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CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

La responsabilidad penal se extingue por las causas tasadas en el artículo 130 del Código Penal. Una responsabilidad que existirá, como es obvio, cuando se haya cometido un delito y que desaparecerá por alguno de los siguientes motivos o causas.

1ª) MUERTE DEL REO.

Como es lógico dentro del Derecho Penal la muerte de toda persona que haya cometido un delito, provoca que la justicia no pueda acometer ningún reproche penal contra ésta. Una circunstancia que deriva del principio de personalidad de las penas. No basta la declaración civil de fallecimiento sino que es necesaria la muerte efectiva del reo, sin perjuicio de que se produzca el sobreseimiento del proceso penal ya iniciado.

Se trata de una causa que provoca la extinción por completo de todo tipo de pena que se pueda imponer al reo, así como de todas las medidas de seguridad que se hayan decretado frente éste. Empero no extingue la responsabilidad civil que se derive del delito, que será transmitida por vía sucesoria a los herederos del penado, cuya extinción se someterá a las normas de carácter civil.

2ª) CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA.

En este caso, la previsión de esta causa dentro del Código Penal, se puede considerar un tanto superflua debido a que la extinción de la responsabilidad se produce en el momento en que la ley determina que deja de existir. En este supuesto no sucede lo mismo que en el resto de las causas cuya extinción de responsabilidad penal, se produce en un momento anterior al que la ley de manera abstracta lo haya previsto.

Sin embargo, el cumplimiento de la condena no produce la extinción de todos los efectos derivados de ésta, debido a que se mantienen los antecedentes penales, que se extinguirán una vez que hayan transcurrido los plazos previstos en la legislación penal.

3ª) REMISIÓN DEFINITIVA DE LA PENA.

Se trata de una causa de extinción de la responsabilidad penal que se encuentra vinculada a la figura de la ejecución de suspensión de la pena privativa de libertad. Y en particular a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87 del Código Penal.

El precepto en cuestión prevé la remisión de la pena si ha terminado el plazo de suspensión fijado en sentencia sin que el sujeto haya cometido un hecho delictivo, y siempre que haya cumplido las normas de conducta que su Señoría le haya impuesto mediante resolución judicial.

Además, en el apartado segundo (art. 87), se prevé la posibilidad de que el juez pueda acordar la remisión de la pena para aquellos condenados a los que ésta se les haya suspendido por haber cometido el delito a causa de su adicción a las drogas o sustancias similares. En este caso, para que pueda decretarse la remisión se debe acreditar ante su Señoría, que el condenado está bajo tratamiento de deshabituación o que éste ya ha sido cumplido con éxito.

Al igual que en el caso anterior, tampoco estamos ante una causa de extinción de la responsabilidad que suponga la desaparición de todos los efectos penales, ya que se mantiene la anotación de los antecedentes penales hasta que transcurra el tiempo necesario para su cancelación.

4ª) EL INDULTO.

El famoso indulto, es junto con la amnistía, una institución del Derecho de gracia, consistente en la renuncia al ius puniendi (derecho a penar) que viene acordado con carácter general por el Gobierno.

Se trata de una institución que provoca la remisión total o parcial de la pena impuesta en sentencia judicial, sin embargo tal y como se produce en otras causas de exclusión de la responsabilidad penal, se mantienen los antecedentes penales que no se cancelarán hasta que haya pasado el plazo legalmente establecido.

Una institución que tiene grandes detractores que fundamentan su oposición a la misma, en tanto que en su opinión el indulto otorgado por el ejecutivo puede suponer la vulneración del principio de separación de poderes, siendo una institución más propia de épocas pasadas en donde todo el poder estaba bajo la figura del monarca. A pesar de que los más críticos consideran que se trata de una medida arbitraria, el indulto “debería” ser concedido de manera justificada por razones de justicia, equidad o utilidad pública.

5ª) PERDÓN DEL OFENDIDO.

Se trata de una causa de exoneración de responsabilidad que tan sólo es posible aplicar cuando la ley penal así lo determine o se trate de delitos leves perseguibles a instancia de la víctima.

Como parece lógico, el perdón del ofendido deberá de cumplir los siguientes requisitos:

Que se otorgue de manera expresa y libre.
Que se otorgue antes de que se dicte sentencia.
Puede ser otorgado por el ofendido, así como por un menor o incapaz a través de su representante legal, aunque en estos dos últimos casos, el juez podrá no admitir dicho perdón del perjudicado, una vez oído al Ministerio Fiscal.
El perdón otorgado por el ofendido es irrevocable y sólo tiene efectos frente al delito del que ha sido víctima así como tan solo frente al sujeto penalmente responsable.

6ª) PRESCRIPCIÓN DEL DELITO.

Los delitos prescriben por el paso del tiempo de manera ininterrumpida. Sin embargo el legislador prevé distintos plazos para que pueda existir causa de exclusión de la responsabilidad.

Los delitos prescriben:

A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años.
A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años.
A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10.
A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves, los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.

Como excepción a la norma general de prescripción, existen una serie de delitos para los que la ley no prevé ningún plazo de prescripción debido a su gravedad como son: Delitos de lesa humanidad (art. 607 bis CP) y genocidio (art. 607 CP); delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (arts. 608 a 613 y 614 bis del CP), y delito de terrorismo cuando se hubiere causado la muerte de una persona.

7ª) PRESCRIPCIÓN DE LA PENA.

A pesar de que se trata de una causa poco frecuente, es posible la prescripción de una pena impuesta en una sentencia judicial. Se apartan de la norma las penas impuestas por haber cometido alguno de los delitos imprescriptibles.

Para el resto de delitos los plazos de prescripción de las penas son:

A los 30 años las penas de prisión de más de 20 años.
A los 25 años las penas de prisión de 15 o más años y que no excedan de 20.
A los 20 las inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15 años.
A los 15 las de inhabilitación por más de 6 años y que no excedan de 10 y las de prisión por más de 5 y que no excedan de 10.
A los 10 años las restantes penas graves.
A los 5 las penas menos graves.
Al año las penas leves.

El cómputo del plazo se inicia en la fecha en la que se dicta la sentencia firme si la pena no ha comenzado a cumplirse, o en el momento del quebrantamiento de la condena. SIn embargo este plazo quedará en paralizado durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena, así  como también en los casos en que el condenado se encuentre cumpliendo otras condenas.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

DELITO DE FALSEDAD DE CUENTAS SOCIETARIAS

El delito de falsedad de cuentas, se trata de un delito económico, societario y de carácter doloso. Una figura delictiva prevista en nuestro Código Penal, concretamente en el artículo 290, que establece que:

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

Si llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

Por tanto, como ya hemos adelantado y como ha declarado de forma reiterada nuestra jurisprudencia, nos encontramos ante un delito de carácter doloso. Un dolo que ha de ser directo, es decir, la acción u omisión del administrador ha de tener la finalidad “falsear las cuentas para causar un perjuicio económico” y ésta debe ser querida por aquel. Es por ello por lo que no bastaría con que el sujeto activo acepte como consecuencia de su conducta el hecho de que se ocasione un perjuicio económico (dolo eventual).

El Tribunal Supremo en sentencia de 17 de marzo de 2016 (f.j 3º), expone lo siguiente:

Y en cuanto al núcleo de la conducta típica, dice la sentencia 655/2010 , “falsear” en el sentido del art. 290, es mentir, es alterar o no reflejar la verdadera situación económica o jurídica de la entidad en los documentos que suscriba el administrador de hecho o de derecho, porque así es como se frustra, además, el derecho de los destinatarios de la información social (sociedad, socios o terceros) a obtener una información completa y veraz sobre la situación jurídica o económica de la sociedad. Hay que tener en cuenta que ocultar o suprimir datos es una forma de faltar a la verdad en la narración de los hechos, y por otra, que el administrador tiene el deber jurídico de cumplir con su cometido con la diligencia de un ordinario empresario y de su representante leal ( art. 127.1 LSA y 61 LSRL ), lo que, implícitamente, y en términos generales, le obliga a ser veraz con la información que suministra sobre la sociedad.

En definitiva, hay que probar la “finalidad de perjudicar” no sólo desde un punto de vista formal (idóneo) sino también desde un punto de vista material. Y prueba de ello, por ejemplo, puede ser el hecho de haber presentado esas cuentas “irreales” ante el Registro Mercantil, ya que es en ese momento en donde éstas afectan al tráfico jurídico mercantil, así como a los intereses de las sociedades, socios o terceros.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

CONDUCIR SIN CARNÉ ES UN DELITO

El artículo 384 de nuestro Código Penal establece que:

“El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

La duda que se ha planteado en relación con este delito, entre otras, es si ha de ser aplicado en los casos en que el sujeto investigado ha ocasionado un peligro real para la seguridad vial o si por el contrario sólo fuere necesario que el sujeto haya realizado la conducta (conducir sin carné). En otras palabras, la duda es si nos encontramos ante un delito de peligro concreto o ante un delito de peligro abstracto.

Pues bien en relación con esta cuestión, el Tribunal Supremo en sentencia de 26 de abril de 2017, establece que en el caso del artículo 384 (cuando el sujeto conduce sin haber obtenido el carné) nos encontramos ante un delito de peligro abstracto. En concreto dice el Supremo que <<De la lectura de dicho precepto no se desprende exigencia alguna de un peligro concreto para la seguridad vial, sino la realización exclusivamente de la conducción de un vehículo de motor sin la correspondiente habilitación administrativa, por no haberla ostentado nunca quien pilota tal vehículo de motor>>.

Esta sentencia en cuestión, revoca el fallo absolutorio fijado por la Audiencia Provincial de Toledo y, condena al conductor por un delito contra la seguridad vial al pago de una multa de 2.160 euros.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

En los últimos años, hemos estado hablando de una responsabilidad penal no sólo de las personas físicas sino también de las personas jurídicas. Y es aquí, en este post, en relación con esta responsabilidad donde quiero hacer referencia a un artículo publicado por la abogada Laura Casal Fernández.

El artículo en cuestión, trata de analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando sus dirigentes y subordinados cometen los delitos en su modalidad imprudente. El análisis realizado por la autora, es el siguiente:

En la actualidad, el debate sobre la inaplicación del aforismo latino “societas delinquere non potest” está superado y disponemos ya de numerosas monografías, artículos, estudios y reflexiones que nos orientan en la correcta interpretación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, en algunas cuestiones se plantean dudas razonables derivadas de la vertiente subjetiva del tipo penal referida en el artículo 5 del Código Penal (CP en adelante):“no hay pena sin dolo o imprudencia”. La persona jurídica responderá de manera dolosa o imprudente según el conocimiento -dolo- o la falta de diligencia debida –imprudencia- imputable al autor material del tipo delictivo, debiéndose analizar, por tanto, en términos de ilícito, y no de culpabilidad, el hecho cometido por la persona física en cuestión.

Para examinar si cabe la modalidad de imprudencia en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es preciso acudir a la Parte Especial del CP, atendiendo al sistema de numerus clausus de delitos circunscritos a su responsabilidad penal, dado que en el artículo 31 bis no se contempla la conducta concreta de la persona física. La inmensa mayoría de los tipos delictivos para los que está prevista tal responsabilidad son eminentemente dolosos, sin perjuicio de que un número reducido de ellos sí pueden cometerse de manera imprudente.

