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CAUSAS DE ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS

La justicia debe ser imparcial. De hecho, uno de los derechos de los ciudadanos es el derecho a un juez imparcial. Por eso, nuestro ordenamiento jurídico prevé dos procedimientos diferentes que persiguen salvaguardar este derecho. Estos dos procedimientos son: a) la abstención y b) la recusación.

a) LA ABSTENCIÓN es el procedimiento mediante el cual es el propio juez o magistrado el que se aparta de seguir conociendo un determinado asunto.

b) LA RECUSACIÓN es el procedimiento mediante el que un tercero solicita que ese juez se aparte de un procedimiento concreto.

Pues bien, para evitar que un juez conozca y tramite un asunto concreto, resulta necesario que concurra alguna de las causas previstas por nuestro legislador. Estas causas de abstención y recusación de jueces y magistrados, que vienen fijadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son las siguientes:

1ª) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o con el Fiscal.

2º) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el abogado o procurador de cualquiera de las partes.

3ª) Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de éstas.

4ª) Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.

5ª) Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes.

6ª) Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo.

7ª) Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes.

8ª) Tener pleito pendiente con alguna de las partes.

9ª) Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.

10ª) Si el juez a magistrado puede tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.

11ª) Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia.

12ª) Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa.

13ª) Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.

14ª) En los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso en alguna de las circunstancias mencionadas en las causas 1ª a 9ª, 12ª, 13ª y 15ª.

15ª) El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso.

16ª) Haber ocupado el juez o magistrado un cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

 

¿CÓMO HACER EL IMBÉCIL?

Hace pocos días una joven gallega reconocía haber denunciado unos falsos abusos sexuales cometidos por un grupo ficticio de jóvenes, que han sido conocidos por el término “la manada gallega”. Y digo ficticio, porque en Galicia hay manadas, muchas. Pero no, resulta que la que se ha convertido en los últimos días en la más famosa, es producto de la imaginación de una joven. Pues bien, una vez de que la denunciante ha reconocido que se inventó todo, asunto terminado. La justicia no tiene que investigar más. Pero, las cosas no pueden quedar ahí. Ahora la joven se enfrenta a una pena de multa por haber simulado un delito, y no, no se trata de una denuncia falsa.

Pero, ¿qué diferencias hay entre una denuncia falsa y una simulación de delito? Para dar una respuesta a esta pregunta, debemos atender a los artículos 456 y 457 del Código Penal.

El art. 456 regula el delito de denuncia falsa en los siguientes términos <<Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación>>. Un delito que la jurisprudencia sintetiza en la concurrencia de cuatro requisitos: 1) Imputación de unos hechos a una persona concreta; 2) que se trate de hechos que de ser ciertos tengan carácter de ilícitos; 3) los hechos tienen que ser denunciados ante una autoridad con obligación de actuar de oficio; y finalmente 4) ha de existir una intención delictiva por parte del sujeto que denuncia, en la medida en que actúa de mala fe debido a que conoce la falsedad de los hechos denunciados.

Sin embargo, el art. 457 regula la llamada simulación de delito, y lo hace en los siguientes términos <<El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales>>. Esto se traduce en la necesidad del cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) que el denunciante se declare culpable o víctima de una infracción penal inexisente o ficticia, o simplemente que denuncie un hecho delictivo ficticio sin necesidad de declararse culpable o perjudicado; 2)  los hechos tienen que ser denunciados ante una autoridad con obligación de actuar de oficio para su averiguación; y finalmente 3) se tiene que poner en marcha el mecanismo de investigación, es decir, se han de iniciar las actuaciones procesales para la averiguación de los hechos denunciados.

Por tanto, la diferencia fundamental entre la denuncia falsa y la simulación de delito,  radica en que cuando se simula un delito no se imputa el hecho denunciado a ninguna persona concreta (autor desconocido o genérico), como es por ejemplo el caso de “la manada gallega”. Mientras que el caso de una denuncia falsa se acusa a una persona/s de la comisión de un hecho delictivo. Y por último, cabe decir también que existe una diferencia sustancial en relación con las penas previstas en el Código Penal, fijándose pena de prisión de hasta dos años (para el caso de la denuncia falsa) y multa de hasta doce meses (para el caso de la simulación de delito).

Recomendación para el próximo joven que quiera hacerse el gracioso. Si quieres llamar la atención, no simules ser víctima de un delito. Apúntate a Mujeres, Hombres y Viceversa, Gran Hermano o cualquier programa de televisión que pueda realzar tu afán de protagonismo hasta límites insospechados. Si te vienes arriba, te animas y quieres hacer algo más complicado, ESTUDIA, FÓRMATE EN UNA PROFESIÓN Y TRABAJA DURO.

Conclusión:

Si quieres afán de protagonismo, sé el protagonista. Ahora eso si, no hagas el imbécil.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

DELITO DE TRÁFICO DE ÓRGANOS

El delito de tráfico de órganos, en nuestro país, no es una figura delictiva sobre la que exista numerosa casuística. De hecho, muy recientemente (27/10/2017) el Tribunal Supremo ha dictado su primera sentencia en relación con éste.

Una figura delictiva regulada en el art.156 bis del Código Penal, que prevé:

1. Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal.

2. Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante conociendo su origen ilícito será castigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que podrán ser rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable.

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Y en relación con esta casuística, debemos haber referencia a la interesante sentencia que hemos citado en el primer párrafo de esta publicación, concretamente nos referimos a la sentencia nº710/2017 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de octubre. Una resolución que resulta interesante ya no solo por los fundamentos jurídicos expuestos respecto de este delito de tráfico de órganos, sino por el curioso plan elaborado por los acusados para conseguir un trasplante de riñón saltándose todos los trámites legales.

Concretamente los procesados (tres hermanos y un amigo) ofrecieron la cantidad de 6.000€ a un ciudadano marroquí, que se encontraba en situación irregular en España y en condiciones de mendicidad, a cambio del trasplante de uno de sus riñones a uno de los individuos condenados.

En cuanto al delito de tráfico de órganos y en atención a las palabras del propio Tribunal Supremo así como a las condenas impuestas, queremos destacar lo siguiente:

1º) El Tribunal Supremo rechaza la aplicación del exención incompleta de ESTADO DE NECESIDAD alegado por el condenado (enfermo). De forma que tal y como reza la sentencia (f.j 5º) <<En el caso denuncia que existía una situación de necesidad derivada de la enfermedad y la necesidad de poner remedio. No le falta razón al recurrente en la identificación de su mal, pero es el propio ordenamiento y el sistema de salud pública el que plantea el remedio a la situación que da solución a la situación que el recurrente expone: la enfermedad y la necesidad de trasplante. Ese remedio es la alternativa dispuesta para subvenir a la situación que describe, no siendo admisible una actuación por vía de hecho dirigida a procurarse un órgano a espaldas del ordenamiento y de los principios que lo informan y que dan razón de ser al sistema público de trasplantes diseñado según los principios básicos de actuación de altruismo, gratuidad, solidaridad y objetividad en la asignación de los órganos para el trasplante>>.

2º) En relación a si se trata de un delito de mera actividad o de resultado, el Tribunal Supremo establece que el delito de tráfico ilegal de órganos es un delito de mera actividad y por tanto no cabría este delito en grado de tentativa. Concretamente, el Alto Tribunal (f.j 6º) dice que <<el tipo penal introducido en el año 2010 no trata solamente de proteger la salud o la integridad física de las personas, sino que el objeto de protección va más allá destinado a proteger la integridad física, desde luego, pero también las condiciones de dignidad de las personas, evitando que las mismas por sus condicionamientos económicos puedan ser cosificadas, tratadas como un objeto detentador de órganos que, por su bilateralidad o por su no principalidad, pueden ser objeto de tráfico. Y también el propio sistema nacional de trasplantes (ley 30/1979, y RRDD 2070/1999 y 1301/2006), que establece un sistema, nacional, altruista y solidario para la obtención y distribución de órganos para su trasplante a enfermos que lo necesiten>>.  Y añade, <<la tipicidad se asienta sobre cuatro verbos nucleares: favorecer, promover, y facilitar, los mismos que en el delito contra la salud pública por tráfico de drogas, y publicitar, actuaciones sobre el trasplante y tráfico de órganos, describiendo con esas conductas actuaciones que suponen la punición de conductas iniciales del trasplante como la desarrollada por los acusados que habían concertado un trasplante de un órgano de un ser vivo a cambio de precio, aprovechando su situación de necesidad expresada en el relato fáctico con la expresión de vivir de la limosna de terceras personas. El ejemplo sobre la admisibilidad excepcional de formas imperfectas de ejecución en el delito de tráfico de drogas, no es predicable para este delito en el que la acción de favorecer la realización de un tráfico o de un trasplante de órganos, de manera ilegal, se realiza con la conducta que se expresa en el hecho probado>>.

3º) Por otro lado, el Supremo inadmite el motivo de recurso alegado en casación por uno de los procesados, en relación con la indebida aplicación del subtipo atenuado del delito de tráfico de órganos por ser éste el receptor (art.156 bis 2 CP). Y en concreto, el tribunal considera (f.j 7º) que la Audiencia Provincial de Barcelona actuó correctamente al aplicar este subtipo con una reducción de la pena en un grado y no en dos. Más concretamente el Tribunal Supremo dice <<Ningún error cabe declarar cuando el tribunal se ajusta a la previsión de penalidad dispuesta en el tipo penal, la posibilidad de reducir en uno o dos grados la pena señalada al autor que promueve o facilita u tráfico de órganos. La previsión es la de imponer la misma pena que a los terceros, o la de reducir en uno o dos grados. El tribunal ha decidido reducir la pena en un grado y para ello atiende al grado de implicación en el hecho de este recurrente, que participa en la entrega de cantidades periciales y en la culpabilidad expresada derivada del aprovechamiento de la situación de necesidad que se describe>>.

Por último cabe decir que, tal y como ya ha podido observar el lector en el apartado 3º del art. 156 bis, el delito de tráfico de órganos es una figura delictiva que entra en el catálogo de delitos ubicados dentro de una posible responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Atrás quedaron esos “maravillosos” años en los que se hablaba del famoso aforismo latino <<societas delinquere nec punire potest>>, es decir, la imposibilidad de que una persona jurídica pudiese ser responsable desde un punto de vista penal. Como sabéis, la LO 5/2010 ha introducido dentro de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de una responsabilidad penal de la persona jurídica.

El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas  viene fijado por una  serie de normas concretas, que son:

  1. Del art. 31 bis al 31 quienquies del Código Penal; determinan qué reglas se ha de seguir para investigar y acusar penalmente a las empresas o entidades.
  2. El art. 33.7 del Código Penal; hace referencia al catálogo de penas propias de las personas jurídicas.
  3. Y el art. 66 bis del Código Penal; recoge una serie de normas a seguir en la determinación de las sanciones penales, que han sido especialmente creadas en atención a las particularidades de las personas jurídicas frente a las personas físicas.

Pues bien, para que una persona jurídica pueda ser responsable penalmente de alguno de los delitos respecto a los que se prevé esa posibilidad, deben concurrir una serie de requisitos:

1º) Los delitos de los que se le quiere hacer responsable penalmente tienen que haber sido cometidos por una persona física que tenga la representación u ostente la capacidad decisoria de la entidad (administradores, directivos…), o bien por toda persona que estuviese sometida a la autoridad de aquella/s (empleados o autónomos que prestan servicios puntuales a la empresa, etc).

2º) Los delitos deben haber sido cometidos mediante una conducta que produzca un beneficio directo o indirecto a la persona jurídica, además de por su cuenta o en su nombre (en el caso de superiores), o en el ejercicio de su actividad económica (en el caso de los subordinados).

Sin embargo no se trata de una responsabilidad penal de la empresa de carácter automático, de manera que la responsabilidad penal de alguno de los sujetos que hemos mencionado anteriormente permita concluir que la persona jurídica también resulta responsable. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en sentencia 29 de febrero de 2016, estableciendo el criterio de que las personas jurídicas son responsables penalmente de su propia actuación y por su propia culpabilidad. En otras palabras, podemos decir que la comisión del hecho delictivo por parte de una persona física es un requisito necesario para la atribución de una responsabilidad penal de la persona jurídica, sin embargo en modo alguno ha de resultar suficiente ni puede ser fundamento último y único de esta responsabilidad.

De manera que el fundamento para la atribución de la responsabilidad penal de una entidad ha de ser su propia culpabilidad que se concreta en una falta de vigilancia y control sobre la actividad de las personas que actuan en su nombre o representación. El problema entonces queda en manos de los empresarios, de forma que si quieren proteger a su empresa frente a una responsabilidad penal deben realizar un control que cumpla con los requisitos de los apartados 2 a 5 del art. 31 bis del Código Penal.

El control que debe realizar la entidad respecto de los sujetos contemplados en el apartado a) del art. 31 bis del CP (los superiores), se fundamentará en un primer lugar en la implantación de un modelo de organización idóneo para prevenir delitos con anterioridad a su ejecución. Es decir, lo que trata de implantar son los famosos programas de cumplimiento o Compliance Programs, que deben cumplir en todo caso los requisitos del art. 31. bis. 5 del CP. Y por otro lado, la persona jurídica tendría que haber confiado la supervisión del cumplimiento de este modelo a un órgano autónomo a la dirección de la entidad (compliance officer), aunque si bien es cierto que el art. 31 bis apartado 3 del CP, permite que esta función –de supervisión del cumplimiento- pueda ser encomendada al propio órgano de administración siempre y cuando se trate de entidades de pequeñas dimensiones.

Por otro lado, y en relación al control que debe realizar la entidad respecto de los sujetos contemplados en el apartado b) del art. 31 bis del CP (los subordinados); cabe decir que la persona jurídica no ha de responder por las actuaciones delictivas efectuadas por estos individuos cuando hubiese adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización adecuado para reducir el riesgo de la comisión de delitos, y no se determine que los subordinados -art. 31 bis apartado b)- han cometido el delito porque los superiores -art. 31 bis apartado a)- han incumplido gravemente los deberes de vigilancia y control -art. 31 bis. 1 b) in fine CP-. De manera que nuestro legislador ha previsto un diferente nivel de riesgo permitido dentro de las entidades en relación a las actividades delictivas ejecutadas por los subordinados. En otras palabras, en el caso de la responsabilidad penal de la persona jurídica por hechos delictivos cometidos por los superiores sería suficiente –para quedar exenta de aquella- que el control cometido por el compliance officer hubiese sido insuficiente; mientras que si los actos delictivos son cometidos por los sujetos subordinados sería necesaria la prueba de que sus superiores infringieron gravemente el deber de diligencia que les correspondía, lo que implica que nos encontremos ante un nivel de infracción mucho mayor.

En conclusión, podemos decir que el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha venido para quedarse, fundamentándose en una cuestión que no resulta baladí, y que no es más que la propia culpabilidad de la entidad. Una culpabilidad que se traduce en una falta de control de los posibles riesgos delictivos existentes en su actividad social, bien porque no los previeron, o bien porque, previéndolos, no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que éstos se conviertan en un delito cometido por parte de su personal.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

 

RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN POR CLÁUSULA SUELO

Hoy quiero hacer referencia a los “pactos extrajudiciales” en los que los consumidores renunciaron a una futura reclamación por cláusula suelo. Y más concretamente, me refiero a todos esos acuerdos firmados con anterioridad a la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció el derecho a reclamar lo cobrado por el banco en aplicación de las cláusulas suelo desde la firma del préstamo hipotecario. Y es ahora cuando entidades bancarias pretenden hacer valer en juicio esos “acuerdos” firmados con los clientes.

Pues bien, cada vez son más los juzgados que deben analizar estos supuestos. De forma que quiero traer a colación, por su claridad expositiva y argumentativa, la sentencia nº 50024/2017 de 13 de septiembre, dictada por el juez GONZÁLEZ URIEL (Juzgado de Primera Instancia nº11 de Bilbao).

En la citada resolución judicial, después de declarar la nulidad de la cláusula suelo prevista en la hipoteca, GONZÁLEZ URIEL analiza la validez del acuerdo de renuncia de acciones que había sido firmado por la demandante. De manera que, tras reflexionar sobre la legislación en materia de consumidores y usuarios así como las posibles líneas jurisprudenciales existentes, su Señoría considera necesario no otorgar validez jurídica al acuerdo de renuncia de acciones, y consecuentemente declara su nulidad.

En concreto, en el fundamento jurídico 4º de la sentencia, el juez expone <<considero que la renuncia no es válida porque carece de objeto: recae sobre los efectos de una cláusula inexistente, una cláusula radicalmente nula. La nulidad de la cláusula ya ha sido declarada en el fundamento anterior por lo que si se atribuyese eficacia a la transacción estaríamos pervirtiendo el efecto disuasorio perseguido por las normas de Derecho de la Unión Europea y por la Jurisprudencia del TJUE: la cláusula nunca ha existido, por lo que sobre la misma no es posible considerar subsistente o productor de efectos acuerdo alguno. El consumidor se encuentra en una situación de desequilibrio, por lo que ha efectuado una renuncia sin ser consciente del alcance de los efectos de la declaración de nulidad y de que no era posible transigir sobre una cláusula nula. Debe restituirse la situación de hecho y de derecho en que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, y dicha situación en modo alguno puede ser la resultante de una transacción de la misma>>.

A lo que el juzgador añade que <<el efecto de cosa juzgada material no puede darse en este supuesto: el acuerdo era nulo por carencia de objeto, por lo que no ha existido, y no se puede extender lo que no existe, so riesgo de caer en un absurdo jurídico insostenible. De este modo, estimo que la transacción fue llevada a cabo en un fraude de ley, perpetuando una situación antijurídica abusiva para el consumidor, vulneradora de la normativa europea y nacional sobre protección de los consumidores. La actora llevó a cabo una renuncia sobre un objeto sobre el que no podía transigir>>.

Quizás se pueda decir más alto, pero no más claro.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado