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ABSUELTOS DE UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Resulta obvia la dificultad con la que se encuentran los tribunales para justificar una condena cuando la acusación se fundamenta en determinados delitos. Uno de éstos, es el delito de blanqueo de capitales, que en ocasiones supone un quebradero de cabeza para los tribunales ya que una y otra vez tienen que acudir a la prueba indiciaria o prueba por indicios, con la finalidad de motivar las condenas.

Pues bien, hoy quiero hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2017, por la que se absuelve a un individuo y a su suegra de un delito de blanqueo de capitales por el que habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid.

En concreto y para analizar el supuesto de hecho, exponemos los hechos probados en el juicio, que son:

Don Lorenzo , residente legal, nacido en Pereira (Colombia,1973), anteriormente condenado a tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas, el día 8 de octubre de 2012 cuando circulaba con el vehículo Seat Ibiza, fue parado en un control de alcoholemia por la Policía Local. Aunque dió negativo en la prueba realizada, los agentes decidieron registrar el vehículo, al causar sospechas en éstos, el estado de nerviosismo en el que se encontraba el acusado. Un registro en el que encontraron escondidos en la moldura lateral de la parte trasera del vehículo un bolsa con la cantidad de 599.845 € en efectivo.

Unos días más tarde, el 24 de octubre de 2012 a las 10:30, los agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, detectaron dos maletas con doble fondo en el que se encontraron 700.130€. El destino de ese equipaje era Bogotá, y su dueña era doña Claudia, nacida en Liborina (Colombia, 1967), que mantenía una relación con don Lorenzo, ya que éste era su yerno.

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, tal y como ya hemos adelantado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los acusados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, absuelve a ambos acusados del delito de blanqueo, ya que a pesar de la cuantía importante del dinero, no existe ninguna prueba o indicio que permita <<vincular a don Lorenzo con el tráfico de drogas a gran escala; y la condición de colombianos de él y de la acusada, sin más, es un dato que carece de fuerza argumental>>Y por tanto, el Alto Tribunal añade que <<la condena por el delito de que se trata carece de sustento probatorio>>.

Una decisión judicial que no es compartida por todos los Magistrados del Tribunal Supremo,  en este sentido se manifiestan y discrepan con la decisión de la Sala, los Excmos. Srs Magistrados don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA y don JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR.

El primero aboga por confirmar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, y por tanto, se decanta por una condena por blanqueo de capitales para ambos acusados, en atención a determinados elementos objetivos así como a la relación familiar (yerno/suegra) existente entre don Lorenzo y doña Claudia.

Sin embargo, el segundo de los votos particulares expuestos en la sentencia, opinión del magistrado SÁNCHEZ MELGAR, se inclina por una condena en relación con don Lorenzo, fundamentándose en los elementos objetivos e indicios a los que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid así como su compañero don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA. Mientras que opta por la absolución de doña Claudia ya que a pesar de ser la suegra de don Lorenzo, en sus propias palabras <<llevar dinero a Colombia no supone necesariamente la comisión de un delito de blanqueo, aun cuando existan sospechas. Es necesario algo más que conforme la prueba del conocimiento de que el dinero que transporta necesariamente tiene origen delictivo, y que este origen es además correspondiente de una actividad de narcotráfico a gran escala (dada la suma transportada). Tanto puede tener origen de otro delito (no lo sabemos), como en la venta (lícita) de activos patrimoniales que desconocemos, como en alguna otra actividad ilegal pero no delictiva>>. 

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

CONDUCIR SIN CARNÉ ES UN DELITO

El artículo 384 de nuestro Código Penal establece que:

“El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

La duda que se ha planteado en relación con este delito, entre otras, es si ha de ser aplicado en los casos en que el sujeto investigado ha ocasionado un peligro real para la seguridad vial o si por el contrario sólo fuere necesario que el sujeto haya realizado la conducta (conducir sin carné). En otras palabras, la duda es si nos encontramos ante un delito de peligro concreto o ante un delito de peligro abstracto.

Pues bien en relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 2017, establece que en el caso del artículo 384 (cuando el sujeto conduce sin haber obtenido el carné) nos encontramos ante un delito de peligro abstracto. En concreto dice el Supremo que <<De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor>>.

Esta sentencia en cuestión, revoca el fallo absolutorio fijado por la Audiencia Provincial de Toledo y, condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros.

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA INDEMNIZACIÓN A ROBERTO HERAS.

El Tribunal Supremo ratifica la indemnización de 724.904€ concedida por la Audiencia Nacional al exciclista Roberto Heras. Una cantidad que deriva de la anulación judicial de la sanción que se le impuso al deportista a raíz de dar positivo en un control antidopaje en el año 2005.

La indemnización tiene su fundamento en que la sanción ha ocasionado un importante perjuicio al exciclista. En palabras del Supremo: <<Es la sanción impuesta la causa directa, inmediata y exclusiva de que se rescindieran los contratos laborales y de patrocinio y de que el Sr. Heras se viera privado de ejercer como ciclista profesional durante el tiempo de la sanción, con independencia de que en la rescisión de aquellos contratos intervinieran terceros>>.

Pincha AQUÍ para leer la sentencia.

ENTREVISTA EN LA VOZ DE GALICIA

El pasado domingo 16 de abril de 2017 se publicaba en el periódico La Voz de Galicia la entrevista a Alejandro Seoane Pedreira. Si queréis leer el contenido de ésta, sólo tenéis que pinchar AQUÍ.

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LAS CONDUCTAS TÍPICAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El delito de blanqueo de capitales será cometido por un sujeto mediante una acción u omisión  por la que lleve a cabo alguna de las conductas previstas en los artículos 301.1 y 301.2 del Código Penal, cuyo contenido es el que sigue:

Artículo 301.1 : <<El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad  del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años>>.

Artículo 301.2 : <<Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos>>.

Es decir, nuestro legislador incluye en estos dos artículos un gran elenco de actividades que abarcan todo el proceso y fases del delito blanqueo de dinero. Una situación que puede provocar algunos problemas técnicos ya que utilizan términos superfluos o redundantes que puede llevarnos a situaciones absurdas. En todo caso, lo que no cabe duda es que el legislador quiere evitar  cualquier tipo de vacío legal que pudiese surgir al respecto.

Con la finalidad de aclarar y esquematizar las conductas de blanqueo podemos decir que son punibles, de conformidad con el tipo básico, dos grupos o tipos de conductas:

1) Conductas que se refieren a la adquisición, conversión, posesión, utilización o transmisión de bienes a sabiendas de su origen delictivo.

2) Cualquier otro acto (conducta) sobre bienes cuya finalidad sea lograr ocultar o encubrir el origen delictivo.

En el supuesto del primer grupo de conductas debemos hacer una breve referencia a los términos utilizados por nuestro legislador para la describir las diferentes actividades ejecutadas sobre los bienes. Y en este sentido:

La conducta de “adquirir” hace referencia al ingreso en el patrimonio del sujeto activo de los derechos sobre los bienes de origen delictivo.

La conducta de “convertir”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, se hace referencia a la «acción y efecto de convertir o convertirse», así como a la «mutación de una cosa en otra».

La conducta de “poseer” (introducida por nuestro legislador en el tipo penal de blanqueo a través de la LO 5/2010) hace referencia a la disponibilidad que tiene el sujeto sobre estos.

La conducta de “utilizar” hace referencia a la conducta específica de aprovecharse del objeto material del delito.

Y por último, debemos indicar que la conducta de “transmitir” hace referencia a la salida de bienes del patrimonio de un sujeto en beneficio e incremento del patrimonio de otro individuo.

Realizar cualquier tipo de acto orientado a ocultar el origen ilícito de los bienes, o a ayudar a quienes hayan intervenido en la comisión del delito previo a eludir las consecuencias legales de sus acciones.

Es lo que podemos llamar una cláusula “cajón desastre” y que por tanto necesitará ser interpretada de forma cautelosa por los tribunales, en la medida en que puede existir una excesiva generalización y extensión de su contenido que podrá ocasionar una vulneración del principio de legalidad, dada la falta de determinación de la conducta típica.

Por otro lado debemos hacer referencia a las conductas descritas en el art. 301.2 del Código Penal, que prevé aquellas que tratan de:

  • Ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de su delictiva procedencia.

Por lo que en este caso se trata de que el acusado ha realizado actos que han tenido como resultado la ocultación de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos de los bienes de procedencia está un delito de blanqueo previo.

Conclusión:

Con independencia del amplio abanico de conductas que prevé nuestro Código Penal, lo que realmente trata de criminalizar el legislador, son todas aquellas conductas que persiguen ocultar el origen ilícito de los bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva previa, así como criminalizar todas aquellas que tengan la finalidad de ayudar al autor de la conducta delictiva previa a eludir la sanción penal que le pueda corresponder.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)