La Fiscalía General del Estado en la tan recurrida Circular 1/2016 concluye que son “cuatro (las) conductas imprudentes cometidas por personas físicas en las circunstancias del art. 31 bis susceptibles de generar un reproche penal a la persona jurídica”. A saber: las insolvencias punibles, los recursos naturales y el medio ambiente, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Resulta cuanto menos llamativo que la Fiscalía olvide o decida conscientemente no incluir en esa escueta lista otros tres delitos susceptibles de ser cometidos en su modalidad imprudente por las personas físicas con resultado de responsabilidad penal para las personas jurídicas:

  • El primero de ellos es el siempre olvidado delito de contrabando, para el que en el artículo 2.5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, se prevé expresamente dicha posibilidad: “las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave”.
  • En segundo término, es criterio de la Fiscalía rechazar la punición imprudente de las personas jurídicas por el delito contra la salud pública, en su interpretación de la mens legislatoris, al entender ésta que el legislador no tuvo la voluntad de hacerla extensiva a tales personas, y ello a pesar de contemplarse la imprudencia grave por el delito contra la salud pública en el artículo inmediatamente siguiente al que atribuye a las personas jurídicas responsabilidad penal por esos hechos. La redacción dada por el legislador al artículo 367 del CP: “si los hechos previstos en todos los artículos anteriores fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán, respectivamente, las penas inferiores en grado”, se refiere claramente a los hechos contemplados también en el artículo 366 del CP: “cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los artículos anteriores de este Capítulo […]”. En consecuencia, no puedo más que discrepar en la interpretación de la Fiscalía, pues si bien a pesar de que en este caso el legislador no emplee la expresión “hechos previstos en este capítulo”, utilizada para los delitos medioambientales, ello se debe a que dentro del Capítulo III del Título XVII del CP también se encuentran regulados los delitos de tráfico de drogas y éstos no admiten su comisión imprudente. En este mismo sentido se manifestó el Fiscal del Grupo de Delitos Económicos de la F.P. de La Coruña, D. Juan Antonio Frago Amada al indicar que “estamos ante la utilización de expresiones absolutamente análogas pero sin divergencia de contenido real”.
  • En último lugar, derivado de un más que probable lapsus del legislador, cabe defender la posibilidad de generar un reproche penal a las personas jurídicas por el delito de daños informáticos cometido de forma imprudente por las personas físicas de las cuales tenga el deber legal de responder. Este delito se sitúa dentro del Capítulo IX de los daños (Título XI del CP) y habida cuenta de que la modalidad imprudente del delito de daños se regula de manera genérica para todos los hechos típicos contemplados en ese capítulo en el artículo 367 del CP: “los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos”, debemos considerar que no hay óbice alguno que impida hacer extensible dicha imprudencia a los delitos de daños informáticos de los que tenga que responder una persona jurídica en virtud del artículo 31 bis del CP.

Se desprende por tanto que cualquier persona jurídica será susceptible de responder, en la praxis, por hasta siete delitos (en virtud de conductas atribuibles a sus altos directivos, administradores, empleados y demás personas vinculadas) cometidos en su modalidad de imprudencia grave: insolvencias punibles (artículo 259.3 del CP), daños informáticos (artículo 267 del CP), blanqueo de capitales (artículo 301.3 del CP), recursos naturales y medio ambiente (artículo 331 del CP), salud pública (artículo 367 del CP), financiación del terrorismo (artículo 576.4 del CP) y contrabando (artículo 2.5 de la LO 12/1995). Contemplar esta posibilidad a la hora de analizar las empresas y confeccionar su mapa de riesgos, resulta imprescindible al ser éste un componente que incide directamente en la probabilidad e impacto de los mismos en cualquier organización. Sólo así podrán implementarse planes de prevención de delitos eficaces e idóneos para eximir a la persona jurídica de futuras responsabilidades penales.

Laura Casal Fernández

Comparto con vosotros este análisis, ya que me resulta muy interesante para todos aquellos profesionales que nos dedicamos al Derecho Penal y así como el mundo del Compliance.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

ENTREVISTA EN LA VOZ DE GALICIA

El pasado domingo 16 de abril de 2017 se publicaba en el periódico La Voz de Galicia la entrevista a Alejandro Seoane Pedreira. Si queréis leer el contenido de ésta, sólo tenéis que pinchar AQUÍ.

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