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¿DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO?

El Código Penal prevé en el art. 74 que el sujeto que “…realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado”.

Pregunta: ¿Es posible la aplicación de esta regla (art.74CP) a todas las infracciones penales? y más concretamente, ¿es posible hablar de un delito de blanqueo de capitales como delito continuado?

Pues bien, el delito de blanqueo de capitales o blanqueo de dinero, encajaría en un principio (salvo casos excepcionales) dentro de lo que la jurisprudencia conoce como “tipos penales que incluyen conceptos globales”, es decir, figuras delictivas que describen diferentes conductas o hechos plurales que han de ser incluidos dentro de un mismo delito. De manera que una variedad de acciones punibles que poseen un contenido semejante constituyen una sola infracción penal y no un delito continuado en el tiempo.

Y en este sentido, se expresa el Tribunal Supremo en su sentencia nº 928/2016 (f.j 6º), cuando expone:

Pues bien, la jurisprudencia de este Tribunal ha venido entendiendo, tal como se anticipó supra, que en el delito de blanqueo de capitales estamos ante lo que un sector doctrinal denomina “tipos que incluyen conceptos globales”, es decir, hechos plurales incluidos en una única figura delictiva, lo que obliga a considerar que una variedad de acciones punibles de contenido semejante no constituyen un delito continuado sino una sola infracción penal; de modo que las actividades plurales tenemos que considerarlas integradas en el tipo penal del blanqueo como un delito único, equiparándolas así a los casos de los delitos contra la salud pública de tráfico de drogas ( SSTS 974/2012, de 5-12 , y 257/2014, de 1-4 , que a su vez se remiten a las sentencias 519/2002, de 22-3 ; 986/2004, de 13-9 ; 595/2005, de 9-5 ; y 413/2008, de 20-6 ). El hecho de que el art. 301 del C. Penal no contenga una redacción en plural de los actos que integran la conducta delictiva, como sí sucede en cambio con el tipo penal del art. 368 (tráfico de sustancias estupefacientes), no excluye que nos hallemos ante un tipo penal que incluye conceptos globales. 

De forma que el Alto Tribunal, en la sentencia a la hemos hecho referencia, rechaza la tesis mantenida por la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. 5ª), en sentencia de 27 de noviembre de 2015, en la que justificó la aplicación de la regla del artículo 74 al delito de blanqueo.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

LA TENENCIA DE DROGA NO ES IMPRESCINDIBLE PARA SER CONDENADO POR UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Asunto: la necesidad de intervención de droga para poder ser condenado por un delito contra la salud pública (artículo 368 del Código Penal).

El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de julio de 2016, se ha manifestado sobre la valoración probatoria en los delitos contra la salud pública. En ese caso judicial, el recurrente alegó que en la medida en no se le había intervenido ninguna partida de droga, y desconociendo por tanto la cantidad así como la riqueza de la misma, no se ha de considerar que se haya ejercitado una conducta que afecte a la salud pública, por lo que solicitaba su absolución. 

El Alto Tribunal se manifiesta al respecto en relación con los fundamentos del recurrente estableciendo que, si bien es cierto que no ha existido la incautación de ninguna sustancia, y no resultando esta tenencia o posesión de la droga un requisito imprescindible para la realización del delito, no cabe la absolución del acusado debido a que han sido acreditados diversos actos de tráfico.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia.

 

EL FALSO MITO DE LAS CONDENAS INFERIORES A DOS AÑOS DE PRISIÓN.

En los últimos días y como consecuencia de la famosa sentencia condenatoria a Leo Messi, se ha recuperado en las redes sociales el falso mito sobre las condenas inferiores a los dos años de prisión. Un mito muy extendido por lo que he podido apreciar y que básicamente consiste en que si eres condenado a una pena de prisión inferior a dos años y no tienes antecedentes penales, nunca vas a entrar en un centro penitenciario para cumplir con la condena. Pues bien, no existe ninguna norma que establezca  “no cárcel = condena  inferior a dos años de prisión + no antecedentes”.

Si bien es cierto, que nuestro Código Penal deja la posibilidad de que un juez o tribunal pueda dejar el cumplimiento de la condena de prisión en suspenso cuando ésta sea inferior a dos años de duración. Se trata en todo caso, de una facultad para el juez y no una obligación. El ejercicio de dicha facultad deberá ser motivado y fundamentado, para  lo cual valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, el esfuerzo llevado a cabo por el condenado para reparar el daño causado, las circunstancias familiares y sociales del individuo, y los posibles efectos que pueda tener la suspensión de la pena y de las medidas que le puedan ser impuestas.

