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LOS PAPELES DE PANAMÁ Y LAS SOCIEDADES OFFSHORE.

Los Papeles de Panamá son sin lugar a dudas el escándalo del mes de abril. Nos encontramos ante una investigación desvelada por Süddeutsche Zeitung y el International Consortium of Investigative Journalists, en la que se revela la utilización de sociedades offshore con sede en Panamá por parte de numerosos personajes públicos, que podrían ser constituidas con la finalidad de ocultar o evadir impuestos (delito fiscal) y legitimar dinero negro (delito de blanqueo de capitales).

Pero, ¿qué son estas sociedades offshore?

Las sociedades offshore, son empresas que normalmente están domiciliadas en un paraíso fiscal por un no residente, y que están exentas de impuestos. Además, todas ellas cumplen las siguientes características:

  • Sus operaciones económicas se desarrollan fuera del país en el que tienen su domicilio.  De manera que el dueño de la sociedad no puede tener su domicilio en el país donde están domiciliadas (en este caso Panamá), no pueden utilizar mano de obra local ni tampoco utilizar la economía del país en materia de inversión.
  • Controladas por otras empresas o personas no residentes, que llevan a cabo sus negocios en otros lugares, y utilizan estas sociedades ubicadas en paraísos fiscales únicamente como domicilio legal de la sociedad, para beneficiarse de la legislación fiscal de ese territorio. Legislación ventajosa en la medida en que normalmente no tributan en esos territorios por impuestos como el Impuesto de Sociedades, I.V.A, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones, etc.
  • Son empresas opacas que se benefician de leyes de privacidad, lo que les permite que no exista una transparencia acerca de su actividad y operaciones comerciales, así como tampoco sobre su verdadero propietario.
  • Operan bajo un principio de estricta confidencialidad, ocultando al titular real de la sociedad bajo el nombre de un testaferro, manteniendo plenos poderes para dirigir la empresa desde su lugar de residencia (abrir cuentas bancarias, realizar transferencias económicas, etc), de manera totalmente anónima.
  • Son empresas inscritas en un Registro del país dónde tienen ubicado su domicilio, a través de los servicios prestados por agentes especializados en esas jurisdicciones.

Pero, ¿es legal tener una sociedad offshore?

En primer lugar, debemos dejar claro que la creación de una sociedad offshore es legal, así como también lo es tener dinero en un paraíso fiscal. Sin embargo, el contribuyente español deberá declarar los bienes situados en el extranjero (sociedad offshore en Panamá o cualquier otro paraíso fiscal, etc) a través del Modelo 720 de la Agencia Tributaria.

En segundo lugar, debemos admitir que en numerosas ocasiones se utilizan las llamadas sociedades opacas u offshore con una finalidad fuera de la legalidad y que podría suponer la comisión de una infracción administrativa o incluso de un hecho delictivo. Por lo que debemos hablar de dos supuestos:

1º) Si la sociedad es utilizada como medio para evitar el pago de impuestos, siempre y cuando la cuota deufraudada supere los 120.000€, podría haberse cometido por parte del titular de la sociedad un delito fiscal, castigado con la pena de uno a cinco años de prisión. Sin embargo, para el caso en que la cuota defraudada no supere la cantidad de 120.000€, la Agencia Tributaria podría imponer al infractor una multa del 150% por la comisión de una infracción muy grave.

2º) Para el caso en la sociedad se haya constituido y utilizado con la finalidad de legitimar el dinero obtenido ilegalmente, estaríamos hablando de una conducta encajada y tipificada como delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 301 del Código Penal, castigado de seis meses a seis años de prisión. 

Conclusión: No todos los que aparecen en los llamados papeles de Panamá han cometido un delito o una infracción administrativa. Sin embargo, en dicha lista no están todos los que si han cometido una conducta ilegal.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL A BORDO DE UN PORSCHE 911.

Hace tan sólo unos días, era noticia dentro de los medios de comunicación la detención de un hombre por conducir un Porsche 911 a 297 km/h. Dichos medios, se hacían eco de las particularidades del caso, entre las que destacaron la discapacidad física del conductor al que los agentes de la Guardia Civil han tenido que facilitarle una silla de ruedas para su desplazamiento. También ha trascendido que el conductor se encontraba cumpliendo una sanción de retirada del carnet de conducir hasta el próximo mes de abril.  Por otro lado, se informaba que el protagonista de la noticia tiene antecedentes penales relacionados con delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas.

Lo cierto, es que después de ser detenido y puesto a disposición judicial,  se ha celebrado un juicio rápido, en el que el conductor ha sido condenado por la comisión de dos delitos contra la seguridad vial. Dos delitos que le han supuesto una pena de multa de 3.600 euros, junto con una retirada del permiso de conducción durante doce meses.

Pero, ¿cuál es el fundamento de la pena impuesta al conductor? La respuesta la podemos encontrar en los art. 379.1 y 384.1 de nuestro Código Penal.

Por un lado el art. 379.1 del Código Penal establece que <<El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior a sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años>>.

Mientras que el art. 384.1 del Código Penal, establece que <<El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días>> Y añade el párrafo segundo del mismo artículo que <<La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción>>.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)

DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL Y DE ABUSO SEXUAL.

La diferencia fundamental entre el delito de agresión sexual y el delito de abuso sexual radica en que en éste no interviene una conducta violenta o intimidatoria para la comisión del delito.

El delito de agresión sexual (artículo 178 del Código Penal) consiste en atentar contra la libertad sexual de una persona utilizando para ello una conducta violenta o intimidatoria sobre la víctima. Un delito que está castigado con una pena de uno a cinco años de prisión. En los supuestos en que exista un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal), el agresor será condenado por un delito de violación cuya pena estará comprendida entre los seis y doce años de prisión.

Unas penas de prisión cuya duración se pueden incrementar, hasta un máximo de quince años, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Cuando la violencia o intimidación ejercida sobre la víctima se ejerza de un modo degradante o vejatorio.
  • La agresión se cometa por la actuación conjunta de dos o más personas.
  • La víctima es una persona especialmente vulnerable, por su edad, enfermedad o situación, y en todo caso si es menor de los trece años.
  • Si el autor del delito ha hecho valer una relación de superioridad o parentesco (ascendiente, descendiente o hermanos).
  • El autor hace uso de armas u otros medios peligrosos que puedan ocasionar la muerte o lesiones tales como la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro corporal, de un sentido, una grave deformidad, impotencia, esterilidad, o una grave enfermedad somática o psíquica.

Por otro lado, el delito de abuso sexual (art. 181 del Código Penal), consiste en atentar contra la libertad sexual de una persona sin la existencia de una conducta violenta o intimidatoria, y sin el consentimiento de la víctima. Un delito que está castigado con una pena de uno a tres años de prisión o multa dieciocho a veinticuatro meses. En los casos en que exista un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal), el agresor será condenado a una pena de prisión comprendida entre los  cuatro y diez años.

En los casos en que exista una agresión sexual y la  víctima fuese mayor de trece años y menor de dieciséis, el responsable será condenado a una pena de prisión que estará comprendida entre los cinco a diez años. Llegando a establecerse entre los doce a quince años, en los casos en que exista acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal).

Si la víctima fuese mayor de trece años y menor de dieciséis, y el responsable es condenado por un delito de abuso sexual,  la pena de prisión estará comprendida entre los dos y seis años. Llegando a establecerse entre los ocho y doce años, en los casos en que exista acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal).

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

EL DELITO DE STALKING.

Con la reforma de nuestro Código Penal del año 2015, se introduce en nuestra legislación un nuevo delito contra la libertad, conocido como delito de stalking o delito de acoso. Un delito consistente en que una persona, persigue de forma obsesiva a la víctima, siguiéndola por la calle, la espía, la llama por teléfono, le envía regalos, etc.

Concretamente, el delito de stalking viene regulado en el art. 172 ter de nuestro Código Penal, que establece:

1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

     1ª) La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

     2ª) Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

     3ª) Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

     4ª) Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

     Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses o dos años

Es por lo que podemos decir que las notas definitorias del delito de stalking son:

  • Existencia de actos de distinta naturaleza de forma continuada y reiterada en el tiempo.
  • Falta de consentimiento por parte de la víctima.
  • Alteración grave del desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

Por otro lado, el legislador prevé en el apartado 3 del artículo 172 ter del Código Penal, un agravamiento de la pena (prisión de uno a dos años o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días) cuando el stalker (acosador) ejecute las conductas de hostigamiento sobre su pareja o expareja así como todas las personas que prevé el art.173.2 del Código Penal. Eximiendo en estos casos a la víctima, de la necesidad de denuncia previa por parte de ésta para la persecución de la conducta tipificada como delito.

Sin embargo, tal y como recoge el art. 172 ter en su apartado 4, cuando la víctima del delito no es la pareja o expareja, ni tampoco se encuentra entre las personas que prevé el 173.2 del Código Penal, los hechos tipificados como delito de stalking sólo serán perseguibles cuando la persona afectada o su representante legal formule la correspondiente denuncia.

Un delito que abre paso a la recriminación de conductas de acecho y/u hostigamiento que con anterioridad a la reforma, podrían no tener un encaje penal, tal y como había hecho el legislador con otras conductas similares como por ejemplo en el caso del delito de bullying.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)

¿QUÉ ES EL SEXTING?

El sexting, una práctica muy de moda en la actualidad, consiste en el envío de imágenes o vídeos de contenido íntimo, normalmente de carácter sexual. Una práctica que un principio resulta totalmente legal, sin embargo cuando no existe consentimiento de la víctima para la divulgación o emisión del contenido puede llegar a ser una conducta delictiva.

Con la reforma de nuestro Código Penal del año 2015, se ha introducido el artículo 197.7 que regula el delito de sexting, estableciendo como requisitos para que la conducta pueda ser reprochable penalmente, los siguientes:

  • Castiga la conducta de difundir, revelar o ceder a un tercero, imágenes o grabaciones (mediante diversos medios – redes sociales, internet, WhatsApp, SmS…)
  • La difusión debe cometerse sin existir un consentimiento de la víctima.
  • Independientemente de que el contenido difundido haya sido obtenido con la anuencia o consentimiento de la víctima en su domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros.
  • La divulgación del contenido deberá menoscabar gravemente la intimidad de la víctima.

De forma que nuestro Código Penal, castiga al receptor inmediato o destinatario de la imagen o grabación para con posterioridad difundirla sin el consentimiento de la víctima, así como a los terceros receptores que hayan recibido el contenido reenviando el mismo a otros individuos.

La pena prevista para este delito de sexting es de tres meses a un año de prisión o multa de seis a doce meses.

Además el legislador ha querido regular como supuesto agravado, aquéllos casos en que los hechos han sido cometidos por el cónyuge o persona que esté o haya estado unida a la víctima por análoga relación de afectividad, para cuando la víctima fuere un menor de edad o persona con discapacidad, o cuando los hechos fuesen cometidos con una finalidad lucrativa.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).