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RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Atrás quedaron esos “maravillosos” años en los que se hablaba del famoso aforismo latino <<societas delinquere nec punire potest>>, es decir, la imposibilidad de que una persona jurídica pudiese ser responsable desde un punto de vista penal. Como sabéis, la LO 5/2010 ha introducido dentro de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de una responsabilidad penal de la persona jurídica.

El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas  viene fijado por una  serie de normas concretas, que son:

  1. Del art. 31 bis al 31 quienquies del Código Penal; determinan qué reglas se ha de seguir para investigar y acusar penalmente a las empresas o entidades.
  2. El art. 33.7 del Código Penal; hace referencia al catálogo de penas propias de las personas jurídicas.
  3. Y el art. 66 bis del Código Penal; recoge una serie de normas a seguir en la determinación de las sanciones penales, que han sido especialmente creadas en atención a las particularidades de las personas jurídicas frente a las personas físicas.

Pues bien, para que una persona jurídica pueda ser responsable penalmente de alguno de los delitos respecto a los que se prevé esa posibilidad, deben concurrir una serie de requisitos:

1º) Los delitos de los que se le quiere hacer responsable penalmente tienen que haber sido cometidos por una persona física que tenga la representación u ostente la capacidad decisoria de la entidad (administradores, directivos…), o bien por toda persona que estuviese sometida a la autoridad de aquella/s (empleados o autónomos que prestan servicios puntuales a la empresa, etc).

2º) Los delitos deben haber sido cometidos mediante una conducta que produzca un beneficio directo o indirecto a la persona jurídica, además de por su cuenta o en su nombre (en el caso de superiores), o en el ejercicio de su actividad económica (en el caso de los subordinados).

Sin embargo no se trata de una responsabilidad penal de la empresa de carácter automático, de manera que la responsabilidad penal de alguno de los sujetos que hemos mencionado anteriormente permita concluir que la persona jurídica también resulta responsable. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en sentencia 29 de febrero de 2016, estableciendo el criterio de que las personas jurídicas son responsables penalmente de su propia actuación y por su propia culpabilidad. En otras palabras, podemos decir que la comisión del hecho delictivo por parte de una persona física es un requisito necesario para la atribución de una responsabilidad penal de la persona jurídica, sin embargo en modo alguno ha de resultar suficiente ni puede ser fundamento último y único de esta responsabilidad.

De manera que el fundamento para la atribución de la responsabilidad penal de una entidad ha de ser su propia culpabilidad que se concreta en una falta de vigilancia y control sobre la actividad de las personas que actuan en su nombre o representación. El problema entonces queda en manos de los empresarios, de forma que si quieren proteger a su empresa frente a una responsabilidad penal deben realizar un control que cumpla con los requisitos de los apartados 2 a 5 del art. 31 bis del Código Penal.

El control que debe realizar la entidad respecto de los sujetos contemplados en el apartado a) del art. 31 bis del CP (los superiores), se fundamentará en un primer lugar en la implantación de un modelo de organización idóneo para prevenir delitos con anterioridad a su ejecución. Es decir, lo que trata de implantar son los famosos programas de cumplimiento o Compliance Programs, que deben cumplir en todo caso los requisitos del art. 31. bis. 5 del CP. Y por otro lado, la persona jurídica tendría que haber confiado la supervisión del cumplimiento de este modelo a un órgano autónomo a la dirección de la entidad (compliance officer), aunque si bien es cierto que el art. 31 bis apartado 3 del CP, permite que esta función –de supervisión del cumplimiento- pueda ser encomendada al propio órgano de administración siempre y cuando se trate de entidades de pequeñas dimensiones.

Por otro lado, y en relación al control que debe realizar la entidad respecto de los sujetos contemplados en el apartado b) del art. 31 bis del CP (los subordinados); cabe decir que la persona jurídica no ha de responder por las actuaciones delictivas efectuadas por estos individuos cuando hubiese adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización adecuado para reducir el riesgo de la comisión de delitos, y no se determine que los subordinados -art. 31 bis apartado b)- han cometido el delito porque los superiores -art. 31 bis apartado a)- han incumplido gravemente los deberes de vigilancia y control -art. 31 bis. 1 b) in fine CP-. De manera que nuestro legislador ha previsto un diferente nivel de riesgo permitido dentro de las entidades en relación a las actividades delictivas ejecutadas por los subordinados. En otras palabras, en el caso de la responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos delictivos cometidos por los superiores sería suficiente –para quedar exenta de aquella- que el control cometido por el compliance officer hubiese sido insuficiente; mientras que si los actos delictivos son cometidos por los sujetos subordinados sería necesaria la prueba de que sus superiores infringieron gravemente el deber de diligencia que les correspondía, lo que implica que nos encontremos ante un nivel de infracción mucho mayor.

En conclusión, podemos decir que el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido para quedarse, fundamentándose en una cuestión que no resulta baladí, y que no es más que la propia culpabilidad de la entidad. Una culpabilidad que se traduce en una falta de control de los posibles riesgos delictivos existentes en su actividad social, bien porque no los previeron, o bien porque, previéndolos, no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que éstos se conviertan en un delito cometido por parte de su personal.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

 

¿DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO?

El Código Penal prevé en el art. 74 que el sujeto que “…realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado”.

Pregunta: ¿Es posible la aplicación de esta regla (art.74CP) a todas las infracciones penales? y más concretamente, ¿es posible hablar de un delito de blanqueo de capitales como delito continuado?

Pues bien, el delito de blanqueo de capitales o blanqueo de dinero, encajaría en un principio (salvo casos excepcionales) dentro de lo que la jurisprudencia conoce como “tipos penales que incluyen conceptos globales”, es decir, figuras delictivas que describen diferentes conductas o hechos plurales que han de ser incluidos dentro de un mismo delito. De manera que una variedad de acciones punibles que poseen un contenido semejante constituyen una sola infracción penal y no un delito continuado en el tiempo.

Y en este sentido, se expresa el Tribunal Supremo en su sentencia nº 928/2016 (f.j 6º), cuando expone:

Pues bien, la jurisprudencia de este Tribunal ha venido entendiendo, tal como se anticipó supra, que en el delito de blanqueo de capitales estamos ante lo que un sector doctrinal denomina “tipos que incluyen conceptos globales”, es decir, hechos plurales incluidos en una única figura delictiva, lo que obliga a considerar que una variedad de acciones punibles de contenido semejante no constituyen un delito continuado sino una sola infracción penal; de modo que las actividades plurales tenemos que considerarlas integradas en el tipo penal del blanqueo como un delito único, equiparándolas así a los casos de los delitos contra la salud pública de tráfico de drogas ( SSTS 974/2012, de 5-12 , y 257/2014, de 1-4 , que a su vez se remiten a las sentencias 519/2002, de 22-3 ; 986/2004, de 13-9 ; 595/2005, de 9-5 ; y 413/2008, de 20-6 ). El hecho de que el art. 301 del C. Penal no contenga una redacción en plural de los actos que integran la conducta delictiva, como sí sucede en cambio con el tipo penal del art. 368 (tráfico de sustancias estupefacientes), no excluye que nos hallemos ante un tipo penal que incluye conceptos globales. 

De forma que el Alto Tribunal, en la sentencia a la hemos hecho referencia, rechaza la tesis mantenida por la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. 5ª), en sentencia de 27 de noviembre de 2015, en la que justificó la aplicación de la regla del artículo 74 al delito de blanqueo.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

DELITO DE FALSEDAD DE CUENTAS SOCIETARIAS

El delito de falsedad de cuentas, se trata de un delito económico, societario y de carácter doloso. Una figura delictiva prevista en nuestro Código Penal, concretamente en el artículo 290, que establece que:

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

Si llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

Por tanto, como ya hemos adelantado y como ha declarado de forma reiterada nuestra jurisprudencia, nos encontramos ante un delito de carácter doloso. Un dolo que ha de ser directo, es decir, la acción u omisión del administrador ha de tener la finalidad “falsear las cuentas para causar un perjuicio económico” y ésta debe ser querida por aquel. Es por ello por lo que no bastaría con que el sujeto activo acepte como consecuencia de su conducta el hecho de que se ocasione un perjuicio económico (dolo eventual).

El Tribunal Supremo en sentencia de 17 de marzo de 2016 (f.j 3º), expone lo siguiente:

Y en cuanto al núcleo de la conducta típica, dice la sentencia 655/2010 , “falsear” en el sentido del art. 290, es mentir, es alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos que suscriba el administrador de hecho o de derecho, porque así es como se frustra, además, el derecho de los destinatarios de la información social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la sociedad. Hay que tener en cuenta que ocultar o suprimir datos es una forma de faltar a la verdad en la narración de los hechos, y por otra, que el administrador tiene el deber jurídico de cumplir con su cometido con la diligencia de un ordinario empresario y de su representante leal ( art. 127.1 LSA y 61 LSRL ), lo que, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la información que suministra sobre la sociedad.

En definitiva, hay que probar la “finalidad de perjudicar” no sólo desde un punto de vista formal (idóneo) sino también desde un punto de vista material. Y prueba de ello, por ejemplo, puede ser el hecho de haber presentado esas cuentas “irreales” ante el Registro Mercantil, ya que es en ese momento en donde éstas afectan al tráfico jurídico mercantil, así como a los intereses de las sociedades, socios o terceros.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

CONDUCIR SIN CARNÉ ES UN DELITO

El artículo 384 de nuestro Código Penal establece que:

“El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

La duda que se ha planteado en relación con este delito, entre otras, es si ha de ser aplicado en los casos en que el sujeto investigado ha ocasionado un peligro real para la seguridad vial o si por el contrario sólo fuere necesario que el sujeto haya realizado la conducta (conducir sin carné). En otras palabras, la duda es si nos encontramos ante un delito de peligro concreto o ante un delito de peligro abstracto.

Pues bien en relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 2017, establece que en el caso del artículo 384 (cuando el sujeto conduce sin haber obtenido el carné) nos encontramos ante un delito de peligro abstracto. En concreto dice el Supremo que <<De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor>>.

Esta sentencia en cuestión, revoca el fallo absolutorio fijado por la Audiencia Provincial de Toledo y, condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros.