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ABSUELTOS DE UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Resulta obvia la dificultad con la que se encuentran los tribunales para justificar una condena cuando la acusación se fundamenta en determinados delitos. Uno de éstos, es el delito de blanqueo de capitales, que en ocasiones supone un quebradero de cabeza para los tribunales ya que una y otra vez tienen que acudir a la prueba indiciaria o prueba por indicios, con la finalidad de motivar las condenas.

Pues bien, hoy quiero hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2017, por la que se absuelve a un individuo y a su suegra de un delito de blanqueo de capitales por el que habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid.

En concreto y para analizar el supuesto de hecho, exponemos los hechos probados en el juicio, que son:

Don Lorenzo , residente legal, nacido en Pereira (Colombia,1973), anteriormente condenado a tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas, el día 8 de octubre de 2012 cuando circulaba con el vehículo Seat Ibiza, fue parado en un control de alcoholemia por la Policía Local. Aunque dió negativo en la prueba realizada, los agentes decidieron registrar el vehículo, al causar sospechas en éstos, el estado de nerviosismo en el que se encontraba el acusado. Un registro en el que encontraron escondidos en la moldura lateral de la parte trasera del vehículo un bolsa con la cantidad de 599.845 € en efectivo.

Unos días más tarde, el 24 de octubre de 2012 a las 10:30, los agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, detectaron dos maletas con doble fondo en el que se encontraron 700.130€. El destino de ese equipaje era Bogotá, y su dueña era doña Claudia, nacida en Liborina (Colombia, 1967), que mantenía una relación con don Lorenzo, ya que éste era su yerno.

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, tal y como ya hemos adelantado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los acusados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, absuelve a ambos acusados del delito de blanqueo, ya que a pesar de la cuantía importante del dinero, no existe ninguna prueba o indicio que permita <<vincular a don Lorenzo con el tráfico de drogas a gran escala; y la condición de colombianos de él y de la acusada, sin más, es un dato que carece de fuerza argumental>>Y por tanto, el Alto Tribunal añade que <<la condena por el delito de que se trata carece de sustento probatorio>>.

Una decisión judicial que no es compartida por todos los Magistrados del Tribunal Supremo,  en este sentido se manifiestan y discrepan con la decisión de la Sala, los Excmos. Srs Magistrados don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA y don JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR.

El primero aboga por confirmar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, y por tanto, se decanta por una condena por blanqueo de capitales para ambos acusados, en atención a determinados elementos objetivos así como a la relación familiar (yerno/suegra) existente entre don Lorenzo y doña Claudia.

Sin embargo, el segundo de los votos particulares expuestos en la sentencia, opinión del magistrado SÁNCHEZ MELGAR, se inclina por una condena en relación con don Lorenzo, fundamentándose en los elementos objetivos e indicios a los que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid así como su compañero don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA. Mientras que opta por la absolución de doña Claudia ya que a pesar de ser la suegra de don Lorenzo, en sus propias palabras <<llevar dinero a Colombia no supone necesariamente la comisión de un delito de blanqueo, aun cuando existan sospechas. Es necesario algo más que conforme la prueba del conocimiento de que el dinero que transporta necesariamente tiene origen delictivo, y que este origen es además correspondiente de una actividad de narcotráfico a gran escala (dada la suma transportada). Tanto puede tener origen de otro delito (no lo sabemos), como en la venta (lícita) de activos patrimoniales que desconocemos, como en alguna otra actividad ilegal pero no delictiva>>. 

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

ACOSO A LA EXPAREJA

Hace más de un año que hablamos en este blog sobre el “novedoso” delito de stalking o acoso. Una figura delictiva que se encuentra dentro de nuestro ordenamiento jurídico a raíz de la reforma de 2015 y, sobre la que existe todavía una escasa jurisprudencia.

Pues bien, hoy, quiero hacer referencia a la reciente sentencia de 12 de julio de 2017 dictada por el Tribunal Supremo. Una resolución en la que el Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado por un individuo que había sido condenado a un año de prisión en calidad de autor de un delito de acoso a su expareja sentimental.

