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ABSUELTOS DE UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Resulta obvia la dificultad con la que se encuentran los tribunales para justificar una condena cuando la acusación se fundamenta en determinados delitos. Uno de éstos, es el delito de blanqueo de capitales, que en ocasiones supone un quebradero de cabeza para los tribunales ya que una y otra vez tienen que acudir a la prueba indiciaria o prueba por indicios, con la finalidad de motivar las condenas.

Pues bien, hoy quiero hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2017, por la que se absuelve a un individuo y a su suegra de un delito de blanqueo de capitales por el que habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid.

En concreto y para analizar el supuesto de hecho, exponemos los hechos probados en el juicio, que son:

Don Lorenzo , residente legal, nacido en Pereira (Colombia,1973), anteriormente condenado a tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas, el día 8 de octubre de 2012 cuando circulaba con el vehículo Seat Ibiza, fue parado en un control de alcoholemia por la Policía Local. Aunque dió negativo en la prueba realizada, los agentes decidieron registrar el vehículo, al causar sospechas en éstos, el estado de nerviosismo en el que se encontraba el acusado. Un registro en el que encontraron escondidos en la moldura lateral de la parte trasera del vehículo un bolsa con la cantidad de 599.845 € en efectivo.

Unos días más tarde, el 24 de octubre de 2012 a las 10:30, los agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, detectaron dos maletas con doble fondo en el que se encontraron 700.130€. El destino de ese equipaje era Bogotá, y su dueña era doña Claudia, nacida en Liborina (Colombia, 1967), que mantenía una relación con don Lorenzo, ya que éste era su yerno.

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, tal y como ya hemos adelantado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los acusados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, absuelve a ambos acusados del delito de blanqueo, ya que a pesar de la cuantía importante del dinero, no existe ninguna prueba o indicio que permita <<vincular a don Lorenzo con el tráfico de drogas a gran escala; y la condición de colombianos de él y de la acusada, sin más, es un dato que carece de fuerza argumental>>Y por tanto, el Alto Tribunal añade que <<la condena por el delito de que se trata carece de sustento probatorio>>.

Una decisión judicial que no es compartida por todos los Magistrados del Tribunal Supremo,  en este sentido se manifiestan y discrepan con la decisión de la Sala, los Excmos. Srs Magistrados don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA y don JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR.

El primero aboga por confirmar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, y por tanto, se decanta por una condena por blanqueo de capitales para ambos acusados, en atención a determinados elementos objetivos así como a la relación familiar (yerno/suegra) existente entre don Lorenzo y doña Claudia.

Sin embargo, el segundo de los votos particulares expuestos en la sentencia, opinión del magistrado SÁNCHEZ MELGAR, se inclina por una condena en relación con don Lorenzo, fundamentándose en los elementos objetivos e indicios a los que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid así como su compañero don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA. Mientras que opta por la absolución de doña Claudia ya que a pesar de ser la suegra de don Lorenzo, en sus propias palabras <<llevar dinero a Colombia no supone necesariamente la comisión de un delito de blanqueo, aun cuando existan sospechas. Es necesario algo más que conforme la prueba del conocimiento de que el dinero que transporta necesariamente tiene origen delictivo, y que este origen es además correspondiente de una actividad de narcotráfico a gran escala (dada la suma transportada). Tanto puede tener origen de otro delito (no lo sabemos), como en la venta (lícita) de activos patrimoniales que desconocemos, como en alguna otra actividad ilegal pero no delictiva>>. 

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

LOS ENFERMOS PSIQUIÁTRICOS TAMBIÉN TIENEN DERECHO A UN ABOGADO.

El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a una paciente de psiquiatría internada en un centro médico por orden de un Juzgado, sin haber atendido a la petición de la interesada en contar con la defensa de un abogado, ni tampoco confiar ésta al Ministerio Fiscal.

La Juez de Primera Instancia, ante la petición del Servicio de Psiquiatría, se desplazó hasta el hospital para entrevistarse con la paciente y los médicos. Visita de la que dejó constancia mediante acta, en la que figuraba que la afectada solicitaba ser defendida por un letrado. Para lo cual, se remitió requerimiento al Ilustre Colegio de Abogados para que designase un abogado del turno de oficio. Dictando su Señoría, en ese mismo momento,  resolución por la que autorizaba el internamiento de la enferma aún sin existir respuesta por parte del Colegio de Abogados  sobre  designación de letrado.

El Ministerio Fiscal recurrió en amparo ante el  Tribunal Constitucional, por causar indefensión para la interna por no haber observado las normas procedimentales, concretamente:

  • Dictar resolución judicial de internamiento con anterioridad a la emisión del informe perceptivo del informe Fiscal.
  • No haber garantizado a la persona internada su derecho de defensa letrada (art.763.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Reconociendo el Tribunal Constitucional, que la decisión judicial ha vulnerado el derecho de la paciente a la libertad personal (art. 17.1  de la Constitución), declarando la nulidad de la resolución por la que se decretó el internamiento.

Pinche AQUÍ para consultar el texto íntegro de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional.

EL DELITO DE EXTORSIÓN.

Hace unos días compartimos con vosotros el Auto de prisión provisional de Luis Pineda (Ausbanc) y Miguel Bernard (Manos Limpias), en el curso de la operación “Nelson”. Una operación en la que se investigan, entre otros, la comisión de unos supuestos delitos de extorsión.

Pero ¿Qué es la extorsión?

Según nuestro Código Penal (art. 243) , comete extorsión el que con ánimo de lucro, obliga a otro, mediante el empleo de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

Un delito castigado con una pena de uno a cinco años de prisión.

Quedando consumado el delito, en el momento en que la víctima ejecuta u omite la realización de ese acto jurídico, independientemente de que la persona que está ejecutando la extorsión consiga el lucro pretendido.

Además el hecho de que tenga que ser cometido mediante el empleo de violencia o intimidación frente a la víctima, puede derivar en la comisión de otros delitos como por ejemplo delitos de lesiones, agresiones sexuales, detenciones ilegales, etc. De ahí que el Código Penal, disponga en la parte final del artículo 243 la expresión <<sin perjuicio de las que puedan imponerse por los actos de violencia física realizados>>, refiriéndose a las penas.

A simple vista, el delito de extorsión puede tener un cierto parecido con el robo con violencia o intimidación. Sin embargo, son más las diferencias entre los dos delitos que sus semejanzas. De manera que prácticamente en lo único que coinciden, es en la forma en la que se comete el delito, es decir, en la utilización de la violencia o intimidación. Y entre esas diferencias existentes entre ambos delitos, podemos decir que el acto de disposición patrimonial ejecutado por la víctima no es necesario en el delito de robo. Además en el delito de extorsión el ataque patrimonial puede recaer sobre el patrimonio mobiliario e inmobiliario, mientras que en el robo sólo puede afectar a bienes muebles.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol)

LA JUSTICIA VS AUSBANC Y MANOS LIMPIAS

Semana trágica para los responsables de AUSBANC y de MANOS LIMPIAS, que han sido los protagonistas en la llamada operación “Nelson”. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decretado prisión provisional sin fianza para Luis Pineda (Presidente de Ausbanc) y Miguel Bernard (Secretario General de Manos Limpias).

En el caso de Bernard, el juez lo investiga por haber cometido delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, mientras que a Pineda también se le atribuyen delitos de fraude de subvenciones, estafa y administración desleal.

El Ministerio Fiscal dispone de indicios suficientes para mantener que Bernard y Pineda, junto con otros tres investigados, han organizado una trama dedicada a la extorsión de entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones judiciales contra ellas en los tribunales. Además de utilizar las dos asociaciones (sin ánimo de lucro) para  su enriquecimiento personal.

Pinche AQUÍ para acceder al texto íntegro del Auto dictado el pasado lunes por el que Santiago Pedraz ha dictaminado la prisión para Pineda y Bernard.

EL DELITO DE STALKING.

Con la reforma de nuestro Código Penal del año 2015, se introduce en nuestra legislación un nuevo delito contra la libertad, conocido como delito de stalking o delito de acoso. Un delito consistente en que una persona, persigue de forma obsesiva a la víctima, siguiéndola por la calle, la espía, la llama por teléfono, le envía regalos, etc.

Concretamente, el delito de stalking viene regulado en el art. 172 ter de nuestro Código Penal, que establece:

1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

     1ª) La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

     2ª) Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

     3ª) Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

     4ª) Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

     Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses o dos años

Es por lo que podemos decir que las notas definitorias del delito de stalking son:

  • Existencia de actos de distinta naturaleza de forma continuada y reiterada en el tiempo.
  • Falta de consentimiento por parte de la víctima.
  • Alteración grave del desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

Por otro lado, el legislador prevé en el apartado 3 del artículo 172 ter del Código Penal, un agravamiento de la pena (prisión de uno a dos años o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días) cuando el stalker (acosador) ejecute las conductas de hostigamiento sobre su pareja o expareja así como todas las personas que prevé el art.173.2 del Código Penal. Eximiendo en estos casos a la víctima, de la necesidad de denuncia previa por parte de ésta para la persecución de la conducta tipificada como delito.

Sin embargo, tal y como recoge el art. 172 ter en su apartado 4, cuando la víctima del delito no es la pareja o expareja, ni tampoco se encuentra entre las personas que prevé el 173.2 del Código Penal, los hechos tipificados como delito de stalking sólo serán perseguibles cuando la persona afectada o su representante legal formule la correspondiente denuncia.

Un delito que abre paso a la recriminación de conductas de acecho y/u hostigamiento que con anterioridad a la reforma, podrían no tener un encaje penal, tal y como había hecho el legislador con otras conductas similares como por ejemplo en el caso del delito de bullying.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)