Además el artículo 80.2 del Código Penal establece una serie de circunstancias necesarias que deben concurrir para dejar en suspenso la ejecución de la pena, y por tanto para no entrar en prisión para cumplir la pena inferior a dos años impuesta en sentencia. Estas circunstancias son:

1.ª) Que el condenado haya delinquido por primera vez.

En este caso hablamos de un requisito indispensable, de manera que el condenado no debe tener antecedentes penales. Sin embargo, debemos dejar claro y en relación con este requisito que el Código Penal establece que:

No se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros”.

2.ª) Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa

3.ª) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.

Con carácter excepcional, será posible la suspensión de la pena, en el caso de delincuentes habituales, cuando a pesar de no cumplirse las dos primeros requisitos (no antecedentes y condena inferior a dos años), y en atención a las circunstancias personales del individuo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado. Condicionando en estos casos la suspensión de la pena, a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo alcanzado entre las partes. Una suspensión de carácter excepcional que conllevará la imposición de una multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Conclusión: No existe la ley que establezca : Pena inferior a dos años + sin antecedentes = No cárcel.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol)

DELITO DE ALTERACIÓN DE LINDES, HITOS Y MOJONES.

El delito previsto en el artículo 246 del Código penal, castiga el hecho de alterar la delimitación de propiedades contiguas. Una conducta típica dentro de la “picaresca gallega” , resultando numerosos los casos existentes en Galicia en donde un individuo modifica los elementos identificativos de los límites de su terreno con la finalidad de ganarle unos metros a la finca del vecino.

Conductas que en nuestro Código Penal están castigadas en el artículo 246, en virtud del cual <<El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses>>. Mientras que en su párrafo segundo el mismo artículo reza lo siguiente <<Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses>>.

De forma que en aquellos casos en los que el beneficio que se obtiene mediante la comisión de la conducta no excede de la cuantía de 400€ o la misma no puede ser valorada, se tratará de un delito leve (antiguamente tipificado como falta). En este caso, estamos por tanto ante una modificación operada a través de la última reforma de nuestro Código Penal, en la que se ha incrementado la pena respecto a las antiguas faltas cuya pena era de 10 a 30 días de multa.

De manera que la acción tipificada como delito consiste en cambiar de lugar los hitos o mojones, o cualquier clase de señal destinada a fijar los límites de las propiedades. Una acción que debe ir acompañada del dolo o intencionalidad de obtener un beneficio económico, es decir, para que se cometa el delito por parte del sujeto activo se tienen que cambiar los lindes ampliando su patrimonio y  en perjuicio de un tercero.

Por lo que nuestro Código Penal, exige además del elemento objetivo consistente en la alteración de los hitos o mojones que delimitan las propiedades, un elemento subjetivo consistente en la intención de lucrarse mediante la apropiación de parte de un terreno ajeno.

Un supuesto clásico en el que se comete delito de alteración de lindes es cuando existiendo una previa sentencia de deslinde, se mueven los hitos con el deseo de aumentar la superficie de quien lleva a cabo dicha alteración.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

EL DELITO DE ESTAFA.

El delito de estafa, regulado en el artículo 248 del Código Penal, aparece por primera vez dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el Código de 1822.

Un delito de estafa que según nuestro Código Penal, se define como aquellas actuaciones en las que una persona con ánimo de lucro, utiliza un engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Mientras que nuestro Tribunal Supremo en sentencias 5 de mayo de 2008 y 14 de julio de 2011, citando la sentencia de 47/2005, de 28 de enero, define la estafa como “un artificio creado por alguien con objeto de hacer pasar por cierta una situación que no lo es, como forma de inducir a error a otro que, en virtud de la aceptación de tal apariencia como real, dispone de algún bien a favor del primero, que se enriquece ilícitamente, con el consiguiente perjuicio patrimonial para el segundo”.

De forma que los elementos del tipo penal (estafa), y en lectura de la sentencia del Tribunal Supremo 465/2012, de 1 de junio, son los siguientes:

1º) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico. De manera que esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto (objetivo-subjetivo), en el que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano medio así como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad del sujeto pasivo en el caso concreto.

Un engaño que podemos definir como “la acción y el efecto de hacer creer a alguien, algo que no es verdad” (STS 161/2002, de 4 de febrero). Y un engaño que tal y como ya ha establecido de forma reiterada nuestra jurisprudencia, ha se ser precedente, es decir. anterior al desplazamiento patrimonial.

Por otro lado, el tipo penal habla de un engaño bastante, entendiendo nuestra jurisprudencia que éste se produce cuando “….aquél que es suficiente y proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto, debiendo tener la suficiente entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, valorándose dicha idoneidad tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto” (SSTS 162/2012, de 15 de marzo y 590/2012, de 5 de julio).

2º) El engaño debe desencadenar el error del sujeto pasivo (víctima de la estafa) de la acción.

Y en relación con este error,  debemos destacar lo expuesto por nuestro Tribunal Supremo en sentencia de 29 de octubre de 1998, “en la medida en que el error que sufre el sujeto pasivo, en atención a las circunstancias del caso particular, las relaciones entre autor y víctima y las circunstancias subjetivas de esta última, resulta evitable con una mínima diligencia y sea exigible su evitación, no puede hablarse de engaño bastante y en consecuencia no puede ser imputado el error a la previa conducta engañosa quebrándose la correspondiente relación de riesgo pues “bastante” no es el engaño que puede ser fácilmente evitable, sino aquel que sea idóneo para vencer los mecanismos de defensa puestos por el titular del patrimonio perjudicado. En estos casos el error es producto del comportamiento negligente de la víctima …”

3º) Debe existir un acto de disposición de disposición patrimonial del sujeto pasivo, a causa de la existencia o concurrencia del error, en beneficio del autor o sujeto activo del delito o de un tercero.

El elemento esencial de la estafa está constituido por un acto de disposición que realiza el engañado –sujeto pasivo de la acción- bajo la influencia del engaño que mueve su voluntad.

El acto de disposición puede consistir tanto en una acción positiva: entregar una cosa, gravar un bien, prestar un servicio por el que no se obtiene contraprestación (STS 137/2007, de 16 de febrero), como en una omisión que produzca el perjuicio señalado en la Ley (por ejemplo, dejar prescribir la acción para reclamación).

4º) La conducta engañosa ha de ser ejecutada de manera dolosa y con ánimo de lucro.

El componente del dolo, sobre el que nuestro Tribunal Supremo, en sentencia 274/2012 de 4 de abril señala que “no cabe equiparar necesariamente la falta de verdad con lo mendaz. Si engañar es decir mentira con “apariencia de verdad” y la mentira exige disociación entre lo dicho y lo que se “sabe, cree o piensa”; es claro que el engaño exige, más que la falta a la verdad, la conciencia de dicha falta y la voluntad de que no sea percibida por el interlocutor. Por ello no bastará constatar la falta de verdad, exigiéndose la conciencia de la misma y la voluntad de disimularla”.

El dolo característico de la estafa supone la representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa de las consecuencias de su conducta (STS 507/2003, de 9 de abril). No hay dolo si el autor no es consciente del engaño, así quien vende una finca creyendo ser de su propiedad no comete delito de estafa (STS de 26 de marzo de 1951).

Mientras que el componente del ánimo de lucro, según la jurisprudencia y la doctrina “aparece integrado por el elemento «intelectivo» de «conocer que se está engañando y perjudicando a otro» y el «volitivo» de obtener una ventaja o provecho, es decir, la propia norma al definir el tipo delictivo exige expresamente el «ánimo de lucro» u obtención de un provecho económico como contrapartida al perjuicio. Este elemento subjetivo del dolo, como en cualquier otro supuesto, ha de inferirse de los hechos realizados y de los beneficios obtenidos como resultado de la acción…” (STS 1232/2002, de 2 de julio).

5º) Debe existir un perjuicio para la víctima, que ha de aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (es decir, debe concurrir un nexo causal entre ambas). Materializándose este perjuicio en el mismo riesgo ilícito que supone la acción engañosa del sujeto activo para el patrimonio de la víctima. En palabras del Tribunal Supremo, “en el delito de estafa, no basta para realizar el tipo objetivo con la concurrencia de un engaño que causalmente produzca un perjuicio patrimonial al titular del patrimonio perjudicado, sino que es necesario todavía, en un plano normativo y no meramente ontológico, que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción engañosa, de acuerdo con el fin de protección de la norma, requiriéndose, a tal efecto, en el artículo 248 CP que ello tenga lugar mediante un engaño bastante” (SSTS 243/2012, de 30 de marzo, 182/2005, de 15 de febrero, 368/2007, de 9 de mayo y 452/2011, de 31 de mayo).

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol)