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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

En los últimos años, hemos estado hablando de una responsabilidad penal no sólo de las personas físicas sino también de las personas jurídicas. Y es aquí, en este post, en relación con esta responsabilidad donde quiero hacer referencia a un artículo publicado por la abogada Laura Casal Fernández.

El artículo en cuestión, trata de analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando sus dirigentes y subordinados cometen los delitos en su modalidad imprudente. El análisis realizado por la autora, es el siguiente:

En la actualidad, el debate sobre la inaplicación del aforismo latino “societas delinquere non potest” está superado y disponemos ya de numerosas monografías, artículos, estudios y reflexiones que nos orientan en la correcta interpretación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, en algunas cuestiones se plantean dudas razonables derivadas de la vertiente subjetiva del tipo penal referida en el artículo 5 del Código Penal (CP en adelante):“no hay pena sin dolo o imprudencia”. La persona jurídica responderá de manera dolosa o imprudente según el conocimiento -dolo- o la falta de diligencia debida –imprudencia- imputable al autor material del tipo delictivo, debiéndose analizar, por tanto, en términos de ilícito, y no de culpabilidad, el hecho cometido por la persona física en cuestión.

Para examinar si cabe la modalidad de imprudencia en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es preciso acudir a la Parte Especial del CP, atendiendo al sistema de numerus clausus de delitos circunscritos a su responsabilidad penal, dado que en el artículo 31 bis no se contempla la conducta concreta de la persona física. La inmensa mayoría de los tipos delictivos para los que está prevista tal responsabilidad son eminentemente dolosos, sin perjuicio de que un número reducido de ellos sí pueden cometerse de manera imprudente.

La Fiscalía General del Estado en la tan recurrida Circular 1/2016 concluye que son “cuatro (las) conductas imprudentes cometidas por personas físicas en las circunstancias del art. 31 bis susceptibles de generar un reproche penal a la persona jurídica”. A saber: las insolvencias punibles, los recursos naturales y el medio ambiente, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Resulta cuanto menos llamativo que la Fiscalía olvide o decida conscientemente no incluir en esa escueta lista otros tres delitos susceptibles de ser cometidos en su modalidad imprudente por las personas físicas con resultado de responsabilidad penal para las personas jurídicas:

  • El primero de ellos es el siempre olvidado delito de contrabando, para el que en el artículo 2.5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, se prevé expresamente dicha posibilidad: “las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave”.
  • En segundo término, es criterio de la Fiscalía rechazar la punición imprudente de las personas jurídicas por el delito contra la salud pública, en su interpretación de la mens legislatoris, al entender ésta que el legislador no tuvo la voluntad de hacerla extensiva a tales personas, y ello a pesar de contemplarse la imprudencia grave por el delito contra la salud pública en el artículo inmediatamente siguiente al que atribuye a las personas jurídicas responsabilidad penal por esos hechos. La redacción dada por el legislador al artículo 367 del CP: “si los hechos previstos en todos los artículos anteriores fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán, respectivamente, las penas inferiores en grado”, se refiere claramente a los hechos contemplados también en el artículo 366 del CP: “cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los artículos anteriores de este Capítulo […]”. En consecuencia, no puedo más que discrepar en la interpretación de la Fiscalía, pues si bien a pesar de que en este caso el legislador no emplee la expresión “hechos previstos en este capítulo”, utilizada para los delitos medioambientales, ello se debe a que dentro del Capítulo III del Título XVII del CP también se encuentran regulados los delitos de tráfico de drogas y éstos no admiten su comisión imprudente. En este mismo sentido se manifestó el Fiscal del Grupo de Delitos Económicos de la F.P. de La Coruña, D. Juan Antonio Frago Amada al indicar que “estamos ante la utilización de expresiones absolutamente análogas pero sin divergencia de contenido real”.
  • En último lugar, derivado de un más que probable lapsus del legislador, cabe defender la posibilidad de generar un reproche penal a las personas jurídicas por el delito de daños informáticos cometido de forma imprudente por las personas físicas de las cuales tenga el deber legal de responder. Este delito se sitúa dentro del Capítulo IX de los daños (Título XI del CP) y habida cuenta de que la modalidad imprudente del delito de daños se regula de manera genérica para todos los hechos típicos contemplados en ese capítulo en el artículo 367 del CP: “los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos”, debemos considerar que no hay óbice alguno que impida hacer extensible dicha imprudencia a los delitos de daños informáticos de los que tenga que responder una persona jurídica en virtud del artículo 31 bis del CP.

Se desprende por tanto que cualquier persona jurídica será susceptible de responder, en la praxis, por hasta siete delitos (en virtud de conductas atribuibles a sus altos directivos, administradores, empleados y demás personas vinculadas) cometidos en su modalidad de imprudencia grave: insolvencias punibles (artículo 259.3 del CP), daños informáticos (artículo 267 del CP), blanqueo de capitales (artículo 301.3 del CP), recursos naturales y medio ambiente (artículo 331 del CP), salud pública (artículo 367 del CP), financiación del terrorismo (artículo 576.4 del CP) y contrabando (artículo 2.5 de la LO 12/1995). Contemplar esta posibilidad a la hora de analizar las empresas y confeccionar su mapa de riesgos, resulta imprescindible al ser éste un componente que incide directamente en la probabilidad e impacto de los mismos en cualquier organización. Sólo así podrán implementarse planes de prevención de delitos eficaces e idóneos para eximir a la persona jurídica de futuras responsabilidades penales.