El recurrente en casación alegó entre los motivos del recurso, la existencia de una aplicación incorrecta del delito de acoso del art. 172 ter 1º y 2º del Código Penal, en la medida en que aunque el condenado reconoció que intentó comunicarse con su antigua pareja sentimental, no se habia podido podido probar que esa actividad haya sido lo suficientemente intensa como para provocar una grave alteración en el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

Un motivo de recurso desestimado por el Tribunal Supremo, ya que teniendo en consideración que nos encontramos ante un delito de resultado -alteración de la vida cotidiana-; el hecho de haberse probado determinadas conductas se ha de considerar que ocasionó ese resultado requerido por el delito. Concretamente las conductas o hechos probados a los que se refiere el Tribunal son los siguientes:

  • La existencia de una conducta insistente y reiterada, es decir, una serie de actos continuos y repetitivos en el tiempo (secuencia de llamadas telefónicas el 22 de marzo).
  • Reiteración de llamadas telefónicas el día 23 de marzo en diferentes espacios temporales (cuando la víctima se encontraba con unos amigos en un pub, mientras la víctima se encontraba en casa de unos amigos, así como otras cuarenta llamadas telefónicas ese mismo día).

Y más concretamente, dice el Tribunal Supremo que <<De esta situación, se deriva o fluye normalmente la consecuencia de una grave alteración de la vida cotidiana que excede de la mera molestia>>.

Mientras que añade también que <<No se está ante una mera molestia o incomodidad que, por emplear los términos de la STS 324/2017 ya citada, quedaría fuera de los “linderos de la tipicidad”, por el contrario, se está ante un delito de acoso del art. 172 ter CP que se cuestiona por el recurrente, por la capacidad de generar temor condicionando la vida de la víctima como lo acredita la orden de alejamiento citada, con aplicación del tipo agravado del párrafo 2º de dicho artículo>>.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

EL DELITO DE ESTAFA.

El delito de estafa, regulado en el artículo 248 del Código Penal, aparece por primera vez dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el Código de 1822.

Un delito de estafa que según nuestro Código Penal, se define como aquellas actuaciones en las que una persona con ánimo de lucro, utiliza un engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Mientras que nuestro Tribunal Supremo en sentencias 5 de mayo de 2008 y 14 de julio de 2011, citando la sentencia de 47/2005, de 28 de enero, define la estafa como “un artificio creado por alguien con objeto de hacer pasar por cierta una situación que no lo es, como forma de inducir a error a otro que, en virtud de la aceptación de tal apariencia como real, dispone de algún bien a favor del primero, que se enriquece ilícitamente, con el consiguiente perjuicio patrimonial para el segundo”.

De forma que los elementos del tipo penal (estafa), y en lectura de la sentencia del Tribunal Supremo 465/2012, de 1 de junio, son los siguientes:

1º) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico. De manera que esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto (objetivo-subjetivo), en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio así como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad del sujeto pasivo en el caso concreto.

Un engaño que podemos definir como “la acción y el efecto de hacer creer a alguien, algo que no es verdad” (STS 161/2002, de 4 de febrero). Y un engaño que tal y como ya ha establecido de forma reiterada nuestra jurisprudencia, ha se ser precedente, es decir. anterior al desplazamiento patrimonial.

Por otro lado, el tipo penal habla de un engaño bastante, entendiendo nuestra jurisprudencia que éste se produce cuando “….aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto” (SSTS 162/2012, de 15 de marzo y 590/2012, de 5 de julio).

2º) El engaño debe desencadenar el error del sujeto pasivo (víctima de la estafa) de la acción.

Y en relación con este error,  debemos destacar lo expuesto por nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 29 de octubre de 1998, “en la medida en que el error que sufre el sujeto pasivo, en atención a las circunstancias del caso particular, las relaciones entre autor y víctima y las circunstancias subjetivas de esta última, resulta evitable con una mínima diligencia y sea exigible su evitación, no puede hablarse de engaño bastante y en consecuencia no puede ser imputado el error a la previa conducta engañosa quebrándose la correspondiente relación de riesgo pues “bastante” no es el engaño que puede ser fácilmente evitable, sino aquel que sea idóneo para vencer los mecanismos de defensa puestos por el titular del patrimonio perjudicado. En estos casos el error es producto del comportamiento negligente de la víctima …”

3º) Debe existir un acto de disposición de disposición patrimonial del sujeto pasivo, a causa de la existencia o concurrencia del error, en beneficio del autor o sujeto activo del delito o de un tercero.

El elemento esencial de la estafa está constituido por un acto de disposición que realiza el engañado –sujeto pasivo de la acción- bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad.

El acto de disposición puede consistir tanto en una acción positiva: entregar una cosa, gravar un bien, prestar un servicio por el que no se obtiene contraprestación (STS 137/2007, de 16 de febrero), como en una omisión que produzca el perjuicio señalado en la Ley (por ejemplo, dejar prescribir la acción para reclamación).

4º) La conducta engañosa ha de ser ejecutada de manera dolosa y con ánimo de lucro.

El componente del dolo, sobre el que nuestro Tribunal Supremo, en sentencia 274/2012 de 4 de abril señala que “no cabe equiparar necesariamente la falta de verdad con lo mendaz. Si engañar es decir mentira con “apariencia de verdad” y la mentira exige disociación entre lo dicho y lo que se “sabe, cree o piensa”; es claro que el engaño exige, más que la falta a la verdad, la conciencia de dicha falta y la voluntad de que no sea percibida por el interlocutor. Por ello no bastará constatar la falta de verdad, exigiéndose la conciencia de la misma y la voluntad de disimularla”.

El dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa de las consecuencias de su conducta (STS 507/2003, de 9 de abril). No hay dolo si el autor no es consciente del engaño, así quien vende una finca creyendo ser de su propiedad no comete delito de estafa (STS de 26 de marzo de 1951).

Mientras que el componente del ánimo de lucro, según la jurisprudencia y la doctrina “aparece integrado por el elemento «intelectivo» de «conocer que se está engañando y perjudicando a otro» y el «volitivo» de obtener una ventaja o provecho, es decir, la propia norma al definir el tipo delictivo exige expresamente el «ánimo de lucro» u obtención de un provecho económico como contrapartida al perjuicio. Este elemento subjetivo del dolo, como en cualquier otro supuesto, ha de inferirse de los hechos realizados y de los beneficios obtenidos como resultado de la acción…” (STS 1232/2002, de 2 de julio).

5º) Debe existir un perjuicio para la víctima, que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (es decir, debe concurrir un nexo causal entre ambas). Materializándose este perjuicio en el mismo riesgo ilícito que supone la acción engañosa del sujeto activo para el patrimonio de la víctima. En palabras del Tribunal Supremo, “en el delito de estafa, no basta para realizar el tipo objetivo con la concurrencia de un engaño que causalmente produzca un perjuicio patrimonial al titular del patrimonio perjudicado, sino que es necesario todavía, en un plano normativo y no meramente ontológico, que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción engañosa, de acuerdo con el fin de protección de la norma, requiriéndose, a tal efecto, en el artículo 248 CP que ello tenga lugar mediante un engaño bastante” (SSTS 243/2012, de 30 de marzo, 182/2005, de 15 de febrero, 368/2007, de 9 de mayo y 452/2011, de 31 de mayo).

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol)

LOS PAPELES DE PANAMÁ Y LAS SOCIEDADES OFFSHORE.

Los Papeles de Panamá son sin lugar a dudas el escándalo del mes de abril. Nos encontramos ante una investigación desvelada por Süddeutsche Zeitung y el International Consortium of Investigative Journalists, en la que se revela la utilización de sociedades offshore con sede en Panamá por parte de numerosos personajes públicos, que podrían ser constituidas con la finalidad de ocultar o evadir impuestos (delito fiscal) y legitimar dinero negro (delito de blanqueo de capitales).

Pero, ¿qué son estas sociedades offshore?

Las sociedades offshore, son empresas que normalmente están domiciliadas en un paraíso fiscal por un no residente, y que están exentas de impuestos. Además, todas ellas cumplen las siguientes características:

  • Sus operaciones económicas se desarrollan fuera del país en el que tienen su domicilio.  De manera que el dueño de la sociedad no puede tener su domicilio en el país donde están domiciliadas (en este caso Panamá), no pueden utilizar mano de obra local ni tampoco utilizar la economía del país en materia de inversión.
  • Controladas por otras empresas o personas no residentes, que llevan a cabo sus negocios en otros lugares, y utilizan estas sociedades ubicadas en paraísos fiscales únicamente como domicilio legal de la sociedad, para beneficiarse de la legislación fiscal de ese territorio. Legislación ventajosa en la medida en que normalmente no tributan en esos territorios por impuestos como el Impuesto de Sociedades, I.V.A, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones, etc.
  • Son empresas opacas que se benefician de leyes de privacidad, lo que les permite que no exista una transparencia acerca de su actividad y operaciones comerciales, así como tampoco sobre su verdadero propietario.
  • Operan bajo un principio de estricta confidencialidad, ocultando al titular real de la sociedad bajo el nombre de un testaferro, manteniendo plenos poderes para dirigir la empresa desde su lugar de residencia (abrir cuentas bancarias, realizar transferencias económicas, etc), de manera totalmente anónima.
  • Son empresas inscritas en un Registro del país dónde tienen ubicado su domicilio, a través de los servicios prestados por agentes especializados en esas jurisdicciones.

Pero, ¿es legal tener una sociedad offshore?

En primer lugar, debemos dejar claro que la creación de una sociedad offshore es legal, así como también lo es tener dinero en un paraíso fiscal. Sin embargo, el contribuyente español deberá declarar los bienes situados en el extranjero (sociedad offshore en Panamá o cualquier otro paraíso fiscal, etc) a través del Modelo 720 de la Agencia Tributaria.

En segundo lugar, debemos admitir que en numerosas ocasiones se utilizan las llamadas sociedades opacas u offshore con una finalidad fuera de la legalidad y que podría suponer la comisión de una infracción administrativa o incluso de un hecho delictivo. Por lo que debemos hablar de dos supuestos:

1º) Si la sociedad es utilizada como medio para evitar el pago de impuestos, siempre y cuando la cuota deufraudada supere los 120.000€, podría haberse cometido por parte del titular de la sociedad un delito fiscal, castigado con la pena de uno a cinco años de prisión. Sin embargo, para el caso en que la cuota defraudada no supere la cantidad de 120.000€, la Agencia Tributaria podría imponer al infractor una multa del 150% por la comisión de una infracción muy grave.

2º) Para el caso en la sociedad se haya constituido y utilizado con la finalidad de legitimar el dinero obtenido ilegalmente, estaríamos hablando de una conducta encajada y tipificada como delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 301 del Código Penal, castigado de seis meses a seis años de prisión. 

Conclusión: No todos los que aparecen en los llamados papeles de Panamá han cometido un delito o una infracción administrativa. Sin embargo, en dicha lista no están todos los que si han cometido una conducta ilegal.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL A BORDO DE UN PORSCHE 911.

Hace tan sólo unos días, era noticia dentro de los medios de comunicación la detención de un hombre por conducir un Porsche 911 a 297 km/h. Dichos medios, se hacían eco de las particularidades del caso, entre las que destacaron la discapacidad física del conductor al que los agentes de la Guardia Civil han tenido que facilitarle una silla de ruedas para su desplazamiento. También ha trascendido que el conductor se encontraba cumpliendo una sanción de retirada del carnet de conducir hasta el próximo mes de abril.  Por otro lado, se informaba que el protagonista de la noticia tiene antecedentes penales relacionados con delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas.

Lo cierto, es que después de ser detenido y puesto a disposición judicial,  se ha celebrado un juicio rápido, en el que el conductor ha sido condenado por la comisión de dos delitos contra la seguridad vial. Dos delitos que le han supuesto una pena de multa de 3.600 euros, junto con una retirada del permiso de conducción durante doce meses.

Pero, ¿cuál es el fundamento de la pena impuesta al conductor? La respuesta la podemos encontrar en los art. 379.1 y 384.1 de nuestro Código Penal.

Por un lado el art. 379.1 del Código Penal establece que <<El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior a sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años>>.

Mientras que el art. 384.1 del Código Penal, establece que <<El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días>> Y añade el párrafo segundo del mismo artículo que <<La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción>>.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)