Hoy te traigo nuevo contenido sobre blanqueo de capitales y además te presento a una gran jurista a la que espero tener como compañera de profesión en los próximos meses. Ya que el contenido que voy a compartir contigo, titulado «píldoras jurisprudenciales sobre blanqueo de capitales», es obra y creación de la profesional que tengo el placer de presentarte en este blog.

Antes de hablar de blanqueo, te presento a Doña Esther Durán Orozco, una jurista que se encuentra terminando con gran éxito las prácticas de fin de Máster de Acceso a la Abogacía en mi despacho de abogados. Pero ¿ quién es Esther?

Te resumo brevemente el cv de Esther :

Esther ha sido Fiscal en Venezuela (2001-2004); Gerente Legal de Asuntos Judiciales en el Fondo de Garantía de Depósitos de Protección Bancaria (2005-2010) y Vicepresidenta de Asuntos Legales Institucionales Públicos (Banco de Venezuela).

Esther Durán Orozco - Blanqueo de Capitales

Esther Durán Orozco en el despacho de abogado Themis Estudio Legal.

Así que sin más, te dejo con las…

PÍLDORAS JURISPRUDENCIALES SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

El Tribunal Supremo, tanto en el orden contencioso-administrativo, como en el penal, ha ido perfilando y precisando a través de sus sentencias conceptos relacionados con la actividad de blanqueo de capitales que resultan de gran utilidad e interés. A continuación abordamos algunos conceptos extraídos de una sentencia muy reciente:

STS SALA DE LO CONTENCIOSO RES 747/2021 DEL 27 DE MAYO DE 2021

En esta sentencia la Sala de lo Contencioso del TS delimita, desde la perspectiva del Derecho Administrativo, los siguientes aspectos:

ALCANCE DEL CONCEPTO DE INDICIO A LOS EFECTOS DE LA EXIGENCIA DEL DEBER DE COMUNICACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN AL TERRORISMO.

La referida sentencia precisa la connotación del término “indicio” que conlleva asociado el deber de comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), concretándose esta obligación con la simple sospecha fundada en la existencia de datos razonables de vinculación de las operaciones financieras de los clientes con actividades de blanqueo de capitales.

Hace énfasis esta sentencia en que no puede confundirse este término “indicio” con la prueba indiciaria, debiendo dársele el sentido plasmado en el artículo 33 de la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión; en el que se establece que los Estados miembros deben exigir a las entidades obligadas y, de ser el caso, a sus directivos y empleados en general, colaboración plena, siendo una de las medidas la de informar motu proprio a la respectiva Unidad de Inteligencia Financiera, cuando “sepa, sospeche o tenga motivos razonables para sospechar que unos fondos, cualquiera que sea su importe, son el producto de actividades delictivas o están relacionados con la financiación del terrorismo”.

El espectro del concepto <<indicio>> para estos fines se extiende a “todas las transacciones sospechosas, incluidas las que hayan quedado en la fase de tentativa”. Por lo visto, la idea de esta norma es abarcar el mayor ámbito de conductas que puedan resultar de algún modo razonablemente sospechosas y no dejar al arbitrio del sujeto obligado la obligación de comunicarlas al organismo encargado.

EXISTENCIA DEL ELEMENTO CULPABILIDAD POR ERRÓNEA VALORACIÓN DE LOS INDICIOS

Para la Sala de lo Contencioso, no cabe alegar la ausencia de culpabilidad apoyada en la voluntad de cumplir la norma cuando, basada en una conclusión injustificada y no razonada de la inexistencia de indicios sobre el origen delictivo de los capitales, se observe que el ente incurrió en la errónea evaluación de los elementos indiciarios.  Esto quiere decir, que no basta sólo con que el ente realice exámenes a las circunstancias potencialmente sospechosas, sino que sobre las mismas se haga una valoración en base a su naturaleza y características que de conducir a la mera sospecha de que las mismas pudieran estar vinculadas con el blanqueo de capitales, activen la actuación inmediata de la entidad obligada y ésta proceda a comunicar dichas circunstancias ante la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR AL TITULAR REAL

De acuerdo al artículo 4.2 a) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y a la luz de los principios informadores de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, las entidades financieras deben cumplir estrictamente con la obligación no sólo de identificar al titular real, sino además de comprobar su identidad. Dicha obligación abarca la adopción de medidas adecuadas que le aseguren a la entidad de que conoce de “forma completa, veraz y exacta quien es el titular real”, pues para el TS esta información es “un factor clave para impedir que las personas físicas o jurídicas eludan la aplicación de la normativa de prevención de blanqueo de capitales ocultando sus identidades tras estructuras financieras instrumentales de carácter complejo”.

PILDORAS JURISPRUDENCIALES SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES II

Este contenido lo dejamos para una próxima publicación.

Autoría de las «pildoras jurisprudenciales» publicadas en esta entrada: Doña Esther Durán Orozco.

Un saludo y hasta la próxima.

Fdo.- Alejandro Seoane Pedreira

Abogado especialista en blanqueo de capitales