Laura Casal Fernández

Comparto con vosotros este análisis, ya que me resulta muy interesante para todos aquellos profesionales que nos dedicamos al Derecho Penal y así como el mundo del Compliance.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

EL CANJE DE SUBORDINADAS POR ACCIONES DE BANKIA

El Tribunal Supremo determina que el canje de las obligaciones subordinadas por acciones de la entidad Bankia no convalida la nulidad del consentimiento existente en la contratación de este producto financiero.

Concretamente el Supremo expone que <<Tampoco cabe considerar que la nulidad del consentimiento quedara posteriormente sanada o convalidada por el canje de las obligaciones subordinadas por acciones de Bankia, puesto que el error ya se había producido y los clientes, ante el riesgo cierto que suponía que la entidad emisora no tenía la solvencia que manifestaba, aceptaron dicho canje a fin de intentar incurrir en las menores pérdidas posibles>>.

Y añade que <<…en dicho canje la entidad financiera incumplió nuevamente las obligaciones legales, como puso de manifiesto el Informe de la Comisión Nacional de Valores de 11 de febrero de 2013, al incidir en el conflicto de intereses entre la entidad y sus clientes a la hora de determinación del precio del canje>>.

El Tribunal recuerda en el fundamento jurídico tercero que se ha de entender por el término “obligaciones subordinadas”, exponiendo que:

<<Como dijimos en la sentencia núm. 102/2016, de 25 de febrero , en términos generales, se conoce como deuda subordinada a unos títulos valores de renta fija con rendimiento explícito, emitidos normalmente por entidades de crédito, que ofrecen una rentabilidad mayor que otros activos de deuda. Sin embargo, esta mayor rentabilidad se logra a cambio de perder capacidad de cobro en caso de insolvencia o de extinción y posterior liquidación de la sociedad, ya que está subordinado el pago en el orden de prelación en relación con los acreedores ordinarios (en caso de concurso, art. 92.2 Ley Concursal ). A diferencia de las participaciones preferentes, que suelen ser perpetuas, la deuda subordinada suele tener fecha de vencimiento. El capital en ningún caso está garantizado y estos bonos no están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos>>.

Consulte AQUÍ el texto íntegro de la sentencia núm. 584/2016, de 30 de septiembre, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

LIBERTAD DE INFORMACIÓN vs DERECHO A LA PROPIA IMAGEN.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de septiembre de 2016, expone su postura en relación con la ponderación que ha de hacerse cuando el derecho a la propia imagen y el derecho a la libertad de información entran en conflicto. Y recuerda que la intromisión en la esfera íntima de un personaje público sólo es legítima cuando haya un consentimiento o se realice durante un acto público o en lugares abiertos al público.

El caso analizado en la sentencia trata de determinar si una revista del corazón se había extralimitado al publicar unas fotografías de un personaje público en la terraza de un restaurante. La demandada y recurrente alegó que tal intromisión en la intimidad del personaje no se había producido ya que se trataba de un lugar y una persona de carácter público, por lo que no se requiere ningún consentimiento previo para la publicación de las fotografías.

Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que la terraza de un restaurante no es un lugar público sino privado, por lo que no se cumplen los requisitos para legitimar la intromisión en el derecho a la propia imagen.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia.

RESPONSABILIDAD DE LA BANCA POR LAS CANTIDADES ENTREGADAS AL PROMOTOR INSOLVENTE PARA VIVIENDA FUTURA.

La Ley 57/1969 (derogada) junto con la Ley de Ordenación de la Edificación, obligan a los promotores de vivienda sobre plano a depositar las cantidad recibidas a cuenta en una cuenta especial abierta de una entidad financiera.

Cuando todo va bien, nadie tiene que reponder. Pero, ¿qué pasa si el promotor es insolvente? ¿Puede ser responsable la entidad bancaria de las cantidades depositadas por los compradores en la cuenta especial abierta a nombre del promotor? Una responsabilidad sobre la que nuestros tribunales se han venido manifestado de forma contradictoria a lo largo de los años, y que parece haberse aclarado a raíz de la sentencia de 21 de diciembre de 2015 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo. La resolución en cuestión resuelve esta dispersión jurisprudencial en Fundamento de Derecho sexto en los siguientes términos:

<<Conforme al art. 487.3 LEC procede casar la sentencia recurrida, para en su lugar confirmar la de primera instancia, y fijar como doctrina jurisprudencial la siguiente: « En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad>>.

Por lo que nuestro Tribunal Supremo considera que las entidades bancarias responden por las cantidades ingresadas por los compradores en las cuentas abiertas por el promotor. Es decir, el Alto Tribunal considera como regla general que las entidades de crédito deben fiscalizar los ingresos efectuados en las cuentas de los promotores.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia nº733 de 21 de diciembre de 2015.

LA TENENCIA DE DROGA NO ES IMPRESCINDIBLE PARA SER CONDENADO POR UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Asunto: la necesidad de intervención de droga para poder ser condenado por un delito contra la salud pública (artículo 368 del Código Penal).

El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de julio de 2016, se ha manifestado sobre la valoración probatoria en los delitos contra la salud pública. En ese caso judicial, el recurrente alegó que en la medida en no se le había intervenido ninguna partida de droga, y desconociendo por tanto la cantidad así como la riqueza de la misma, no se ha de considerar que se haya ejercitado una conducta que afecte a la salud pública, por lo que solicitaba su absolución. 

El Alto Tribunal se manifiesta al respecto en relación con los fundamentos del recurrente estableciendo que, si bien es cierto que no ha existido la incautación de ninguna sustancia, y no resultando esta tenencia o posesión de la droga un requisito imprescindible para la realización del delito, no cabe la absolución del acusado debido a que han sido acreditados diversos actos de tráfico.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia.