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ABSUELTOS DE UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Resulta obvia la dificultad con la que se encuentran los tribunales para justificar una condena cuando la acusación se fundamenta en determinados delitos. Uno de éstos, es el delito de blanqueo de capitales, que en ocasiones supone un quebradero de cabeza para los tribunales ya que una y otra vez tienen que acudir a la prueba indiciaria o prueba por indicios, con la finalidad de motivar las condenas.

Pues bien, hoy quiero hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2017, por la que se absuelve a un individuo y a su suegra de un delito de blanqueo de capitales por el que habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid.

En concreto y para analizar el supuesto de hecho, exponemos los hechos probados en el juicio, que son:

Don Lorenzo , residente legal, nacido en Pereira (Colombia,1973), anteriormente condenado a tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas, el día 8 de octubre de 2012 cuando circulaba con el vehículo Seat Ibiza, fue parado en un control de alcoholemia por la Policía Local. Aunque dió negativo en la prueba realizada, los agentes decidieron registrar el vehículo, al causar sospechas en éstos, el estado de nerviosismo en el que se encontraba el acusado. Un registro en el que encontraron escondidos en la moldura lateral de la parte trasera del vehículo un bolsa con la cantidad de 599.845 € en efectivo.

Unos días más tarde, el 24 de octubre de 2012 a las 10:30, los agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, detectaron dos maletas con doble fondo en el que se encontraron 700.130€. El destino de ese equipaje era Bogotá, y su dueña era doña Claudia, nacida en Liborina (Colombia, 1967), que mantenía una relación con don Lorenzo, ya que éste era su yerno.

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, tal y como ya hemos adelantado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los acusados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, absuelve a ambos acusados del delito de blanqueo, ya que a pesar de la cuantía importante del dinero, no existe ninguna prueba o indicio que permita <<vincular a don Lorenzo con el tráfico de drogas a gran escala; y la condición de colombianos de él y de la acusada, sin más, es un dato que carece de fuerza argumental>>Y por tanto, el Alto Tribunal añade que <<la condena por el delito de que se trata carece de sustento probatorio>>.

Una decisión judicial que no es compartida por todos los Magistrados del Tribunal Supremo,  en este sentido se manifiestan y discrepan con la decisión de la Sala, los Excmos. Srs Magistrados don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA y don JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR.

El primero aboga por confirmar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, y por tanto, se decanta por una condena por blanqueo de capitales para ambos acusados, en atención a determinados elementos objetivos así como a la relación familiar (yerno/suegra) existente entre don Lorenzo y doña Claudia.

Sin embargo, el segundo de los votos particulares expuestos en la sentencia, opinión del magistrado SÁNCHEZ MELGAR, se inclina por una condena en relación con don Lorenzo, fundamentándose en los elementos objetivos e indicios a los que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid así como su compañero don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA. Mientras que opta por la absolución de doña Claudia ya que a pesar de ser la suegra de don Lorenzo, en sus propias palabras <<llevar dinero a Colombia no supone necesariamente la comisión de un delito de blanqueo, aun cuando existan sospechas. Es necesario algo más que conforme la prueba del conocimiento de que el dinero que transporta necesariamente tiene origen delictivo, y que este origen es además correspondiente de una actividad de narcotráfico a gran escala (dada la suma transportada). Tanto puede tener origen de otro delito (no lo sabemos), como en la venta (lícita) de activos patrimoniales que desconocemos, como en alguna otra actividad ilegal pero no delictiva>>. 

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

¿DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO?

El Código Penal prevé en el art. 74 que el sujeto que “…realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado”.

Pregunta: ¿Es posible la aplicación de esta regla (art.74CP) a todas las infracciones penales? y más concretamente, ¿es posible hablar de un delito de blanqueo de capitales como delito continuado?

Pues bien, el delito de blanqueo de capitales o blanqueo de dinero, encajaría en un principio (salvo casos excepcionales) dentro de lo que la jurisprudencia conoce como “tipos penales que incluyen conceptos globales”, es decir, figuras delictivas que describen diferentes conductas o hechos plurales que han de ser incluidos dentro de un mismo delito. De manera que una variedad de acciones punibles que poseen un contenido semejante constituyen una sola infracción penal y no un delito continuado en el tiempo.

Y en este sentido, se expresa el Tribunal Supremo en su sentencia nº 928/2016 (f.j 6º), cuando expone:

Pues bien, la jurisprudencia de este Tribunal ha venido entendiendo, tal como se anticipó supra, que en el delito de blanqueo de capitales estamos ante lo que un sector doctrinal denomina “tipos que incluyen conceptos globales”, es decir, hechos plurales incluidos en una única figura delictiva, lo que obliga a considerar que una variedad de acciones punibles de contenido semejante no constituyen un delito continuado sino una sola infracción penal; de modo que las actividades plurales tenemos que considerarlas integradas en el tipo penal del blanqueo como un delito único, equiparándolas así a los casos de los delitos contra la salud pública de tráfico de drogas ( SSTS 974/2012, de 5-12 , y 257/2014, de 1-4 , que a su vez se remiten a las sentencias 519/2002, de 22-3 ; 986/2004, de 13-9 ; 595/2005, de 9-5 ; y 413/2008, de 20-6 ). El hecho de que el art. 301 del C. Penal no contenga una redacción en plural de los actos que integran la conducta delictiva, como sí sucede en cambio con el tipo penal del art. 368 (tráfico de sustancias estupefacientes), no excluye que nos hallemos ante un tipo penal que incluye conceptos globales. 

De forma que el Alto Tribunal, en la sentencia a la hemos hecho referencia, rechaza la tesis mantenida por la Audiencia Provincial de Murcia (Secc. 5ª), en sentencia de 27 de noviembre de 2015, en la que justificó la aplicación de la regla del artículo 74 al delito de blanqueo.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

DELITO DE FALSEDAD DE CUENTAS SOCIETARIAS

El delito de falsedad de cuentas, se trata de un delito económico, societario y de carácter doloso. Una figura delictiva prevista en nuestro Código Penal, concretamente en el artículo 290, que establece que:

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

Si llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

Por tanto, como ya hemos adelantado y como ha declarado de forma reiterada nuestra jurisprudencia, nos encontramos ante un delito de carácter doloso. Un dolo que ha de ser directo, es decir, la acción u omisión del administrador ha de tener la finalidad “falsear las cuentas para causar un perjuicio económico” y ésta debe ser querida por aquel. Es por ello por lo que no bastaría con que el sujeto activo acepte como consecuencia de su conducta el hecho de que se ocasione un perjuicio económico (dolo eventual).

El Tribunal Supremo en sentencia de 17 de marzo de 2016 (f.j 3º), expone lo siguiente:

Y en cuanto al núcleo de la conducta típica, dice la sentencia 655/2010 , “falsear” en el sentido del art. 290, es mentir, es alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos que suscriba el administrador de hecho o de derecho, porque así es como se frustra, además, el derecho de los destinatarios de la información social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la sociedad. Hay que tener en cuenta que ocultar o suprimir datos es una forma de faltar a la verdad en la narración de los hechos, y por otra, que el administrador tiene el deber jurídico de cumplir con su cometido con la diligencia de un ordinario empresario y de su representante leal ( art. 127.1 LSA y 61 LSRL ), lo que, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la información que suministra sobre la sociedad.

En definitiva, hay que probar la “finalidad de perjudicar” no sólo desde un punto de vista formal (idóneo) sino también desde un punto de vista material. Y prueba de ello, por ejemplo, puede ser el hecho de haber presentado esas cuentas “irreales” ante el Registro Mercantil, ya que es en ese momento en donde éstas afectan al tráfico jurídico mercantil, así como a los intereses de las sociedades, socios o terceros.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

LAS CONDUCTAS TÍPICAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El delito de blanqueo de capitales será cometido por un sujeto mediante una acción u omisión  por la que lleve a cabo alguna de las conductas previstas en los artículos 301.1 y 301.2 del Código Penal, cuyo contenido es el que sigue:

Artículo 301.1 : <<El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad  del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años>>.

Artículo 301.2 : <<Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos>>.

Es decir, nuestro legislador incluye en estos dos artículos un gran elenco de actividades que abarcan todo el proceso y fases del delito blanqueo de dinero. Una situación que puede provocar algunos problemas técnicos ya que utilizan términos superfluos o redundantes que puede llevarnos a situaciones absurdas. En todo caso, lo que no cabe duda es que el legislador quiere evitar  cualquier tipo de vacío legal que pudiese surgir al respecto.

Con la finalidad de aclarar y esquematizar las conductas de blanqueo podemos decir que son punibles, de conformidad con el tipo básico, dos grupos o tipos de conductas:

1) Conductas que se refieren a la adquisición, conversión, posesión, utilización o transmisión de bienes a sabiendas de su origen delictivo.

2) Cualquier otro acto (conducta) sobre bienes cuya finalidad sea lograr ocultar o encubrir el origen delictivo.

En el supuesto del primer grupo de conductas debemos hacer una breve referencia a los términos utilizados por nuestro legislador para la describir las diferentes actividades ejecutadas sobre los bienes. Y en este sentido:

La conducta de “adquirir” hace referencia al ingreso en el patrimonio del sujeto activo de los derechos sobre los bienes de origen delictivo.

La conducta de “convertir”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, se hace referencia a la «acción y efecto de convertir o convertirse», así como a la «mutación de una cosa en otra».

La conducta de “poseer” (introducida por nuestro legislador en el tipo penal de blanqueo a través de la LO 5/2010) hace referencia a la disponibilidad que tiene el sujeto sobre estos.

La conducta de “utilizar” hace referencia a la conducta específica de aprovecharse del objeto material del delito.

Y por último, debemos indicar que la conducta de “transmitir” hace referencia a la salida de bienes del patrimonio de un sujeto en beneficio e incremento del patrimonio de otro individuo.

Realizar cualquier tipo de acto orientado a ocultar el origen ilícito de los bienes, o a ayudar a quienes hayan intervenido en la comisión del delito previo a eludir las consecuencias legales de sus acciones.

Es lo que podemos llamar una cláusula “cajón desastre” y que por tanto necesitará ser interpretada de forma cautelosa por los tribunales, en la medida en que puede existir una excesiva generalización y extensión de su contenido que podrá ocasionar una vulneración del principio de legalidad, dada la falta de determinación de la conducta típica.

Por otro lado debemos hacer referencia a las conductas descritas en el art. 301.2 del Código Penal, que prevé aquellas que tratan de:

  • Ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de su delictiva procedencia.

Por lo que en este caso se trata de que el acusado ha realizado actos que han tenido como resultado la ocultación de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos de los bienes de procedencia está un delito de blanqueo previo.

Conclusión:

Con independencia del amplio abanico de conductas que prevé nuestro Código Penal, lo que realmente trata de criminalizar el legislador, son todas aquellas conductas que persiguen ocultar el origen ilícito de los bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva previa, así como criminalizar todas aquellas que tengan la finalidad de ayudar al autor de la conducta delictiva previa a eludir la sanción penal que le pueda corresponder.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)

 

DELITO DE ESTAFA PROCESAL.

La estafa procesal, es un subtipo agravado del delito de estafa, lo que supone una pena superior a la del tipo básico. Una estafa procesal regulada en el artículo 250.1.7º del Código Penal, que castiga al sujeto activo con la pena de prisión de uno a  seis años y multa de seis a doce meses.

En palabras del Tribunal Supremo, ” la estafa procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, que se utiliza como instrumento defraudatorio.”

Un delito consistente en manipular pruebas o utilizar cualquier otro fraude procesal análogo, dentro de un procedimiento judicial, favoreciendo la posición jurídica mantenida por el sujeto activo del delito. Ocasionando esta manipulación un error en el Juez o Tribunal ,llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte procesal o de un tercero.

Por lo que estamos ante una figura delictiva, cuya particularidad es, que el sujeto pasivo del delito es el Juez o Magistrado, a quién a través de una determinada maniobra procesal, se le induce a seguir un procedimiento o a dictar una resolución viciada por la conducta típica.

La jurisprudencia establece una serie de requisitos que han de cumplirse para la aplicación del tipo penal. Requisitos que resumimos en:

a) Existencia de un engaño bastante, requisito esencial (que caracteriza a toda clase de estafa) que ha de reproducirse dentro de un procedimiento judicial.

b) El engaño tiene como finalidad producir un error en el Juez o Tribunal que conoce de la causa.

c) El autor debe tener la intención de que el Juzgado o Tribunal, dicte una resolución favorable a sus intereses.

d) La intención del autor tiene que conllevar la producción de un perjuicio a un tercero, perjuicio que tiene que ser naturalmente ilícito puesto que hay ánimo de lucro, y también es ilícito, pues es el motor de toda esta conducta delictiva.

Además nuestra jurisprudencia también diferencia entre la llamada estafa procesal propia y la estafa procesal impropia. Se utiliza la denominación de estafa procesal propia cuando el sujeto engañado es el juez. Los ardides, inexactitudes y falsedades, incorporados a los documentos en que se formula la demanda o denuncia están destinados, como es lógico, a defraudar a la parte afectada o lo que es lo mismo, a tratar de conseguir una sentencia injusta a sabiendas de la falsedad de sus pretensiones. Si se dicta la resolución, el engañado realmente o el inducido a error, es el juez, ya que la parte perjudicada conoce la verdadera realidad y es consciente de la falsedad, pero no consigue desmontarla procesalmente, a pesar de sus alegaciones y protestas. Mientras que se habla de estafa procesal impropia cuando se induce a error a la contraparte, llevándola a una vía procesal, en la que el juez se limita a examinar las alegaciones. El que resulta finalmente condenado es el que, en virtud de estas ocultaciones o engaños, se ve perjudicado en su patrimonio de manera efectiva.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado I.C.A Ferrol.