Archivo de la etiqueta: delito

LA TENENCIA DE DROGA NO ES IMPRESCINDIBLE PARA SER CONDENADO POR UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Asunto: la necesidad de intervención de droga para poder ser condenado por un delito contra la salud pública (artículo 368 del Código Penal).

El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de julio de 2016, se ha manifestado sobre la valoración probatoria en los delitos contra la salud pública. En ese caso judicial, el recurrente alegó que en la medida en no se le había intervenido ninguna partida de droga, y desconociendo por tanto la cantidad así como la riqueza de la misma, no se ha de considerar que se haya ejercitado una conducta que afecte a la salud pública, por lo que solicitaba su absolución. 

El Alto Tribunal se manifiesta al respecto en relación con los fundamentos del recurrente estableciendo que, si bien es cierto que no ha existido la incautación de ninguna sustancia, y no resultando esta tenencia o posesión de la droga un requisito imprescindible para la realización del delito, no cabe la absolución del acusado debido a que han sido acreditados diversos actos de tráfico.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia.

 

DELITO DE ESTAFA PROCESAL.

La estafa procesal, es un subtipo agravado del delito de estafa, lo que supone una pena superior a la del tipo básico. Una estafa procesal regulada en el artículo 250.1.7º del Código Penal, que castiga al sujeto activo con la pena de prisión de uno a  seis años y multa de seis a doce meses.

En palabras del Tribunal Supremo, ” la estafa procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, que se utiliza como instrumento defraudatorio.”

Un delito consistente en manipular pruebas o utilizar cualquier otro fraude procesal análogo, dentro de un procedimiento judicial, favoreciendo la posición jurídica mantenida por el sujeto activo del delito. Ocasionando esta manipulación un error en el Juez o Tribunal ,llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte procesal o de un tercero.

Por lo que estamos ante una figura delictiva, cuya particularidad es, que el sujeto pasivo del delito es el Juez o Magistrado, a quién a través de una determinada maniobra procesal, se le induce a seguir un procedimiento o a dictar una resolución viciada por la conducta típica.

La jurisprudencia establece una serie de requisitos que han de cumplirse para la aplicación del tipo penal. Requisitos que resumimos en:

a) Existencia de un engaño bastante, requisito esencial (que caracteriza a toda clase de estafa) que ha de reproducirse dentro de un procedimiento judicial.

b) El engaño tiene como finalidad producir un error en el Juez o Tribunal que conoce de la causa.

c) El autor debe tener la intención de que el Juzgado o Tribunal, dicte una resolución favorable a sus intereses.

d) La intención del autor tiene que conllevar la producción de un perjuicio a un tercero, perjuicio que tiene que ser naturalmente ilícito puesto que hay ánimo de lucro, y también es ilícito, pues es el motor de toda esta conducta delictiva.

Además nuestra jurisprudencia también diferencia entre la llamada estafa procesal propia y la estafa procesal impropia. Se utiliza la denominación de estafa procesal propia cuando el sujeto engañado es el juez. Los ardides, inexactitudes y falsedades, incorporados a los documentos en que se formula la demanda o denuncia están destinados, como es lógico, a defraudar a la parte afectada o lo que es lo mismo, a tratar de conseguir una sentencia injusta a sabiendas de la falsedad de sus pretensiones. Si se dicta la resolución, el engañado realmente o el inducido a error, es el juez, ya que la parte perjudicada conoce la verdadera realidad y es consciente de la falsedad, pero no consigue desmontarla procesalmente, a pesar de sus alegaciones y protestas. Mientras que se habla de estafa procesal impropia cuando se induce a error a la contraparte, llevándola a una vía procesal, en la que el juez se limita a examinar las alegaciones. El que resulta finalmente condenado es el que, en virtud de estas ocultaciones o engaños, se ve perjudicado en su patrimonio de manera efectiva.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado I.C.A Ferrol.

EL DELITO FISCAL ESTÁ DE MODA.

Como ya adelantamos el pasado lunes, en nuestra entrada sobre los papeles de de panamá y las sociedades offshore . Una de las consecuencias jurídicas de tener dinero en el extranjero sin haberlo declarado, puede ser la comisión de un delito fiscal. Por otro lado, hace unos días hemos podido leer el Auto de prisión de Mario Conde en el que se le investiga a él y a otros individuos por varios delitos fiscales. Pero, ¿qué es el delito fiscal?.

Es delito fiscal, la acción u omisión llevada a cabo por una persona, con el objetivo de defraudar a la Hacienda Pública, evitando el pago de impuestos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, ingresos a cuenta, obteniendo devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales indebidos. En todo caso, para poder ser considerada como una conducta tipificada como delito fiscal, cualquiera de las anteriores acciones conlleva que la cuantía defraudada ha de superar la cantidad de 120.000€.

Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, la cuota defraudada a los efectos del delito fiscal será la de cada período impositivo, y si éste es inferior a doce meses, será la del año natural. Sin embargo, si la defraudación se lleva a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúan bajo la apariencia de una actividad económica real, sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en el que se alcance la cuota defraudada de 120.000 euros. En los demás supuestos, la cuantía defraudada se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible pueda ser susceptible de liquidación tributaria.

Estamos ante un delito doloso, es decir, no puede ser cometido por negligencia. Concurriendo el dolo en quien sabe lo que hace y quiere hacerlo. Debiendo conocer el sujeto activo del delito que determinados hechos, constituyen un hecho imponible desde el punto de vista tributario, independientemente de que conozca el impuesto devengado, pero si que no se ha presentado la declaración o la inexactitud de ésta. De manera que se admite el dolo eventual.

El delito fiscal está castigado en los supuestos básicos con penas que oscilan entre uno y cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Sin embargo, nuestra legislación recoge tres supuestos agravados de este delito fiscal, para los prevé penas de prisión de entre dos y seis años:

  • Cuando la cuota defraudada fuese superior a 600.000€.
  • Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.
  • La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales ocultado o dificultando la determinación de la identidad del obligado tributario o su patrimonio,  así como la determinación de la cuantía defraudada.

Por otro lado, el obligado tributario podrá quedar exento de responsabilidad penal cuando haya regularizado su  situación fiscal, con anterioridad a que tenga conocimiento del inicio de actuaciones de inspección o investigación contra él. Acciones que podrán ser llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción, o antes de que el Abogado del Estado o Ministerio Fiscal interpongan una  querella o denuncia contra el sujeto.

Este delito fiscal en su tipo básico, y en virtud del artículo 131.1 del Código Penal, prescribirá en un plazo de cinco años, comenzado a contar éste desde el momento en que termine el periodo voluntario de presentación de la respectiva declaración. Sin embargo, para los supuestos agravados que hemos expuesto, y en virtud del mismo precepto, el delito fiscal tendrá un plazo de prescripción de diez años.

De todos los personajes públicos que aparecen entre los papeles de Panamá. ¿Quienes han cometido un delito fiscal? ¿Estará prescrito el delito? ¿Habrán regularizado su situación evitando su responsabilidad penal?.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado I.C.A Ferrol.

LOS PAPELES DE PANAMÁ Y LAS SOCIEDADES OFFSHORE.

Los Papeles de Panamá son sin lugar a dudas el escándalo del mes de abril. Nos encontramos ante una investigación desvelada por Süddeutsche Zeitung y el International Consortium of Investigative Journalists, en la que se revela la utilización de sociedades offshore con sede en Panamá por parte de numerosos personajes públicos, que podrían ser constituidas con la finalidad de ocultar o evadir impuestos (delito fiscal) y legitimar dinero negro (delito de blanqueo de capitales).

Pero, ¿qué son estas sociedades offshore?

Las sociedades offshore, son empresas que normalmente están domiciliadas en un paraíso fiscal por un no residente, y que están exentas de impuestos. Además, todas ellas cumplen las siguientes características:

  • Sus operaciones económicas se desarrollan fuera del país en el que tienen su domicilio.  De manera que el dueño de la sociedad no puede tener su domicilio en el país donde están domiciliadas (en este caso Panamá), no pueden utilizar mano de obra local ni tampoco utilizar la economía del país en materia de inversión.
  • Controladas por otras empresas o personas no residentes, que llevan a cabo sus negocios en otros lugares, y utilizan estas sociedades ubicadas en paraísos fiscales únicamente como domicilio legal de la sociedad, para beneficiarse de la legislación fiscal de ese territorio. Legislación ventajosa en la medida en que normalmente no tributan en esos territorios por impuestos como el Impuesto de Sociedades, I.V.A, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones, etc.
  • Son empresas opacas que se benefician de leyes de privacidad, lo que les permite que no exista una transparencia acerca de su actividad y operaciones comerciales, así como tampoco sobre su verdadero propietario.
  • Operan bajo un principio de estricta confidencialidad, ocultando al titular real de la sociedad bajo el nombre de un testaferro, manteniendo plenos poderes para dirigir la empresa desde su lugar de residencia (abrir cuentas bancarias, realizar transferencias económicas, etc), de manera totalmente anónima.
  • Son empresas inscritas en un Registro del país dónde tienen ubicado su domicilio, a través de los servicios prestados por agentes especializados en esas jurisdicciones.

Pero, ¿es legal tener una sociedad offshore?

En primer lugar, debemos dejar claro que la creación de una sociedad offshore es legal, así como también lo es tener dinero en un paraíso fiscal. Sin embargo, el contribuyente español deberá declarar los bienes situados en el extranjero (sociedad offshore en Panamá o cualquier otro paraíso fiscal, etc) a través del Modelo 720 de la Agencia Tributaria.

En segundo lugar, debemos admitir que en numerosas ocasiones se utilizan las llamadas sociedades opacas u offshore con una finalidad fuera de la legalidad y que podría suponer la comisión de una infracción administrativa o incluso de un hecho delictivo. Por lo que debemos hablar de dos supuestos:

1º) Si la sociedad es utilizada como medio para evitar el pago de impuestos, siempre y cuando la cuota deufraudada supere los 120.000€, podría haberse cometido por parte del titular de la sociedad un delito fiscal, castigado con la pena de uno a cinco años de prisión. Sin embargo, para el caso en que la cuota defraudada no supere la cantidad de 120.000€, la Agencia Tributaria podría imponer al infractor una multa del 150% por la comisión de una infracción muy grave.

2º) Para el caso en la sociedad se haya constituido y utilizado con la finalidad de legitimar el dinero obtenido ilegalmente, estaríamos hablando de una conducta encajada y tipificada como delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 301 del Código Penal, castigado de seis meses a seis años de prisión. 

Conclusión: No todos los que aparecen en los llamados papeles de Panamá han cometido un delito o una infracción administrativa. Sin embargo, en dicha lista no están todos los que si han cometido una conducta ilegal.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL Y DE ABUSO SEXUAL.

La diferencia fundamental entre el delito de agresión sexual y el delito de abuso sexual radica en que en éste no interviene una conducta violenta o intimidatoria para la comisión del delito.

El delito de agresión sexual (artículo 178 del Código Penal) consiste en atentar contra la libertad sexual de una persona utilizando para ello una conducta violenta o intimidatoria sobre la víctima. Un delito que está castigado con una pena de uno a cinco años de prisión. En los supuestos en que exista un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal), el agresor será condenado por un delito de violación cuya pena estará comprendida entre los seis y doce años de prisión.

Unas penas de prisión cuya duración se pueden incrementar, hasta un máximo de quince años, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Cuando la violencia o intimidación ejercida sobre la víctima se ejerza de un modo degradante o vejatorio.
  • La agresión se cometa por la actuación conjunta de dos o más personas.
  • La víctima es una persona especialmente vulnerable, por su edad, enfermedad o situación, y en todo caso si es menor de los trece años.
  • Si el autor del delito ha hecho valer una relación de superioridad o parentesco (ascendiente, descendiente o hermanos).
  • El autor hace uso de armas u otros medios peligrosos que puedan ocasionar la muerte o lesiones tales como la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro corporal, de un sentido, una grave deformidad, impotencia, esterilidad, o una grave enfermedad somática o psíquica.

Por otro lado, el delito de abuso sexual (art. 181 del Código Penal), consiste en atentar contra la libertad sexual de una persona sin la existencia de una conducta violenta o intimidatoria, y sin el consentimiento de la víctima. Un delito que está castigado con una pena de uno a tres años de prisión o multa dieciocho a veinticuatro meses. En los casos en que exista un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal), el agresor será condenado a una pena de prisión comprendida entre los  cuatro y diez años.

En los casos en que exista una agresión sexual y la  víctima fuese mayor de trece años y menor de dieciséis, el responsable será condenado a una pena de prisión que estará comprendida entre los cinco a diez años. Llegando a establecerse entre los doce a quince años, en los casos en que exista acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal).

Si la víctima fuese mayor de trece años y menor de dieciséis, y el responsable es condenado por un delito de abuso sexual,  la pena de prisión estará comprendida entre los dos y seis años. Llegando a establecerse entre los ocho y doce años, en los casos en que exista acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal).

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).