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LAS CONDUCTAS TÍPICAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El delito de blanqueo de capitales será cometido por un sujeto mediante una acción u omisión  por la que lleve a cabo alguna de las conductas previstas en los artículos 301.1 y 301.2 del Código Penal, cuyo contenido es el que sigue:

Artículo 301.1 : <<El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad  del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años>>.

Artículo 301.2 : <<Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos>>.

Es decir, nuestro legislador incluye en estos dos artículos un gran elenco de actividades que abarcan todo el proceso y fases del delito blanqueo de dinero. Una situación que puede provocar algunos problemas técnicos ya que utilizan términos superfluos o redundantes que puede llevarnos a situaciones absurdas. En todo caso, lo que no cabe duda es que el legislador quiere evitar  cualquier tipo de vacío legal que pudiese surgir al respecto.

Con la finalidad de aclarar y esquematizar las conductas de blanqueo podemos decir que son punibles, de conformidad con el tipo básico, dos grupos o tipos de conductas:

1) Conductas que se refieren a la adquisición, conversión, posesión, utilización o transmisión de bienes a sabiendas de su origen delictivo.

2) Cualquier otro acto (conducta) sobre bienes cuya finalidad sea lograr ocultar o encubrir el origen delictivo.

En el supuesto del primer grupo de conductas debemos hacer una breve referencia a los términos utilizados por nuestro legislador para la describir las diferentes actividades ejecutadas sobre los bienes. Y en este sentido:

La conducta de “adquirir” hace referencia al ingreso en el patrimonio del sujeto activo de los derechos sobre los bienes de origen delictivo.

La conducta de “convertir”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, se hace referencia a la «acción y efecto de convertir o convertirse», así como a la «mutación de una cosa en otra».

La conducta de “poseer” (introducida por nuestro legislador en el tipo penal de blanqueo a través de la LO 5/2010) hace referencia a la disponibilidad que tiene el sujeto sobre estos.

La conducta de “utilizar” hace referencia a la conducta específica de aprovecharse del objeto material del delito.

Y por último, debemos indicar que la conducta de “transmitir” hace referencia a la salida de bienes del patrimonio de un sujeto en beneficio e incremento del patrimonio de otro individuo.

Realizar cualquier tipo de acto orientado a ocultar el origen ilícito de los bienes, o a ayudar a quienes hayan intervenido en la comisión del delito previo a eludir las consecuencias legales de sus acciones.

Es lo que podemos llamar una cláusula “cajón desastre” y que por tanto necesitará ser interpretada de forma cautelosa por los tribunales, en la medida en que puede existir una excesiva generalización y extensión de su contenido que podrá ocasionar una vulneración del principio de legalidad, dada la falta de determinación de la conducta típica.

Por otro lado debemos hacer referencia a las conductas descritas en el art. 301.2 del Código Penal, que prevé aquellas que tratan de:

  • Ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de su delictiva procedencia.

Por lo que en este caso se trata de que el acusado ha realizado actos que han tenido como resultado la ocultación de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos de los bienes de procedencia está un delito de blanqueo previo.

Conclusión:

Con independencia del amplio abanico de conductas que prevé nuestro Código Penal, lo que realmente trata de criminalizar el legislador, son todas aquellas conductas que persiguen ocultar el origen ilícito de los bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva previa, así como criminalizar todas aquellas que tengan la finalidad de ayudar al autor de la conducta delictiva previa a eludir la sanción penal que le pueda corresponder.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)

 

LA LEY DEL CROWDFUNDING.

El 28 abril de 2015, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2015, denominada Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Un texto normativo con diversos objetivos entre los que se encuentra la regulación dentro de nuestro ordenamiento jurídico de las llamadas plataformas de financiación participativa, que ejecutan actividades de “crowdfunding o financiación en masa”.

Pero, ¿qué son estas plataformas y para qué sirven?

Las plataformas de financiación participativa conectan a los promotores un proyecto empresarial, que necesitan financiación para ejecutarlo y hacerlo realidad, con inversores que buscan una buena inversión con posibilidades de alcanzar un alto rendimiento.  Por lo que permite a los promotores del proyecto, conseguir fondos para hacer realidad su empresa, sin necesidad de recurrir a sistemas de financiación más habituales o tradicionales, como por ejemplo la financiación bancaria.

