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ABSUELTOS DE UN DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Resulta obvia la dificultad con la que se encuentran los tribunales para justificar una condena cuando la acusación se fundamenta en determinados delitos. Uno de éstos, es el delito de blanqueo de capitales, que en ocasiones supone un quebradero de cabeza para los tribunales ya que una y otra vez tienen que acudir a la prueba indiciaria o prueba por indicios, con la finalidad de motivar las condenas.

Pues bien, hoy quiero hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2017, por la que se absuelve a un individuo y a su suegra de un delito de blanqueo de capitales por el que habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid.

En concreto y para analizar el supuesto de hecho, exponemos los hechos probados en el juicio, que son:

Don Lorenzo , residente legal, nacido en Pereira (Colombia,1973), anteriormente condenado a tres años de prisión por un delito de tráfico de drogas, el día 8 de octubre de 2012 cuando circulaba con el vehículo Seat Ibiza, fue parado en un control de alcoholemia por la Policía Local. Aunque dió negativo en la prueba realizada, los agentes decidieron registrar el vehículo, al causar sospechas en éstos, el estado de nerviosismo en el que se encontraba el acusado. Un registro en el que encontraron escondidos en la moldura lateral de la parte trasera del vehículo un bolsa con la cantidad de 599.845 € en efectivo.

Unos días más tarde, el 24 de octubre de 2012 a las 10:30, los agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, detectaron dos maletas con doble fondo en el que se encontraron 700.130€. El destino de ese equipaje era Bogotá, y su dueña era doña Claudia, nacida en Liborina (Colombia, 1967), que mantenía una relación con don Lorenzo, ya que éste era su yerno.

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, tal y como ya hemos adelantado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los acusados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Sin embargo, el Tribunal Supremo, absuelve a ambos acusados del delito de blanqueo, ya que a pesar de la cuantía importante del dinero, no existe ninguna prueba o indicio que permita <<vincular a don Lorenzo con el tráfico de drogas a gran escala; y la condición de colombianos de él y de la acusada, sin más, es un dato que carece de fuerza argumental>>Y por tanto, el Alto Tribunal añade que <<la condena por el delito de que se trata carece de sustento probatorio>>.

Una decisión judicial que no es compartida por todos los Magistrados del Tribunal Supremo,  en este sentido se manifiestan y discrepan con la decisión de la Sala, los Excmos. Srs Magistrados don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA y don JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR.

El primero aboga por confirmar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, y por tanto, se decanta por una condena por blanqueo de capitales para ambos acusados, en atención a determinados elementos objetivos así como a la relación familiar (yerno/suegra) existente entre don Lorenzo y doña Claudia.

Sin embargo, el segundo de los votos particulares expuestos en la sentencia, opinión del magistrado SÁNCHEZ MELGAR, se inclina por una condena en relación con don Lorenzo, fundamentándose en los elementos objetivos e indicios a los que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid así como su compañero don ANTONIO DEL MORAL GARCÍA. Mientras que opta por la absolución de doña Claudia ya que a pesar de ser la suegra de don Lorenzo, en sus propias palabras <<llevar dinero a Colombia no supone necesariamente la comisión de un delito de blanqueo, aun cuando existan sospechas. Es necesario algo más que conforme la prueba del conocimiento de que el dinero que transporta necesariamente tiene origen delictivo, y que este origen es además correspondiente de una actividad de narcotráfico a gran escala (dada la suma transportada). Tanto puede tener origen de otro delito (no lo sabemos), como en la venta (lícita) de activos patrimoniales que desconocemos, como en alguna otra actividad ilegal pero no delictiva>>. 

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

ACOSO A LA EXPAREJA

Hace más de un año que hablamos en este blog sobre el “novedoso” delito de stalking o acoso. Una figura delictiva que se encuentra dentro de nuestro ordenamiento jurídico a raíz de la reforma de 2015 y, sobre la que existe todavía una escasa jurisprudencia.

Pues bien, hoy, quiero hacer referencia a la reciente sentencia de 12 de julio de 2017 dictada por el Tribunal Supremo. Una resolución en la que el Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado por un individuo que había sido condenado a un año de prisión en calidad de autor de un delito de acoso a su expareja sentimental.

