El “Derecho de Gracia” consiste en la potestad de perdonar una pena o conmutarla por otra menor. Históricamente, venía atribuido al Monarca o Jefe del Estado. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico es el Gobierno el que está facultado desde el punto de vista material para llevar a cabo el ejercicio de dicho derecho. Aunque si bien es cierto, desde el punto de vista formal continúa siendo el rey el que ejercita el Derecho de Gracia. Esta potestad de perdonar una pena se gestionaba a través de dos figuras jurídicas: la amnistía y el indulto. Empero, en nuestro actual ordenamiento jurídico tan solo tiene cabida la figura del indulto.

LA AMNISTÍA

En relación con la amnistía, debemos comentar que su nombre procede de la palabra oamnestia (olvido, en griego). Se trata de una medida de gracia que conlleva hacer “borrón y cuenta nueva”. Una medida que supone la extinción por completo de la pena impuesta por los tribunales a los acusados, así como todos sus efectos (así estaba previsto en el art. 112.3º del anterior Código Penal del año 1973). Esta figura estuvo vigente dentro de nuestro ordenamiento jurídico hasta la llegada de la democracia.

EL INDULTO

Por el contrario, nuestra Carta Magna recoge la figura del indulto (art. 62.i), prohibiendo los indultos generales (grupo de personas). El indulto está regulado en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de 18 de junio de 1870 (modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero). El artículo 1  de la norma establece que <<los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido>>. Además cabe decir que, la norma requiere que la condena sea firme.

De manera que no podrían ser indultados, todos aquéllos que todavía no tengan una sentencia firme en su contra; o los que no estuvieren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena; así como los reincidentes en el mismo o en otro delito por el que hubieran sido condenados por sentencia firme. Sin embargo, la ley prevé una última vía de escape para su concesión,  a pesar de estar bajo alguna de las anteriores circunstancias. Esta última vía, consiste en una valoración del Tribunal sentenciador que motivará la concesión del indulto por razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública.

INDULTO TOTAL E INDIVIDUALIZADO

Un indulto que como ya hemos adelantado, podrá ser total o parcial, en función de si se remiten todas o algunas de las penas, pero siempre deberá ser concedido a un determinado individuo. En todo caso, su nota característica es que la persona indultada debe haber sido condenada ya por sentencia firme (se le perdona la pena impuesta por el tribunal, pero no el delito, del que seguirá siendo culpable, sin que se extinga la responsabilidad civil derivada del delito). Además, su concesión por parte del Gobierno es irrevocable y se realiza mediante Real Decreto.

INDULTO Y AMNISTÍA

Un saludo y hasta la próxima.

Alejandro Seoane Pedreira.