la entrada publicada en este blog el pasado 30 de abril de 2017, ya hablamos del delito del artículo 384 del Código Penal que establece que:

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

En aquella ocasión hicimos referencia a una sentencia en la que el sujeto había incurrido en este delito en la medida en que conducía un vehículo a motor sin haber obtenido previamente el permiso de circulación.

Sin embargo, hoy queremos hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al supuesto en el que un individuo conduce un vehículo con un permiso sin vigencia debido la pérdida total de los puntos. Pues bien, en este caso el Tribunal Supremo (sentencia de 31 de octubre de 2017) considera que el delito del art. 384 del  Código Penal, no requiere un elemento adicional de poner en riesgo la seguridad vial, por tanto una vez más, afirma nuestro Alto Tribunal que nos encontramos ante un delito de peligro en abstracto que se traduce en conducir sin las condiciones legalmente establecidas para ello. La sentencia en cuestión hace referencia a la nº612/2017 del mismo tribunal en la que éste se expresó en los siguientes términos: <Aquí, ocurre lo propio. La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día>>. 

Otra sentencia del Tribunal Supremo que puede resultar interesante para el lector, en relación con esta materia es la nº699/2017 de 25 de octubre.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Atrás quedaron esos “maravillosos” años en los que se hablaba del famoso aforismo latino <<societas delinquere nec punire potest>>, es decir, la imposibilidad de que una persona jurídica pudiese ser responsable desde un punto de vista penal. Como sabéis, la LO 5/2010 ha introducido dentro de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de una responsabilidad penal de la persona jurídica.

El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas  viene fijado por una  serie de normas concretas, que son:

  1. Del art. 31 bis al 31 quienquies del Código Penal; determinan qué reglas se ha de seguir para investigar y acusar penalmente a las empresas o entidades.
  2. El art. 33.7 del Código Penal; hace referencia al catálogo de penas propias de las personas jurídicas.
  3. Y el art. 66 bis del Código Penal; recoge una serie de normas a seguir en la determinación de las sanciones penales, que han sido especialmente creadas en atención a las particularidades de las personas jurídicas frente a las personas físicas.

Pues bien, para que una persona jurídica pueda ser responsable penalmente de alguno de los delitos respecto a los que se prevé esa posibilidad, deben concurrir una serie de requisitos:

1º) Los delitos de los que se le quiere hacer responsable penalmente tienen que haber sido cometidos por una persona física que tenga la representación u ostente la capacidad decisoria de la entidad (administradores, directivos…), o bien por toda persona que estuviese sometida a la autoridad de aquella/s (empleados o autónomos que prestan servicios puntuales a la empresa, etc).

2º) Los delitos deben haber sido cometidos mediante una conducta que produzca un beneficio directo o indirecto a la persona jurídica, además de por su cuenta o en su nombre (en el caso de superiores), o en el ejercicio de su actividad económica (en el caso de los subordinados).

Sin embargo no se trata de una responsabilidad penal de la empresa de carácter automático, de manera que la responsabilidad penal de alguno de los sujetos que hemos mencionado anteriormente permita concluir que la persona jurídica también resulta responsable. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en sentencia 29 de febrero de 2016, estableciendo el criterio de que las personas jurídicas son responsables penalmente de su propia actuación y por su propia culpabilidad. En otras palabras, podemos decir que la comisión del hecho delictivo por parte de una persona física es un requisito necesario para la atribución de una responsabilidad penal de la persona jurídica, sin embargo en modo alguno ha de resultar suficiente ni puede ser fundamento último y único de esta responsabilidad.

De manera que el fundamento para la atribución de la responsabilidad penal de una entidad ha de ser su propia culpabilidad que se concreta en una falta de vigilancia y control sobre la actividad de las personas que actuan en su nombre o representación. El problema entonces queda en manos de los empresarios, de forma que si quieren proteger a su empresa frente a una responsabilidad penal deben realizar un control que cumpla con los requisitos de los apartados 2 a 5 del art. 31 bis del Código Penal.

