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¿CÓMO HACER EL IMBÉCIL?

Hace pocos días una joven gallega reconocía haber denunciado unos falsos abusos sexuales cometidos por un grupo ficticio de jóvenes, que han sido conocidos por el término “la manada gallega”. Y digo ficticio, porque en Galicia hay manadas, muchas. Pero no, resulta que la que se ha convertido en los últimos días en la más famosa, es producto de la imaginación de una joven. Pues bien, una vez de que la denunciante ha reconocido que se inventó todo, asunto terminado. La justicia no tiene que investigar más. Pero, las cosas no pueden quedar ahí. Ahora la joven se enfrenta a una pena de multa por haber simulado un delito, y no, no se trata de una denuncia falsa.

Pero, ¿qué diferencias hay entre una denuncia falsa y una simulación de delito? Para dar una respuesta a esta pregunta, debemos atender a los artículos 456 y 457 del Código Penal.

El art. 456 regula el delito de denuncia falsa en los siguientes términos <<Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación>>. Un delito que la jurisprudencia sintetiza en la concurrencia de cuatro requisitos: 1) Imputación de unos hechos a una persona concreta; 2) que se trate de hechos que de ser ciertos tengan carácter de ilícitos; 3) los hechos tienen que ser denunciados ante una autoridad con obligación de actuar de oficio; y finalmente 4) ha de existir una intención delictiva por parte del sujeto que denuncia, en la medida en que actúa de mala fe debido a que conoce la falsedad de los hechos denunciados.

Sin embargo, el art. 457 regula la llamada simulación de delito, y lo hace en los siguientes términos <<El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales>>. Esto se traduce en la necesidad del cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) que el denunciante se declare culpable o víctima de una infracción penal inexisente o ficticia, o simplemente que denuncie un hecho delictivo ficticio sin necesidad de declararse culpable o perjudicado; 2)  los hechos tienen que ser denunciados ante una autoridad con obligación de actuar de oficio para su averiguación; y finalmente 3) se tiene que poner en marcha el mecanismo de investigación, es decir, se han de iniciar las actuaciones procesales para la averiguación de los hechos denunciados.

Por tanto, la diferencia fundamental entre la denuncia falsa y la simulación de delito,  radica en que cuando se simula un delito no se imputa el hecho denunciado a ninguna persona concreta (autor desconocido o genérico), como es por ejemplo el caso de “la manada gallega”. Mientras que el caso de una denuncia falsa se acusa a una persona/s de la comisión de un hecho delictivo. Y por último, cabe decir también que existe una diferencia sustancial en relación con las penas previstas en el Código Penal, fijándose pena de prisión de hasta dos años (para el caso de la denuncia falsa) y multa de hasta doce meses (para el caso de la simulación de delito).

Recomendación para el próximo joven que quiera hacerse el gracioso. Si quieres llamar la atención, no simules ser víctima de un delito. Apúntate a Mujeres, Hombres y Viceversa, Gran Hermano o cualquier programa de televisión que pueda realzar tu afán de protagonismo hasta límites insospechados. Si te vienes arriba, te animas y quieres hacer algo más complicado, ESTUDIA, FÓRMATE EN UNA PROFESIÓN Y TRABAJA DURO.

Conclusión:

Si quieres afán de protagonismo, sé el protagonista. Ahora eso si, no hagas el imbécil.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

CONDUCIR SIN PUNTOS EN EL CARNÉ

En la entrada publicada en este blog el pasado 30 de abril de 2017, ya hablamos del delito del artículo 384 del Código Penal que establece que:

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

En aquella ocasión hicimos referencia a una sentencia en la que el sujeto había incurrido en este delito en la medida en que conducía un vehículo a motor sin haber obtenido previamente el permiso de circulación.

Sin embargo, hoy queremos hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al supuesto en el que un individuo conduce un vehículo con un permiso sin vigencia debido la pérdida total de los puntos. Pues bien, en este caso el Tribunal Supremo (sentencia de 31 de octubre de 2017) considera que el delito del art. 384 del  Código Penal, no requiere un elemento adicional de poner en riesgo la seguridad vial, por tanto una vez más, afirma nuestro Alto Tribunal que nos encontramos ante un delito de peligro en abstracto que se traduce en conducir sin las condiciones legalmente establecidas para ello. La sentencia en cuestión hace referencia a la nº612/2017 del mismo tribunal en la que éste se expresó en los siguientes términos: <Aquí, ocurre lo propio. La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día>>. 

Otra sentencia del Tribunal Supremo que puede resultar interesante para el lector, en relación con esta materia es la nº699/2017 de 25 de octubre.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

LA TENENCIA DE DROGA NO ES IMPRESCINDIBLE PARA SER CONDENADO POR UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Asunto: la necesidad de intervención de droga para poder ser condenado por un delito contra la salud pública (artículo 368 del Código Penal).

El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de julio de 2016, se ha manifestado sobre la valoración probatoria en los delitos contra la salud pública. En ese caso judicial, el recurrente alegó que en la medida en no se le había intervenido ninguna partida de droga, y desconociendo por tanto la cantidad así como la riqueza de la misma, no se ha de considerar que se haya ejercitado una conducta que afecte a la salud pública, por lo que solicitaba su absolución. 

El Alto Tribunal se manifiesta al respecto en relación con los fundamentos del recurrente estableciendo que, si bien es cierto que no ha existido la incautación de ninguna sustancia, y no resultando esta tenencia o posesión de la droga un requisito imprescindible para la realización del delito, no cabe la absolución del acusado debido a que han sido acreditados diversos actos de tráfico.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia.

 

DELITO DE ESTAFA PROCESAL.

La estafa procesal, es un subtipo agravado del delito de estafa, lo que supone una pena superior a la del tipo básico. Una estafa procesal regulada en el artículo 250.1.7º del Código Penal, que castiga al sujeto activo con la pena de prisión de uno a  seis años y multa de seis a doce meses.

En palabras del Tribunal Supremo, ” la estafa procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, que se utiliza como instrumento defraudatorio.”

Un delito consistente en manipular pruebas o utilizar cualquier otro fraude procesal análogo, dentro de un procedimiento judicial, favoreciendo la posición jurídica mantenida por el sujeto activo del delito. Ocasionando esta manipulación un error en el Juez o Tribunal ,llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte procesal o de un tercero.

Por lo que estamos ante una figura delictiva, cuya particularidad es, que el sujeto pasivo del delito es el Juez o Magistrado, a quién a través de una determinada maniobra procesal, se le induce a seguir un procedimiento o a dictar una resolución viciada por la conducta típica.

La jurisprudencia establece una serie de requisitos que han de cumplirse para la aplicación del tipo penal. Requisitos que resumimos en:

a) Existencia de un engaño bastante, requisito esencial (que caracteriza a toda clase de estafa) que ha de reproducirse dentro de un procedimiento judicial.

b) El engaño tiene como finalidad producir un error en el Juez o Tribunal que conoce de la causa.

c) El autor debe tener la intención de que el Juzgado o Tribunal, dicte una resolución favorable a sus intereses.

d) La intención del autor tiene que conllevar la producción de un perjuicio a un tercero, perjuicio que tiene que ser naturalmente ilícito puesto que hay ánimo de lucro, y también es ilícito, pues es el motor de toda esta conducta delictiva.

Además nuestra jurisprudencia también diferencia entre la llamada estafa procesal propia y la estafa procesal impropia. Se utiliza la denominación de estafa procesal propia cuando el sujeto engañado es el juez. Los ardides, inexactitudes y falsedades, incorporados a los documentos en que se formula la demanda o denuncia están destinados, como es lógico, a defraudar a la parte afectada o lo que es lo mismo, a tratar de conseguir una sentencia injusta a sabiendas de la falsedad de sus pretensiones. Si se dicta la resolución, el engañado realmente o el inducido a error, es el juez, ya que la parte perjudicada conoce la verdadera realidad y es consciente de la falsedad, pero no consigue desmontarla procesalmente, a pesar de sus alegaciones y protestas. Mientras que se habla de estafa procesal impropia cuando se induce a error a la contraparte, llevándola a una vía procesal, en la que el juez se limita a examinar las alegaciones. El que resulta finalmente condenado es el que, en virtud de estas ocultaciones o engaños, se ve perjudicado en su patrimonio de manera efectiva.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado I.C.A Ferrol.

EL DELITO FISCAL ESTÁ DE MODA.

Como ya adelantamos el pasado lunes, en nuestra entrada sobre los papeles de de panamá y las sociedades offshore . Una de las consecuencias jurídicas de tener dinero en el extranjero sin haberlo declarado, puede ser la comisión de un delito fiscal. Por otro lado, hace unos días hemos podido leer el Auto de prisión de Mario Conde en el que se le investiga a él y a otros individuos por varios delitos fiscales. Pero, ¿qué es el delito fiscal?.

Es delito fiscal, la acción u omisión llevada a cabo por una persona, con el objetivo de defraudar a la Hacienda Pública, evitando el pago de impuestos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, ingresos a cuenta, obteniendo devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales indebidos. En todo caso, para poder ser considerada como una conducta tipificada como delito fiscal, cualquiera de las anteriores acciones conlleva que la cuantía defraudada ha de superar la cantidad de 120.000€.

Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, la cuota defraudada a los efectos del delito fiscal será la de cada período impositivo, y si éste es inferior a doce meses, será la del año natural. Sin embargo, si la defraudación se lleva a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúan bajo la apariencia de una actividad económica real, sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en el que se alcance la cuota defraudada de 120.000 euros. En los demás supuestos, la cuantía defraudada se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible pueda ser susceptible de liquidación tributaria.

Estamos ante un delito doloso, es decir, no puede ser cometido por negligencia. Concurriendo el dolo en quien sabe lo que hace y quiere hacerlo. Debiendo conocer el sujeto activo del delito que determinados hechos, constituyen un hecho imponible desde el punto de vista tributario, independientemente de que conozca el impuesto devengado, pero si que no se ha presentado la declaración o la inexactitud de ésta. De manera que se admite el dolo eventual.

El delito fiscal está castigado en los supuestos básicos con penas que oscilan entre uno y cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Sin embargo, nuestra legislación recoge tres supuestos agravados de este delito fiscal, para los prevé penas de prisión de entre dos y seis años:

  • Cuando la cuota defraudada fuese superior a 600.000€.
  • Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.
  • La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales ocultado o dificultando la determinación de la identidad del obligado tributario o su patrimonio,  así como la determinación de la cuantía defraudada.

Por otro lado, el obligado tributario podrá quedar exento de responsabilidad penal cuando haya regularizado su  situación fiscal, con anterioridad a que tenga conocimiento del inicio de actuaciones de inspección o investigación contra él. Acciones que podrán ser llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción, o antes de que el Abogado del Estado o Ministerio Fiscal interpongan una  querella o denuncia contra el sujeto.

Este delito fiscal en su tipo básico, y en virtud del artículo 131.1 del Código Penal, prescribirá en un plazo de cinco años, comenzado a contar éste desde el momento en que termine el periodo voluntario de presentación de la respectiva declaración. Sin embargo, para los supuestos agravados que hemos expuesto, y en virtud del mismo precepto, el delito fiscal tendrá un plazo de prescripción de diez años.

De todos los personajes públicos que aparecen entre los papeles de Panamá. ¿Quienes han cometido un delito fiscal? ¿Estará prescrito el delito? ¿Habrán regularizado su situación evitando su responsabilidad penal?.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado I.C.A Ferrol.