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RESPONSABILIDAD DE LA BANCA POR LAS CANTIDADES ENTREGADAS AL PROMOTOR INSOLVENTE PARA VIVIENDA FUTURA.

La Ley 57/1969 (derogada) junto con la Ley de Ordenación de la Edificación, obligan a los promotores de vivienda sobre plano a depositar las cantidad recibidas a cuenta en una cuenta especial abierta de una entidad financiera.

Cuando todo va bien, nadie tiene que reponder. Pero, ¿qué pasa si el promotor es insolvente? ¿Puede ser responsable la entidad bancaria de las cantidades depositadas por los compradores en la cuenta especial abierta a nombre del promotor? Una responsabilidad sobre la que nuestros tribunales se han venido manifestado de forma contradictoria a lo largo de los años, y que parece haberse aclarado a raíz de la sentencia de 21 de diciembre de 2015 dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo. La resolución en cuestión resuelve esta dispersión jurisprudencial en Fundamento de Derecho sexto en los siguientes términos:

<<Conforme al art. 487.3 LEC procede casar la sentencia recurrida, para en su lugar confirmar la de primera instancia, y fijar como doctrina jurisprudencial la siguiente: « En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad>>.

Por lo que nuestro Tribunal Supremo considera que las entidades bancarias responden por las cantidades ingresadas por los compradores en las cuentas abiertas por el promotor. Es decir, el Alto Tribunal considera como regla general que las entidades de crédito deben fiscalizar los ingresos efectuados en las cuentas de los promotores.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia nº733 de 21 de diciembre de 2015.

LA TENENCIA DE DROGA NO ES IMPRESCINDIBLE PARA SER CONDENADO POR UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Asunto: la necesidad de intervención de droga para poder ser condenado por un delito contra la salud pública (artículo 368 del Código Penal).

El Tribunal Supremo en sentencia de 26 de julio de 2016, se ha manifestado sobre la valoración probatoria en los delitos contra la salud pública. En ese caso judicial, el recurrente alegó que en la medida en no se le había intervenido ninguna partida de droga, y desconociendo por tanto la cantidad así como la riqueza de la misma, no se ha de considerar que se haya ejercitado una conducta que afecte a la salud pública, por lo que solicitaba su absolución. 

El Alto Tribunal se manifiesta al respecto en relación con los fundamentos del recurrente estableciendo que, si bien es cierto que no ha existido la incautación de ninguna sustancia, y no resultando esta tenencia o posesión de la droga un requisito imprescindible para la realización del delito, no cabe la absolución del acusado debido a que han sido acreditados diversos actos de tráfico.

Pinche AQUÍ para leer el texto íntegro de la sentencia.

 

EL FALSO MITO DE LAS CONDENAS INFERIORES A DOS AÑOS DE PRISIÓN.

En los últimos días y como consecuencia de la famosa sentencia condenatoria a Leo Messi, se ha recuperado en las redes sociales el falso mito sobre las condenas inferiores a los dos años de prisión. Un mito muy extendido por lo que he podido apreciar y que básicamente consiste en que si eres condenado a una pena de prisión inferior a dos años y no tienes antecedentes penales, nunca vas a entrar en un centro penitenciario para cumplir con la condena. Pues bien, no existe ninguna norma que establezca  “no cárcel = condena  inferior a dos años de prisión + no antecedentes”.

Si bien es cierto, que nuestro Código Penal deja la posibilidad de que un juez o tribunal pueda dejar el cumplimiento de la condena de prisión en suspenso cuando ésta sea inferior a dos años de duración. Se trata en todo caso, de una facultad para el juez y no una obligación. El ejercicio de dicha facultad deberá ser motivado y fundamentado, para  lo cual valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, el esfuerzo llevado a cabo por el condenado para reparar el daño causado, las circunstancias familiares y sociales del individuo, y los posibles efectos que pueda tener la suspensión de la pena y de las medidas que le puedan ser impuestas.

Además el artículo 80.2 del Código Penal establece una serie de circunstancias necesarias que deben concurrir para dejar en suspenso la ejecución de la pena, y por tanto para no entrar en prisión para cumplir la pena inferior a dos años impuesta en sentencia. Estas circunstancias son:

1.ª) Que el condenado haya delinquido por primera vez.

En este caso hablamos de un requisito indispensable, de manera que el condenado no debe tener antecedentes penales. Sin embargo, debemos dejar claro y en relación con este requisito que el Código Penal establece que:

No se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros”.

2.ª) Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa

3.ª) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.

Con carácter excepcional, será posible la suspensión de la pena, en el caso de delincuentes habituales, cuando a pesar de no cumplirse las dos primeros requisitos (no antecedentes y condena inferior a dos años), y en atención a las circunstancias personales del individuo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado. Condicionando en estos casos la suspensión de la pena, a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo alcanzado entre las partes. Una suspensión de carácter excepcional que conllevará la imposición de una multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Conclusión: No existe la ley que establezca : Pena inferior a dos años + sin antecedentes = No cárcel.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.

Abogado (I.C.A Ferrol)

SENTENCIA DE LEO MESSI.

La Sección Octava de  Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 5 de julio 2016, ha condenado a Leonil Messi a 21 meses de prisión como autor de tres delitos contra la hacienda pública, en la modalidad de defraudación, de los arts. 305 y 305 bis CP, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada del art. 21.5 CP.

El hecho de que una persona decida (Messi), beneficiándose de ello, permanecer en la ignorancia sobre la licitud de determinada actividad que le podía resultar relevante, cuando estaba en disposición de conocerla por diversos medios fiables y rápidos, revela una grave indiferencia que permite considerar que se ha actuado con dolo.

De manera que, el hecho de que el astro argentino haya encomendado a su padre y a los abogados que este contrató, la gestión de sus asuntos económicos, no le exime de responsabilidad por los ilícitos fiscales que puedan cometerse con la explotación de sus derechos de imagen.

Según los hechos declarados probados, la obtención de dichos ingresos fue ocultada a la Hacienda española mediante una estrategia consistente en crear la apariencia de cesión de los derechos de imagen del jugador a sociedades radicadas en paraísos fiscales, sin someterse por tanto al control por parte de la Administración tributaria española.

Pinche AQUÍ para acceder al texto íntegro de la sentencia de Leonil Messi.

LA LEY DEL CROWDFUNDING.

El 28 abril de 2015, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2015, denominada Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Un texto normativo con diversos objetivos entre los que se encuentra la regulación dentro de nuestro ordenamiento jurídico de las llamadas plataformas de financiación participativa, que ejecutan actividades de “crowdfunding o financiación en masa”.

Pero, ¿qué son estas plataformas y para qué sirven?

Las plataformas de financiación participativa conectan a los promotores un proyecto empresarial, que necesitan financiación para ejecutarlo y hacerlo realidad, con inversores que buscan una buena inversión con posibilidades de alcanzar un alto rendimiento.  Por lo que permite a los promotores del proyecto, conseguir fondos para hacer realidad su empresa, sin necesidad de recurrir a sistemas de financiación más habituales o tradicionales, como por ejemplo la financiación bancaria.

La actividad de crowdfunding se caracteriza por la existencia de numerosos inversores que aportan cantidades pequeñas en proyectos de alto potencial, con un riesgo medio-alto en la inversión, al no garantizar la plataforma en ningún momento la viabilidad o solvencia del promotor. Sin embargo, y a pesar de que los pequeños inversores están muy presentes en las plataformas de financiación participativa, cada vez aparecen más inversiones profesionales dentro de éstas, depositando fondos en diversos proyectos. Estos inversores profesionales es lo que la ley denomina, inversores acreditados.

Una ley que establece el régimen jurídico que han de cumplir las plataformas con el fin de asegurar la transparencia de éstas frente a los diferentes inversores. Requisitos que podemos concretar en:

  • Imposición de registro de las Plataformas de Financiación Participativas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), asegurando las debidas garantías sobre la legalidad del desarrollo de las compañías.
  • Obligación a socios, administradores y altos directivos de la plataforma de registrarse ante la CNMV, garantizando sus capacidades para la actividad profesional.
  • Las plataformas deben contar con un respaldo financiero que les permita hacer frente a las posibles responsabilidades que se puedan derivar de su actividad.
  • Proporcionar el grado máximo de transparencia por parte de la plataforma.

Una forma de financiación que tiene unos mayores riesgos para el inversor y que la Ley trata de mitigar mediante determinadas medidas consistentes en:

  • Limitar el volumen de cada proyecto. De forma que la plataforma sólo podrá financiar 2.000.000€ por cada proyecto, a excepción de que se trate de un proyecto destinado únicamente a inversores acreditados, en cuyo caso el límite se fija en 5.000.000€.
  • Un inversor no acreditado tendrá un límite máximo de 3.000€ por cada proyecto en el que quiera invertir.
  • Un inversor no acreditado solamente podrá invertir 10.000€ como máximo en una misma plataforma en un periodo de 12 meses.

Existen diversas plataformas de financiación participativa a las que se puede acceder a través de la red, que cada vez son más utilizadas para financiar proyectos de sectores muy dispares.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado (I.C.A Ferrol)