El recurrente en casación alegó entre los motivos del recurso, la existencia de una aplicación incorrecta del delito de acoso del art. 172 ter 1º y 2º del Código Penal, en la medida en que aunque el condenado reconoció que intentó comunicarse con su antigua pareja sentimental, no se habia podido podido probar que esa actividad haya sido lo suficientemente intensa como para provocar una grave alteración en el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

Un motivo de recurso desestimado por el Tribunal Supremo, ya que teniendo en consideración que nos encontramos ante un delito de resultado -alteración de la vida cotidiana-; el hecho de haberse probado determinadas conductas se ha de considerar que ocasionó ese resultado requerido por el delito. Concretamente las conductas o hechos probados a los que se refiere el Tribunal son los siguientes:

  • La existencia de una conducta insistente y reiterada, es decir, una serie de actos continuos y repetitivos en el tiempo (secuencia de llamadas telefónicas el 22 de marzo).
  • Reiteración de llamadas telefónicas el día 23 de marzo en diferentes espacios temporales (cuando la víctima se encontraba con unos amigos en un pub, mientras la víctima se encontraba en casa de unos amigos, así como otras cuarenta llamadas telefónicas ese mismo día).

Y más concretamente, dice el Tribunal Supremo que <<De esta situación, se deriva o fluye normalmente la consecuencia de una grave alteración de la vida cotidiana que excede de la mera molestia>>.

Mientras que añade también que <<No se está ante una mera molestia o incomodidad que, por emplear los términos de la STS 324/2017 ya citada, quedaría fuera de los “linderos de la tipicidad”, por el contrario, se está ante un delito de acoso del art. 172 ter CP que se cuestiona por el recurrente, por la capacidad de generar temor condicionando la vida de la víctima como lo acredita la orden de alejamiento citada, con aplicación del tipo agravado del párrafo 2º de dicho artículo>>.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

CONDUCIR SIN CARNÉ ES UN DELITO

El artículo 384 de nuestro Código Penal establece que:

“El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

La duda que se ha planteado en relación con este delito, entre otras, es si ha de ser aplicado en los casos en que el sujeto investigado ha ocasionado un peligro real para la seguridad vial o si por el contrario sólo fuere necesario que el sujeto haya realizado la conducta (conducir sin carné). En otras palabras, la duda es si nos encontramos ante un delito de peligro concreto o ante un delito de peligro abstracto.

Pues bien en relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 2017, establece que en el caso del artículo 384 (cuando el sujeto conduce sin haber obtenido el carné) nos encontramos ante un delito de peligro abstracto. En concreto dice el Supremo que <<De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor>>.

Esta sentencia en cuestión, revoca el fallo absolutorio fijado por la Audiencia Provincial de Toledo y, condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

En los últimos años, hemos estado hablando de una responsabilidad penal no sólo de las personas físicas sino también de las personas jurídicas. Y es aquí, en este post, en relación con esta responsabilidad donde quiero hacer referencia a un artículo publicado por la abogada Laura Casal Fernández.

El artículo en cuestión, trata de analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando sus dirigentes y subordinados cometen los delitos en su modalidad imprudente. El análisis realizado por la autora, es el siguiente:

En la actualidad, el debate sobre la inaplicación del aforismo latino “societas delinquere non potest” está superado y disponemos ya de numerosas monografías, artículos, estudios y reflexiones que nos orientan en la correcta interpretación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, en algunas cuestiones se plantean dudas razonables derivadas de la vertiente subjetiva del tipo penal referida en el artículo 5 del Código Penal (CP en adelante):“no hay pena sin dolo o imprudencia”. La persona jurídica responderá de manera dolosa o imprudente según el conocimiento -dolo- o la falta de diligencia debida –imprudencia- imputable al autor material del tipo delictivo, debiéndose analizar, por tanto, en términos de ilícito, y no de culpabilidad, el hecho cometido por la persona física en cuestión.

Para examinar si cabe la modalidad de imprudencia en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es preciso acudir a la Parte Especial del CP, atendiendo al sistema de numerus clausus de delitos circunscritos a su responsabilidad penal, dado que en el artículo 31 bis no se contempla la conducta concreta de la persona física. La inmensa mayoría de los tipos delictivos para los que está prevista tal responsabilidad son eminentemente dolosos, sin perjuicio de que un número reducido de ellos sí pueden cometerse de manera imprudente.

La Fiscalía General del Estado en la tan recurrida Circular 1/2016 concluye que son “cuatro (las) conductas imprudentes cometidas por personas físicas en las circunstancias del art. 31 bis susceptibles de generar un reproche penal a la persona jurídica”. A saber: las insolvencias punibles, los recursos naturales y el medio ambiente, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Resulta cuanto menos llamativo que la Fiscalía olvide o decida conscientemente no incluir en esa escueta lista otros tres delitos susceptibles de ser cometidos en su modalidad imprudente por las personas físicas con resultado de responsabilidad penal para las personas jurídicas:

  • El primero de ellos es el siempre olvidado delito de contrabando, para el que en el artículo 2.5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, se prevé expresamente dicha posibilidad: “las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave”.
  • En segundo término, es criterio de la Fiscalía rechazar la punición imprudente de las personas jurídicas por el delito contra la salud pública, en su interpretación de la mens legislatoris, al entender ésta que el legislador no tuvo la voluntad de hacerla extensiva a tales personas, y ello a pesar de contemplarse la imprudencia grave por el delito contra la salud pública en el artículo inmediatamente siguiente al que atribuye a las personas jurídicas responsabilidad penal por esos hechos. La redacción dada por el legislador al artículo 367 del CP: “si los hechos previstos en todos los artículos anteriores fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán, respectivamente, las penas inferiores en grado”, se refiere claramente a los hechos contemplados también en el artículo 366 del CP: “cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los artículos anteriores de este Capítulo […]”. En consecuencia, no puedo más que discrepar en la interpretación de la Fiscalía, pues si bien a pesar de que en este caso el legislador no emplee la expresión “hechos previstos en este capítulo”, utilizada para los delitos medioambientales, ello se debe a que dentro del Capítulo III del Título XVII del CP también se encuentran regulados los delitos de tráfico de drogas y éstos no admiten su comisión imprudente. En este mismo sentido se manifestó el Fiscal del Grupo de Delitos Económicos de la F.P. de La Coruña, D. Juan Antonio Frago Amada al indicar que “estamos ante la utilización de expresiones absolutamente análogas pero sin divergencia de contenido real”.
  • En último lugar, derivado de un más que probable lapsus del legislador, cabe defender la posibilidad de generar un reproche penal a las personas jurídicas por el delito de daños informáticos cometido de forma imprudente por las personas físicas de las cuales tenga el deber legal de responder. Este delito se sitúa dentro del Capítulo IX de los daños (Título XI del CP) y habida cuenta de que la modalidad imprudente del delito de daños se regula de manera genérica para todos los hechos típicos contemplados en ese capítulo en el artículo 367 del CP: “los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos”, debemos considerar que no hay óbice alguno que impida hacer extensible dicha imprudencia a los delitos de daños informáticos de los que tenga que responder una persona jurídica en virtud del artículo 31 bis del CP.

Se desprende por tanto que cualquier persona jurídica será susceptible de responder, en la praxis, por hasta siete delitos (en virtud de conductas atribuibles a sus altos directivos, administradores, empleados y demás personas vinculadas) cometidos en su modalidad de imprudencia grave: insolvencias punibles (artículo 259.3 del CP), daños informáticos (artículo 267 del CP), blanqueo de capitales (artículo 301.3 del CP), recursos naturales y medio ambiente (artículo 331 del CP), salud pública (artículo 367 del CP), financiación del terrorismo (artículo 576.4 del CP) y contrabando (artículo 2.5 de la LO 12/1995). Contemplar esta posibilidad a la hora de analizar las empresas y confeccionar su mapa de riesgos, resulta imprescindible al ser éste un componente que incide directamente en la probabilidad e impacto de los mismos en cualquier organización. Sólo así podrán implementarse planes de prevención de delitos eficaces e idóneos para eximir a la persona jurídica de futuras responsabilidades penales.

Laura Casal Fernández

Comparto con vosotros este análisis, ya que me resulta muy interesante para todos aquellos profesionales que nos dedicamos al Derecho Penal y así como el mundo del Compliance.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

ENTREVISTA EN LA VOZ DE GALICIA

El pasado domingo 16 de abril de 2017 se publicaba en el periódico La Voz de Galicia la entrevista a Alejandro Seoane Pedreira. Si queréis leer el contenido de ésta, sólo tenéis que pinchar AQUÍ.

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