La actividad de crowdfunding se caracteriza por la existencia de numerosos inversores que aportan cantidades pequeñas en proyectos de alto potencial, con un riesgo medio-alto en la inversión, al no garantizar la plataforma en ningún momento la viabilidad o solvencia del promotor. Sin embargo, y a pesar de que los pequeños inversores están muy presentes en las plataformas de financiación participativa, cada vez aparecen más inversiones profesionales dentro de éstas, depositando fondos en diversos proyectos. Estos inversores profesionales es lo que la ley denomina, inversores acreditados.

Una ley que establece el régimen jurídico que han de cumplir las plataformas con el fin de asegurar la transparencia de éstas frente a los diferentes inversores. Requisitos que podemos concretar en:

  • Imposición de registro de las Plataformas de Financiación Participativas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), asegurando las debidas garantías sobre la legalidad del desarrollo de las compañías.
  • Obligación a socios, administradores y altos directivos de la plataforma de registrarse ante la CNMV, garantizando sus capacidades para la actividad profesional.
  • Las plataformas deben contar con un respaldo financiero que les permita hacer frente a las posibles responsabilidades que se puedan derivar de su actividad.
  • Proporcionar el grado máximo de transparencia por parte de la plataforma.

Una forma de financiación que tiene unos mayores riesgos para el inversor y que la Ley trata de mitigar mediante determinadas medidas consistentes en:

  • Limitar el volumen de cada proyecto. De forma que la plataforma sólo podrá financiar 2.000.000€ por cada proyecto, a excepción de que se trate de un proyecto destinado únicamente a inversores acreditados, en cuyo caso el límite se fija en 5.000.000€.
  • Un inversor no acreditado tendrá un límite máximo de 3.000€ por cada proyecto en el que quiera invertir.
  • Un inversor no acreditado solamente podrá invertir 10.000€ como máximo en una misma plataforma en un periodo de 12 meses.

Existen diversas plataformas de financiación participativa a las que se puede acceder a través de la red, que cada vez son más utilizadas para financiar proyectos de sectores muy dispares.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)

CONSEJOS PARA INVERTIR EN UNA FRANQUICIA II

En este segundo post, sobre consejos para invertir en una franquicia, vamos a tratar tres puntos diferentes que debemos tener en cuenta a la hora de escoger nuestra franquicia. Tres aspectos que debemos añadir a los puntos tratados en la entrada titulada “consejos para invertir en una franquicia I”.

En esta ocasión, nos centraremos en los resultados obtenidos por el franquiciador y en las opiniones de otros franquiciados.

En primer lugar,  en cuanto a los resultados obtenidos por el franquiciador debemos centrarnos en dos aspectos: 1) número de cierre de franquicias y b) cálculo de una previsión de ingresos para tu franquicia.

1º) Desconfia de todo franquiciador que no quiere facilitarte el número de cierres en el último año, en los últimos dos años, o incluso desde la creación de la franquicia. SAL CORRIENDO!!! NO INVIERTAS NI UN EURO!!

Esta situación nos debería llevar a desconfiar seriamente de la solidez de su modelo negocio, así como de la transparencia que puede tener el franquiciador frente a sus franquiciados. Una franquicia seria y económicamente viable, no debe tener ningún problema en enseñar estos datos a sus posibles franquiciados.

2º) Si un franquiciador, con anterioridad a que te decidas por unirte a su franquicia, es incapaz de mostrarte un cálculo aproximado de ingresos que podría obtener tu franquicia, o te muestra datos poco reales (algo muy habitual). Desconfia del franquiciador y una vez más, SAL CORRIENDO!!! NO INVIERTAS NI UN EURO!!

Una franquicia seria y eficaz, es capaz de mostrar y realizar un estudio sobre la viabilidad y rentabilidad de tu franquicia, en función de la ubicación del local, el perfil del franquiciado, así como la dimensión del negocio.

Por último, debemos de tener en cuenta la opinión de otros empresarios que ya forman parte de la franquicia.

El resto de franquiciados, son una fuente muy útil para realizar una valoración a la hora de escoger qué red de franquicia resulta la más recomendable para tu inversión.  Los contactos de todos los franquiciados puedes pedírselos al franquiciador. De forma que si éste, se opone a que tengas acceso a estos datos, deberás desconfiar de la transparencia de ese franquiciador.

También puedes tener acceso a los diversos franquiciados de forma directa sin necesidad de conseguir los datos a través de la central de la franquicia, es un proceso más laborioso pero muy recomendable. Habla con diferentes franquiciados y si las opiniones son malas o regulares SAL CORRIENDO!!! NO INVIERTAS NI UN EURO!!

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

INCAPACIDAD PERMANENTE PARA UN ABOGADO QUE PERDIÓ LA VISIÓN DE UN OJO.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de mayo de 2016, ha resuelto que la pérdida total de visión en un ojo como consecuencia de una accidente no laboral, puede ser considerado de una incapacidad permanente para el ejercicio de la abogacía.

Declarando el Alto Tribunal que la pérdida de un ojo equivale a una incapacidad parcial de entre un 24 y 36%.

Además de dicho reconocimiento, el Tribunal Supremo, estima el recurso interpuesto por el demandante, concediendo un derecho a una indemnización a tanto alzado de veinticuatro mensualidades de la base reguladora correspondiente.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia.

EL DELITO FISCAL ESTÁ DE MODA.

Como ya adelantamos el pasado lunes, en nuestra entrada sobre los papeles de de panamá y las sociedades offshore . Una de las consecuencias jurídicas de tener dinero en el extranjero sin haberlo declarado, puede ser la comisión de un delito fiscal. Por otro lado, hace unos días hemos podido leer el Auto de prisión de Mario Conde en el que se le investiga a él y a otros individuos por varios delitos fiscales. Pero, ¿qué es el delito fiscal?.

Es delito fiscal, la acción u omisión llevada a cabo por una persona, con el objetivo de defraudar a la Hacienda Pública, evitando el pago de impuestos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, ingresos a cuenta, obteniendo devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales indebidos. En todo caso, para poder ser considerada como una conducta tipificada como delito fiscal, cualquiera de las anteriores acciones conlleva que la cuantía defraudada ha de superar la cantidad de 120.000€.

Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, la cuota defraudada a los efectos del delito fiscal será la de cada período impositivo, y si éste es inferior a doce meses, será la del año natural. Sin embargo, si la defraudación se lleva a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúan bajo la apariencia de una actividad económica real, sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en el que se alcance la cuota defraudada de 120.000 euros. En los demás supuestos, la cuantía defraudada se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible pueda ser susceptible de liquidación tributaria.

Estamos ante un delito doloso, es decir, no puede ser cometido por negligencia. Concurriendo el dolo en quien sabe lo que hace y quiere hacerlo. Debiendo conocer el sujeto activo del delito que determinados hechos, constituyen un hecho imponible desde el punto de vista tributario, independientemente de que conozca el impuesto devengado, pero si que no se ha presentado la declaración o la inexactitud de ésta. De manera que se admite el dolo eventual.

El delito fiscal está castigado en los supuestos básicos con penas que oscilan entre uno y cinco años de prisión y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Sin embargo, nuestra legislación recoge tres supuestos agravados de este delito fiscal, para los prevé penas de prisión de entre dos y seis años:

  • Cuando la cuota defraudada fuese superior a 600.000€.
  • Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal.
  • La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales ocultado o dificultando la determinación de la identidad del obligado tributario o su patrimonio,  así como la determinación de la cuantía defraudada.

Por otro lado, el obligado tributario podrá quedar exento de responsabilidad penal cuando haya regularizado su  situación fiscal, con anterioridad a que tenga conocimiento del inicio de actuaciones de inspección o investigación contra él. Acciones que podrán ser llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción, o antes de que el Abogado del Estado o Ministerio Fiscal interpongan una  querella o denuncia contra el sujeto.

Este delito fiscal en su tipo básico, y en virtud del artículo 131.1 del Código Penal, prescribirá en un plazo de cinco años, comenzado a contar éste desde el momento en que termine el periodo voluntario de presentación de la respectiva declaración. Sin embargo, para los supuestos agravados que hemos expuesto, y en virtud del mismo precepto, el delito fiscal tendrá un plazo de prescripción de diez años.

De todos los personajes públicos que aparecen entre los papeles de Panamá. ¿Quienes han cometido un delito fiscal? ¿Estará prescrito el delito? ¿Habrán regularizado su situación evitando su responsabilidad penal?.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado I.C.A Ferrol.