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LAS SILLAS ELÉCTRICAS EN LA UNIÓN EUROPEA.

En el ejercicio de la profesión de abogado, no todo son juicios, ya que en numerosas ocasiones nuestros servicios consisten en asesorar a empresarios (clientes) que tienen todo tipo de negocios. De forma que nos vemos obligados a conocer y estudiar diferentes normativas para poder dar un buen servicio profesional. Un estudio que en muchas ocasiones no deja de ser un tanto curioso.

En uno de esos momentos de estudio sobre la legislación comunitaria, resulta que te encuentras con el Reglamento CE 1236/2005 de 27 de junio, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

silla electrica

Resulta que en virtud de este Reglamento comunitario, una empresa ubicada en un Estado miembro, no podrá comercializar sillas eléctricas. El artículo 3 de la norma en cuestión, prohíbe que los 27 Estados miembros de la Unión Europea exporten aquellos productos cuyo único uso práctico sea aplicar la pena de muerte, infligir torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de cual sea su origen.

Además de prohibir la comercialización de las sillas eléctricas, se prohíbe también la comercialización de los siguientes productos:

  • Horcas y guillotinas.
  • Cámaras herméticas, por ejemplo de acero y vidrio, diseñadas con el fin de ejecutar a seres humanos mediante la administración de un gas o sustancia química letal.
  • Sistemas automáticos de inyección de droga diseñados con el fin de ejecutar a seres humanos mediante la administración de una sustancia química letal.
  • Productos diseñados para la inmovilización de seres humanos, como los cinturones de electrochoque que administren descargas eléctricas de una tensión en circuito abierto superior a 10.000 voltios.
  • Dispositivos portátiles supuestamente diseñados para su uso práctico como material antidisturbios, como por ejemplo las porras o porras cortas hechas de metal u otro material compuesto por un eje con púas metálicas.

Visto lo visto, la explotación de este “nicho de mercado” resulta bastante difícil dentro de la Unión Europea.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

 

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL A BORDO DE UN PORSCHE 911.

Hace tan sólo unos días, era noticia dentro de los medios de comunicación la detención de un hombre por conducir un Porsche 911 a 297 km/h. Dichos medios, se hacían eco de las particularidades del caso, entre las que destacaron la discapacidad física del conductor al que los agentes de la Guardia Civil han tenido que facilitarle una silla de ruedas para su desplazamiento. También ha trascendido que el conductor se encontraba cumpliendo una sanción de retirada del carnet de conducir hasta el próximo mes de abril.  Por otro lado, se informaba que el protagonista de la noticia tiene antecedentes penales relacionados con delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas.

Lo cierto, es que después de ser detenido y puesto a disposición judicial,  se ha celebrado un juicio rápido, en el que el conductor ha sido condenado por la comisión de dos delitos contra la seguridad vial. Dos delitos que le han supuesto una pena de multa de 3.600 euros, junto con una retirada del permiso de conducción durante doce meses.

Pero, ¿cuál es el fundamento de la pena impuesta al conductor? La respuesta la podemos encontrar en los art. 379.1 y 384.1 de nuestro Código Penal.

Por un lado el art. 379.1 del Código Penal establece que <<El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior a sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años>>.

Mientras que el art. 384.1 del Código Penal, establece que <<El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días>> Y añade el párrafo segundo del mismo artículo que <<La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción>>.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)

DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL Y DE ABUSO SEXUAL.

La diferencia fundamental entre el delito de agresión sexual y el delito de abuso sexual radica en que en éste no interviene una conducta violenta o intimidatoria para la comisión del delito.

El delito de agresión sexual (artículo 178 del Código Penal) consiste en atentar contra la libertad sexual de una persona utilizando para ello una conducta violenta o intimidatoria sobre la víctima. Un delito que está castigado con una pena de uno a cinco años de prisión. En los supuestos en que exista un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal), el agresor será condenado por un delito de violación cuya pena estará comprendida entre los seis y doce años de prisión.

Unas penas de prisión cuya duración se pueden incrementar, hasta un máximo de quince años, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Cuando la violencia o intimidación ejercida sobre la víctima se ejerza de un modo degradante o vejatorio.
  • La agresión se cometa por la actuación conjunta de dos o más personas.
  • La víctima es una persona especialmente vulnerable, por su edad, enfermedad o situación, y en todo caso si es menor de los trece años.
  • Si el autor del delito ha hecho valer una relación de superioridad o parentesco (ascendiente, descendiente o hermanos).
  • El autor hace uso de armas u otros medios peligrosos que puedan ocasionar la muerte o lesiones tales como la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro corporal, de un sentido, una grave deformidad, impotencia, esterilidad, o una grave enfermedad somática o psíquica.

Por otro lado, el delito de abuso sexual (art. 181 del Código Penal), consiste en atentar contra la libertad sexual de una persona sin la existencia de una conducta violenta o intimidatoria, y sin el consentimiento de la víctima. Un delito que está castigado con una pena de uno a tres años de prisión o multa dieciocho a veinticuatro meses. En los casos en que exista un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal), el agresor será condenado a una pena de prisión comprendida entre los  cuatro y diez años.

En los casos en que exista una agresión sexual y la  víctima fuese mayor de trece años y menor de dieciséis, el responsable será condenado a una pena de prisión que estará comprendida entre los cinco a diez años. Llegando a establecerse entre los doce a quince años, en los casos en que exista acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal).

Si la víctima fuese mayor de trece años y menor de dieciséis, y el responsable es condenado por un delito de abuso sexual,  la pena de prisión estará comprendida entre los dos y seis años. Llegando a establecerse entre los ocho y doce años, en los casos en que exista acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se introduzcan en la víctima miembros corporales u objetos (vía vaginal o anal).

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol).

¿QUÉ ES EL SEXTING?

El sexting, una práctica muy de moda en la actualidad, consiste en el envío de imágenes o vídeos de contenido íntimo, normalmente de carácter sexual. Una práctica que un principio resulta totalmente legal, sin embargo cuando no existe consentimiento de la víctima para la divulgación o emisión del contenido puede llegar a ser una conducta delictiva.

Con la reforma de nuestro Código Penal del año 2015, se ha introducido el artículo 197.7 que regula el delito de sexting, estableciendo como requisitos para que la conducta pueda ser reprochable penalmente, los siguientes:

  • Castiga la conducta de difundir, revelar o ceder a un tercero, imágenes o grabaciones (mediante diversos medios – redes sociales, internet, WhatsApp, SmS…)
  • La difusión debe cometerse sin existir un consentimiento de la víctima.
  • Independientemente de que el contenido difundido haya sido obtenido con la anuencia o consentimiento de la víctima en su domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros.
  • La divulgación del contenido deberá menoscabar gravemente la intimidad de la víctima.

De forma que nuestro Código Penal, castiga al receptor inmediato o destinatario de la imagen o grabación para con posterioridad difundirla sin el consentimiento de la víctima, así como a los terceros receptores que hayan recibido el contenido reenviando el mismo a otros individuos.

La pena prevista para este delito de sexting es de tres meses a un año de prisión o multa de seis a doce meses.

Además el legislador ha querido regular como supuesto agravado, aquéllos casos en que los hechos han sido cometidos por el cónyuge o persona que esté o haya estado unida a la víctima por análoga relación de afectividad, para cuando la víctima fuere un menor de edad o persona con discapacidad, o cuando los hechos fuesen cometidos con una finalidad lucrativa.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol).

ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.

Ya está aquí. Ya está en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Una nueva normativa para el proceso penal que pretende acabar con la lentitud de la justicia. De forma que las instrucciones penales durarán como máximo 6 meses o 18  meses en los casos en los que la investigación pueda resultar compleja (con posibilidad de prórroga de hasta 36 meses).

Durante la instrucción ya no existen los imputados, ahora se llaman investigados, que pasan a llamarse “encausados”  después del Auto de acusación.

Aquí os dejo un enlace con un resumen de las novedades de la nueva normativa.

CONTENIDO Y NOVEDADES DE LA REFORMA DE LA LECRIM

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)