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DELITO DE TRÁFICO DE ÓRGANOS

El delito de tráfico de órganos, en nuestro país, no es una figura delictiva sobre la que exista numerosa casuística. De hecho, muy recientemente (27/10/2017) el Tribunal Supremo ha dictado su primera sentencia en relación con éste.

Una figura delictiva regulada en el art.156 bis del Código Penal, que prevé:

1. Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal.

2. Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante conociendo su origen ilícito será castigado con las mismas penas que en el apartado anterior, que podrán ser rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable.

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Y en relación con esta casuística, debemos haber referencia a la interesante sentencia que hemos citado en el primer párrafo de esta publicación, concretamente nos referimos a la sentencia nº710/2017 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de octubre. Una resolución que resulta interesante ya no solo por los fundamentos jurídicos expuestos respecto de este delito de tráfico de órganos, sino por el curioso plan elaborado por los acusados para conseguir un trasplante de riñón saltándose todos los trámites legales.

Concretamente los procesados (tres hermanos y un amigo) ofrecieron la cantidad de 6.000€ a un ciudadano marroquí, que se encontraba en situación irregular en España y en condiciones de mendicidad, a cambio del trasplante de uno de sus riñones a uno de los individuos condenados.

En cuanto al delito de tráfico de órganos y en atención a las palabras del propio Tribunal Supremo así como a las condenas impuestas, queremos destacar lo siguiente:

1º) El Tribunal Supremo rechaza la aplicación del exención incompleta de ESTADO DE NECESIDAD alegado por el condenado (enfermo). De forma que tal y como reza la sentencia (f.j 5º) <<En el caso denuncia que existía una situación de necesidad derivada de la enfermedad y la necesidad de poner remedio. No le falta razón al recurrente en la identificación de su mal, pero es el propio ordenamiento y el sistema de salud pública el que plantea el remedio a la situación que da solución a la situación que el recurrente expone: la enfermedad y la necesidad de trasplante. Ese remedio es la alternativa dispuesta para subvenir a la situación que describe, no siendo admisible una actuación por vía de hecho dirigida a procurarse un órgano a espaldas del ordenamiento y de los principios que lo informan y que dan razón de ser al sistema público de trasplantes diseñado según los principios básicos de actuación de altruismo, gratuidad, solidaridad y objetividad en la asignación de los órganos para el trasplante>>.

2º) En relación a si se trata de un delito de mera actividad o de resultado, el Tribunal Supremo establece que el delito de tráfico ilegal de órganos es un delito de mera actividad y por tanto no cabría este delito en grado de tentativa. Concretamente, el Alto Tribunal (f.j 6º) dice que <<el tipo penal introducido en el año 2010 no trata solamente de proteger la salud o la integridad física de las personas, sino que el objeto de protección va más allá destinado a proteger la integridad física, desde luego, pero también las condiciones de dignidad de las personas, evitando que las mismas por sus condicionamientos económicos puedan ser cosificadas, tratadas como un objeto detentador de órganos que, por su bilateralidad o por su no principalidad, pueden ser objeto de tráfico. Y también el propio sistema nacional de trasplantes (ley 30/1979, y RRDD 2070/1999 y 1301/2006), que establece un sistema, nacional, altruista y solidario para la obtención y distribución de órganos para su trasplante a enfermos que lo necesiten>>.  Y añade, <<la tipicidad se asienta sobre cuatro verbos nucleares: favorecer, promover, y facilitar, los mismos que en el delito contra la salud pública por tráfico de drogas, y publicitar, actuaciones sobre el trasplante y tráfico de órganos, describiendo con esas conductas actuaciones que suponen la punición de conductas iniciales del trasplante como la desarrollada por los acusados que habían concertado un trasplante de un órgano de un ser vivo a cambio de precio, aprovechando su situación de necesidad expresada en el relato fáctico con la expresión de vivir de la limosna de terceras personas. El ejemplo sobre la admisibilidad excepcional de formas imperfectas de ejecución en el delito de tráfico de drogas, no es predicable para este delito en el que la acción de favorecer la realización de un tráfico o de un trasplante de órganos, de manera ilegal, se realiza con la conducta que se expresa en el hecho probado>>.

3º) Por otro lado, el Supremo inadmite el motivo de recurso alegado en casación por uno de los procesados, en relación con la indebida aplicación del subtipo atenuado del delito de tráfico de órganos por ser éste el receptor (art.156 bis 2 CP). Y en concreto, el tribunal considera (f.j 7º) que la Audiencia Provincial de Barcelona actuó correctamente al aplicar este subtipo con una reducción de la pena en un grado y no en dos. Más concretamente el Tribunal Supremo dice <<Ningún error cabe declarar cuando el tribunal se ajusta a la previsión de penalidad dispuesta en el tipo penal, la posibilidad de reducir en uno o dos grados la pena señalada al autor que promueve o facilita u tráfico de órganos. La previsión es la de imponer la misma pena que a los terceros, o la de reducir en uno o dos grados. El tribunal ha decidido reducir la pena en un grado y para ello atiende al grado de implicación en el hecho de este recurrente, que participa en la entrega de cantidades periciales y en la culpabilidad expresada derivada del aprovechamiento de la situación de necesidad que se describe>>.

Por último cabe decir que, tal y como ya ha podido observar el lector en el apartado 3º del art. 156 bis, el delito de tráfico de órganos es una figura delictiva que entra en el catálogo de delitos ubicados dentro de una posible responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado

CONDUCIR SIN PUNTOS EN EL CARNÉ

En la entrada publicada en este blog el pasado 30 de abril de 2017, ya hablamos del delito del artículo 384 del Código Penal que establece que:

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”

En aquella ocasión hicimos referencia a una sentencia en la que el sujeto había incurrido en este delito en la medida en que conducía un vehículo a motor sin haber obtenido previamente el permiso de circulación.

Sin embargo, hoy queremos hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al supuesto en el que un individuo conduce un vehículo con un permiso sin vigencia debido la pérdida total de los puntos. Pues bien, en este caso el Tribunal Supremo (sentencia de 31 de octubre de 2017) considera que el delito del art. 384 del  Código Penal, no requiere un elemento adicional de poner en riesgo la seguridad vial, por tanto una vez más, afirma nuestro Alto Tribunal que nos encontramos ante un delito de peligro en abstracto que se traduce en conducir sin las condiciones legalmente establecidas para ello. La sentencia en cuestión hace referencia a la nº612/2017 del mismo tribunal en la que éste se expresó en los siguientes términos: <Aquí, ocurre lo propio. La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día>>. 

Otra sentencia del Tribunal Supremo que puede resultar interesante para el lector, en relación con esta materia es la nº699/2017 de 25 de octubre.

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira

Abogado