El control que debe realizar la entidad respecto de los sujetos contemplados en el apartado a) del art. 31 bis del CP (los superiores), se fundamentará en un primer lugar en la implantación de un modelo de organización idóneo para prevenir delitos con anterioridad a su ejecución. Es decir, lo que trata de implantar son los famosos programas de cumplimiento o Compliance Programs, que deben cumplir en todo caso los requisitos del art. 31. bis. 5 del CP. Y por otro lado, la persona jurídica tendría que haber confiado la supervisión del cumplimiento de este modelo a un órgano autónomo a la dirección de la entidad (compliance officer), aunque si bien es cierto que el art. 31 bis apartado 3 del CP, permite que esta función –de supervisión del cumplimiento- pueda ser encomendada al propio órgano de administración siempre y cuando se trate de entidades de pequeñas dimensiones.

Por otro lado, y en relación al control que debe realizar la entidad respecto de los sujetos contemplados en el apartado b) del art. 31 bis del CP (los subordinados); cabe decir que la persona jurídica no ha de responder por las actuaciones delictivas efectuadas por estos individuos cuando hubiese adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización adecuado para reducir el riesgo de la comisión de delitos, y no se determine que los subordinados -art. 31 bis apartado b)- han cometido el delito porque los superiores -art. 31 bis apartado a)- han incumplido gravemente los deberes de vigilancia y control -art. 31 bis. 1 b) in fine CP-. De manera que nuestro legislador ha previsto un diferente nivel de riesgo permitido dentro de las entidades en relación a las actividades delictivas ejecutadas por los subordinados. En otras palabras, en el caso de la responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos delictivos cometidos por los superiores sería suficiente –para quedar exenta de aquella- que el control cometido por el compliance officer hubiese sido insuficiente; mientras que si los actos delictivos son cometidos por los sujetos subordinados sería necesaria la prueba de que sus superiores infringieron gravemente el deber de diligencia que les correspondía, lo que implica que nos encontremos ante un nivel de infracción mucho mayor.

En conclusión, podemos decir que el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido para quedarse, fundamentándose en una cuestión que no resulta baladí, y que no es más que la propia culpabilidad de la entidad. Una culpabilidad que se traduce en una falta de control de los posibles riesgos delictivos existentes en su actividad social, bien porque no los previeron, o bien porque, previéndolos, no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que éstos se conviertan en un delito cometido por parte de su personal.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

 

CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

La responsabilidad penal se extingue por las causas tasadas en el artículo 130 del Código Penal. Una responsabilidad que existirá, como es obvio, cuando se haya cometido un delito y que desaparecerá por alguno de los siguientes motivos o causas.

1ª) MUERTE DEL REO.

Como es lógico dentro del Derecho Penal la muerte de toda persona que haya cometido un delito, provoca que la justicia no pueda acometer ningún reproche penal contra ésta. Una circunstancia que deriva del principio de personalidad de las penas. No basta la declaración civil de fallecimiento sino que es necesaria la muerte efectiva del reo, sin perjuicio de que se produzca el sobreseimiento del proceso penal ya iniciado.

Se trata de una causa que provoca la extinción por completo de todo tipo de pena que se pueda imponer al reo, así como de todas las medidas de seguridad que se hayan decretado frente éste. Empero no extingue la responsabilidad civil que se derive del delito, que será transmitida por vía sucesoria a los herederos del penado, cuya extinción se someterá a las normas de carácter civil.

2ª) CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA.

En este caso, la previsión de esta causa dentro del Código Penal, se puede considerar un tanto superflua debido a que la extinción de la responsabilidad se produce en el momento en que la ley determina que deja de existir. En este supuesto no sucede lo mismo que en el resto de las causas cuya extinción de responsabilidad penal, se produce en un momento anterior al que la ley de manera abstracta lo haya previsto.

Sin embargo, el cumplimiento de la condena no produce la extinción de todos los efectos derivados de ésta, debido a que se mantienen los antecedentes penales, que se extinguirán una vez que hayan transcurrido los plazos previstos en la legislación penal.

3ª) REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA.

Se trata de una causa de extinción de la responsabilidad penal que se encuentra vinculada a la figura de la ejecución de suspensión de la pena privativa de libertad. Y en particular a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87 del Código Penal.

El precepto en cuestión prevé la remisión de la pena si ha terminado el plazo de suspensión fijado en sentencia sin que el sujeto haya cometido un hecho delictivo, y siempre que haya cumplido las normas de conducta que su Señoría le haya impuesto mediante resolución judicial.

