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CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

La responsabilidad penal se extingue por las causas tasadas en el artículo 130 del Código Penal. Una responsabilidad que existirá, como es obvio, cuando se haya cometido un delito y que desaparecerá por alguno de los siguientes motivos o causas.

1ª) MUERTE DEL REO.

Como es lógico dentro del Derecho Penal la muerte de toda persona que haya cometido un delito, provoca que la justicia no pueda acometer ningún reproche penal contra ésta. Una circunstancia que deriva del principio de personalidad de las penas. No basta la declaración civil de fallecimiento sino que es necesaria la muerte efectiva del reo, sin perjuicio de que se produzca el sobreseimiento del proceso penal ya iniciado.

Se trata de una causa que provoca la extinción por completo de todo tipo de pena que se pueda imponer al reo, así como de todas las medidas de seguridad que se hayan decretado frente éste. Empero no extingue la responsabilidad civil que se derive del delito, que será transmitida por vía sucesoria a los herederos del penado, cuya extinción se someterá a las normas de carácter civil.

2ª) CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA.

En este caso, la previsión de esta causa dentro del Código Penal, se puede considerar un tanto superflua debido a que la extinción de la responsabilidad se produce en el momento en que la ley determina que deja de existir. En este supuesto no sucede lo mismo que en el resto de las causas cuya extinción de responsabilidad penal, se produce en un momento anterior al que la ley de manera abstracta lo haya previsto.

Sin embargo, el cumplimiento de la condena no produce la extinción de todos los efectos derivados de ésta, debido a que se mantienen los antecedentes penales, que se extinguirán una vez que hayan transcurrido los plazos previstos en la legislación penal.

3ª) REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA.

Se trata de una causa de extinción de la responsabilidad penal que se encuentra vinculada a la figura de la ejecución de suspensión de la pena privativa de libertad. Y en particular a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87 del Código Penal.

El precepto en cuestión prevé la remisión de la pena si ha terminado el plazo de suspensión fijado en sentencia sin que el sujeto haya cometido un hecho delictivo, y siempre que haya cumplido las normas de conducta que su Señoría le haya impuesto mediante resolución judicial.

Además, en el apartado segundo (art. 87), se prevé la posibilidad de que el juez pueda acordar la remisión de la pena para aquellos condenados a los que ésta se les haya suspendido por haber cometido el delito a causa de su adicción a las drogas o sustancias similares. En este caso, para que pueda decretarse la remisión se debe acreditar ante su Señoría, que el condenado está bajo tratamiento de deshabituación o que éste ya ha sido cumplido con éxito.

Al igual que en el caso anterior, tampoco estamos ante una causa de extinción de la responsabilidad que suponga la desaparición de todos los efectos penales, ya que se mantiene la anotación de los antecedentes penales hasta que transcurra el tiempo necesario para su cancelación.

4ª) EL INDULTO.

El famoso indulto, es junto con la amnistía, una institución del Derecho de gracia, consistente en la renuncia al ius puniendi (derecho a penar) que viene acordado con carácter general por el Gobierno.

Se trata de una institución que provoca la remisión total o parcial de la pena impuesta en sentencia judicial, sin embargo tal y como se produce en otras causas de exclusión de la responsabilidad penal, se mantienen los antecedentes penales que no se cancelarán hasta que haya pasado el plazo legalmente establecido.

Una institución que tiene grandes detractores que fundamentan su oposición a la misma, en tanto que en su opinión el indulto otorgado por el ejecutivo puede suponer la vulneración del principio de separación de poderes, siendo una institución más propia de épocas pasadas en donde todo el poder estaba bajo la figura del monarca. A pesar de que los más críticos consideran que se trata de una medida arbitraria, el indulto “debería” ser concedido de manera justificada por razones de justicia, equidad o utilidad pública.

5ª) PERDÓN DEL OFENDIDO.

Se trata de una causa de exoneración de responsabilidad que tan sólo es posible aplicar cuando la ley penal así lo determine o se trate de delitos leves perseguibles a instancia de la víctima.

Como parece lógico, el perdón del ofendido deberá de cumplir los siguientes requisitos:

Que se otorgue de manera expresa y libre.
Que se otorgue antes de que se dicte sentencia.
Puede ser otorgado por el ofendido, así como por un menor o incapaz a través de su representante legal, aunque en estos dos últimos casos, el juez podrá no admitir dicho perdón del perjudicado, una vez oído al Ministerio Fiscal.
El perdón otorgado por el ofendido es irrevocable y sólo tiene efectos frente al delito del que ha sido víctima así como tan solo frente al sujeto penalmente responsable.

6ª) PRESCRIPCIÓN DEL DELITO.

Los delitos prescriben por el paso del tiempo de manera ininterrumpida. Sin embargo el legislador prevé distintos plazos para que pueda existir causa de exclusión de la responsabilidad.

Los delitos prescriben:

A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años.
A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años.
A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10.
A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves, los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.

Como excepción a la norma general de prescripción, existen una serie de delitos para los que la ley no prevé ningún plazo de prescripción debido a su gravedad como son: Delitos de lesa humanidad (art. 607 bis CP) y genocidio (art. 607 CP); delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (arts. 608 a 613 y 614 bis del CP), y delito de terrorismo cuando se hubiere causado la muerte de una persona.

7ª) PRESCRIPCIÓN DE LA PENA.

A pesar de que se trata de una causa poco frecuente, es posible la prescripción de una pena impuesta en una sentencia judicial. Se apartan de la norma las penas impuestas por haber cometido alguno de los delitos imprescriptibles.

Para el resto de delitos los plazos de prescripción de las penas son:

A los 30 años las penas de prisión de más de 20 años.
A los 25 años las penas de prisión de 15 o más años y que no excedan de 20.
A los 20 las inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15 años.
A los 15 las de inhabilitación por más de 6 años y que no excedan de 10 y las de prisión por más de 5 y que no excedan de 10.
A los 10 años las restantes penas graves.
A los 5 las penas menos graves.
Al año las penas leves.

El cómputo del plazo se inicia en la fecha en la que se dicta la sentencia firme si la pena no ha comenzado a cumplirse, o en el momento del quebrantamiento de la condena. SIn embargo este plazo quedará en paralizado durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena, así  como también en los casos en que el condenado se encuentre cumpliendo otras condenas.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

ABSUELTOS DE UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Resulta obvia la dificultad con la que se encuentran los tribunales para justificar una condena cuando la acusación se fundamenta en determinados delitos. Uno de éstos, es el delito de blanqueo de capitales, que en ocasiones supone un quebradero de cabeza para los tribunales ya que una y otra vez tienen que acudir a la prueba indiciaria o prueba por indicios, con la finalidad de motivar las condenas.

Pues bien, hoy quiero hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2017, por la que se absuelve a un individuo y a su suegra de un delito de blanqueo de capitales por el que habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid.

En concreto y para analizar el supuesto de hecho, exponemos los hechos probados en el juicio, que son:

Don Lorenzo , residente legal, nacido en Pereira (Colombia,1973), anteriormente condenado a tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas, el día 8 de octubre de 2012 cuando circulaba con el vehículo Seat Ibiza, fue parado en un control de alcoholemia por la Policía Local. Aunque dió negativo en la prueba realizada, los agentes decidieron registrar el vehículo, al causar sospechas en éstos, el estado de nerviosismo en el que se encontraba el acusado. Un registro en el que encontraron escondidos en la moldura lateral de la parte trasera del vehículo un bolsa con la cantidad de 599.845 € en efectivo.

Unos días más tarde, el 24 de octubre de 2012 a las 10:30, los agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, detectaron dos maletas con doble fondo en el que se encontraron 700.130€. El destino de ese equipaje era Bogotá, y su dueña era doña Claudia, nacida en Liborina (Colombia, 1967), que mantenía una relación con don Lorenzo, ya que éste era su yerno.

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, tal y como ya hemos adelantado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los acusados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, absuelve a ambos acusados del delito de blanqueo, ya que a pesar de la cuantía importante del dinero, no existe ninguna prueba o indicio que permita <<vincular a don Lorenzo con el tráfico de drogas a gran escala; y la condición de colombianos de él y de la acusada, sin más, es un dato que carece de fuerza argumental>>Y por tanto, el Alto Tribunal añade que <<la condena por el delito de que se trata carece de sustento probatorio>>.

Una decisión judicial que no es compartida por todos los Magistrados del Tribunal Supremo,  en este sentido se manifiestan y discrepan con la decisión de la Sala, los Excmos. Srs Magistrados don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA y don JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR.

El primero aboga por confirmar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, y por tanto, se decanta por una condena por blanqueo de capitales para ambos acusados, en atención a determinados elementos objetivos así como a la relación familiar (yerno/suegra) existente entre don Lorenzo y doña Claudia.

Sin embargo, el segundo de los votos particulares expuestos en la sentencia, opinión del magistrado SÁNCHEZ MELGAR, se inclina por una condena en relación con don Lorenzo, fundamentándose en los elementos objetivos e indicios a los que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid así como su compañero don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA. Mientras que opta por la absolución de doña Claudia ya que a pesar de ser la suegra de don Lorenzo, en sus propias palabras <<llevar dinero a Colombia no supone necesariamente la comisión de un delito de blanqueo, aun cuando existan sospechas. Es necesario algo más que conforme la prueba del conocimiento de que el dinero que transporta necesariamente tiene origen delictivo, y que este origen es además correspondiente de una actividad de narcotráfico a gran escala (dada la suma transportada). Tanto puede tener origen de otro delito (no lo sabemos), como en la venta (lícita) de activos patrimoniales que desconocemos, como en alguna otra actividad ilegal pero no delictiva>>. 

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

CONDUCIR SIN CARNÉ ES UN DELITO

El artículo 384 de nuestro Código Penal establece que:

“El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

La duda que se ha planteado en relación con este delito, entre otras, es si ha de ser aplicado en los casos en que el sujeto investigado ha ocasionado un peligro real para la seguridad vial o si por el contrario sólo fuere necesario que el sujeto haya realizado la conducta (conducir sin carné). En otras palabras, la duda es si nos encontramos ante un delito de peligro concreto o ante un delito de peligro abstracto.

Pues bien en relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 2017, establece que en el caso del artículo 384 (cuando el sujeto conduce sin haber obtenido el carné) nos encontramos ante un delito de peligro abstracto. En concreto dice el Supremo que <<De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor>>.

Esta sentencia en cuestión, revoca el fallo absolutorio fijado por la Audiencia Provincial de Toledo y, condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros.

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA INDEMNIZACIÓN A ROBERTO HERAS.

El Tribunal Supremo ratifica la indemnización de 724.904€ concedida por la Audiencia Nacional al exciclista Roberto Heras. Una cantidad que deriva de la anulación judicial de la sanción que se le impuso al deportista a raíz de dar positivo en un control antidopaje en el año 2005.

La indemnización tiene su fundamento en que la sanción ha ocasionado un importante perjuicio al exciclista. En palabras del Supremo: <<Es la sanción impuesta la causa directa, inmediata y exclusiva de que se rescindieran los contratos laborales y de patrocinio y de que el Sr. Heras se viera privado de ejercer como ciclista profesional durante el tiempo de la sanción, con independencia de que en la rescisión de aquellos contratos intervinieran terceros>>.

Pincha AQUÍ para leer la sentencia.

ENTREVISTA EN LA VOZ DE GALICIA

El pasado domingo 16 de abril de 2017 se publicaba en el periódico La Voz de Galicia la entrevista a Alejandro Seoane Pedreira. Si queréis leer el contenido de ésta, sólo tenéis que pinchar AQUÍ.

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