Además, en el apartado segundo (art. 87), se prevé la posibilidad de que el juez pueda acordar la remisión de la pena para aquellos condenados a los que ésta se les haya suspendido por haber cometido el delito a causa de su adicción a las drogas o sustancias similares. En este caso, para que pueda decretarse la remisión se debe acreditar ante su Señoría, que el condenado está bajo tratamiento de deshabituación o que éste ya ha sido cumplido con éxito.

Al igual que en el caso anterior, tampoco estamos ante una causa de extinción de la responsabilidad que suponga la desaparición de todos los efectos penales, ya que se mantiene la anotación de los antecedentes penales hasta que transcurra el tiempo necesario para su cancelación.

4ª) EL INDULTO.

El famoso indulto, es junto con la amnistía, una institución del Derecho de gracia, consistente en la renuncia al ius puniendi (derecho a penar) que viene acordado con carácter general por el Gobierno.

Se trata de una institución que provoca la remisión total o parcial de la pena impuesta en sentencia judicial, sin embargo tal y como se produce en otras causas de exclusión de la responsabilidad penal, se mantienen los antecedentes penales que no se cancelarán hasta que haya pasado el plazo legalmente establecido.

Una institución que tiene grandes detractores que fundamentan su oposición a la misma, en tanto que en su opinión el indulto otorgado por el ejecutivo puede suponer la vulneración del principio de separación de poderes, siendo una institución más propia de épocas pasadas en donde todo el poder estaba bajo la figura del monarca. A pesar de que los más críticos consideran que se trata de una medida arbitraria, el indulto “debería” ser concedido de manera justificada por razones de justicia, equidad o utilidad pública.

5ª) PERDÓN DEL OFENDIDO.

Se trata de una causa de exoneración de responsabilidad que tan sólo es posible aplicar cuando la ley penal así lo determine o se trate de delitos leves perseguibles a instancia de la víctima.

Como parece lógico, el perdón del ofendido deberá de cumplir los siguientes requisitos:

Que se otorgue de manera expresa y libre.
Que se otorgue antes de que se dicte sentencia.
Puede ser otorgado por el ofendido, así como por un menor o incapaz a través de su representante legal, aunque en estos dos últimos casos, el juez podrá no admitir dicho perdón del perjudicado, una vez oído al Ministerio Fiscal.
El perdón otorgado por el ofendido es irrevocable y sólo tiene efectos frente al delito del que ha sido víctima así como tan solo frente al sujeto penalmente responsable.

6ª) PRESCRIPCIÓN DEL DELITO.

Los delitos prescriben por el paso del tiempo de manera ininterrumpida. Sin embargo el legislador prevé distintos plazos para que pueda existir causa de exclusión de la responsabilidad.

Los delitos prescriben:

A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años.
A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años.
A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10.
A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves, los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.

Como excepción a la norma general de prescripción, existen una serie de delitos para los que la ley no prevé ningún plazo de prescripción debido a su gravedad como son: Delitos de lesa humanidad (art. 607 bis CP) y genocidio (art. 607 CP); delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (arts. 608 a 613 y 614 bis del CP), y delito de terrorismo cuando se hubiere causado la muerte de una persona.

7ª) PRESCRIPCIÓN DE LA PENA.

A pesar de que se trata de una causa poco frecuente, es posible la prescripción de una pena impuesta en una sentencia judicial. Se apartan de la norma las penas impuestas por haber cometido alguno de los delitos imprescriptibles.

Para el resto de delitos los plazos de prescripción de las penas son:

A los 30 años las penas de prisión de más de 20 años.
A los 25 años las penas de prisión de 15 o más años y que no excedan de 20.
A los 20 las inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15 años.
A los 15 las de inhabilitación por más de 6 años y que no excedan de 10 y las de prisión por más de 5 y que no excedan de 10.
A los 10 años las restantes penas graves.
A los 5 las penas menos graves.
Al año las penas leves.

El cómputo del plazo se inicia en la fecha en la que se dicta la sentencia firme si la pena no ha comenzado a cumplirse, o en el momento del quebrantamiento de la condena. SIn embargo este plazo quedará en paralizado durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena, así  como también en los casos en que el condenado se encuentre cumpliendo otras condenas.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado